Brasil: la nueva fase del Golpe | Sebastián Valdomir

Golpe de Estado, Lula da Silva, Dilma Rouseff, Michel Temer

 

Las grabaciones hechas por un empresario mafioso al Presidente Temer, en acuerdo con la Procuradoría General de la República de Brasil, demuestran otra vez el grado de podredumbre  que tiene el gobierno tras el golpe parlamentario-oligárquico contra Dilma Rousseff.

El impeachment contra Dilma fue solo una etapa del golpe: antes de eso fue necesario crear las condiciones por medio de la acción coordinada entre sectores del Poder Judicial, las corporaciones de comunicación y los empresarios indagados por coimas.

Una vez que Temer asumió la presidencia, esos mismos actores le fueron marcando el libreto de lo que debía hacer: le renunciaron 10 ministros por diferentes investigaciones ligadas a hechos de corrupción. La fase más agresiva del golpe se instaló nuevamente a nivel parlamentario, con la discusión de dos paquetes de reformas ultra-neoliberales como la reforma de la legislación laboral y la reforma del sistema jubilatorio.

En el Parlamento, el gobierno contaba con las condiciones para hacer aprobar estas leyes, pero lo sorpresivo (a priori) fue que dentro mismo del grupo de poder golpista se generó la operación para destronar a Temer. En base a las grabaciones, Temer está siendo investigado por corrupción pasiva, obstrucción de la Justicia y pertenencia a organización criminal. Esto abre una nueva etapa en el proceso del golpe en Brasil.

Antes de la delación de Joesley Batista, dueño de JBS, Temer tenía escasa legitimidad y aún más escasa popularidad entre la población. Hoy no tiene ninguna de las dos. Por las delaciones del dueño de JBS, también fue impactado Aecio Neves, que se venía desempeñando como Senador y Presidente del PSDB, el principal partido de la derecha.

Entre los escenarios posibles, está el relevo de Temer y la asunción de algún actor político que (salpicado por hechos de corrupción o no) puede seguir el libreto del golpe. Otro escenario es que la Cámara de Diputados, que tiene más de 80% de sus integrantes indagados por vinculaciones a delitos de corrupción, puede designar al presidente de todos los brasileros por medio de una votación indirecta.

El escenario planteado por los movimientos populares y los partidos de izquierda es el llamado a Elecciones Directas Ya. Para ello aún es necesario aprobar una enmienda constitucional que está siendo debatida por estos días en el Senado. Este no es el escenario más probable al día de hoy, pero de todos modos confirma el profundo cerco constitucional y político que tiene la crisis en Brasil.

De hecho, los principales problemas y contradicciones no se resolverán del día para la mañana si en las elecciones del 2018 finalmente pueda presentarse Lula y resultar electo.

Esto solo resolvería la transición de un período con democracia vulnerada, formal y no sustantiva, que funciona solo en los papeles y que es objeto de profundos cuestionamientos y ataques desde el poder económico, a otra etapa con todos estos atributos pero con la elección soberana de la mayoría del pueblo brasilero. Esto no es poco, pero tampoco será suficiente.

El origen de todos los problemas de la democracia brasilera es la profunda desigualdad. El problema está en que la política es mayormente financiada por actores privados multimillonarios que no les importa el bien común, sino el afán de lucro y obtener más ganancias. Por ello inundaron las campañas políticas de millonadas, dineros a su vez malhabidos en su mayoría, al ser obtenidos por los negocios conseguidos a través de la acción del Estado en concesiones, apertura de mercados externos, financiamientos directos, exoneraciones fiscales.

El problema persistirá hasta tanto no se limpie la política y se democratice -no formalmente sino sustantivamente- la sociedad brasilera. Los intentos de los gobiernos del PT de limpiar la política no fueron suficientes al no prosperar la propuesta de la Reforma Política, que entre otras cosas disponía la prohibición del financiamiento particular y la creación de listas colectivas para los cargos electivos. En cuanto a la democratización de la sociedad, hay que reconocer sus avances, pero no se pueden desconocer los grandes problemas pendientes.

Ambos terrenos fueron objeto de la estrategia de tierra arrasada del golpe. El paquete económico (ultra-neoliberal) está contenido en las reformas del trabajo y la seguridad social, que apuntan a desmantelar todos los mecanismos de regulación provenientes de la Constitución de 1988. También incluye las privatizaciones y la enajenación de los recursos del PRE-SAL a empresas extranjeras, vulnerando a Petrobras. Ese desmantelamiento también incluye el haber congelado el gasto público social por 20 años a partir de 2017. Como la previsión del crecimiento poblacional es que habrán 10 millones más de habitantes para ese período, en los hechos este congelamiento es la reducción del gasto público per capita. En lo que va de la Presidencia Temer, el golpe avanzó aceleradamente. El golpe mató gente: en el conflicto por la tierra y la reforma agraria, según la Comisión Pastoral de la Tierra, van 19 campesinos Sin Tierra asesinados en 2017, y durante 2016 fueron 61 asesinados. Por el freno al reparto de tierras, 31 mil familias están en riesgo de ser desalojadas de los campamentos.

El escenario final, por ahora, son las elecciones de 2018.

A nivel judicial, aún no han logrado encarcelar a Lula en el marco de la Investigación Lava-Jato, aunque no se puede descartar que sea procesado en algún momento por la acción obsesiva del Juez Moro en el preparado de las pruebas y pericias que lo ha caracterizado.

No escapa a nadie la convicción que de todo este sistema no puede salir nada bueno en favor del pueblo. Un gobierno de izquierda que procure convivir con esta podredumbre no podrá aplicar en profundidad sus políticas en favor de los desposeídos, contra la desigualdad y para erradicar las causas estructurales de la pobreza. Convivir con esto sería ser parte del esquema. Por otra parte, derribar al negociado político-oligárquico implicará grandes esfuerzos y una correlación de fuerzas en el campo político y popular, sino favorable, al menos nivelada. Es un juego abierto, y el que pierde se queda afuera.

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