Nuevo Código Penal y Código de Proceso Penal | Cecilia Bottino

Uruguay

 

Luego de más de ochenta años, estamos viviendo un momento histórico de la legislación penal de nuestro país, existiendo la oportunidad cierta de la construcción de una obra sistemática y armónica, en la que no sólo se mejoren las figuras penales ya codificadas, sino que se incluyan críticamente los tipos penales que se fueron creando en leyes especiales, perfeccionándolos.

Además, ante la moderna percepción de la realidad social, así como frente a los avances tecnológicos, debe ponderarse y resolver fundadamente si se incluyen títulos que aborden intereses colectivos que resultaba imposible percibir como tales en 1934. El propósito codificador es el de la elaboración perdurable de un cuerpo orgánico donde las normas penales se encuentren coordinadas a efectos de permitir su conocimiento, otorgar certezas y facilitar su aplicación por los operadores del sistema.

El Código Penal vigente rige desde 1934, inspirado en el Código Rocco italiano, con una concepción fascista. En tal sentido, al establecer la forma en que van a ser enumerados los delitos, el Código del 34 empieza por los "Delitos contra la Patria", luego los "Delitos contra los Estados Extranjeros, sus Jefes o Representantes", entre algunos casos, legislándose los delitos contra la persona humana como los distintos tipos de homicidio.

Esta disposición jerárquica de enumerar los delitos, es consistente con la ideología fascista que inspiró el Código Penal del 34, que considera que en primera instancia está el Estado, luego el Partido y luego el individuo.

Se trata por lo tanto, de un Código que debe ser sustituido por un cuerpo legal que incorpore los valores democráticos, ideología de nuestra sociedad, teniendo como centro al ciudadano, al individuo.

Como sostiene Martín Fernandez de Ielsur, nos encontramos ante la “oportunidad histórica” de contar con un Código Penal contrahegemónico y “por eso es necesario dar un tratamiento adecuado a los delitos contra la propiedad y no alterar la dosimetría penal en el sentido de generar desbalances, sino tener proporcionalidad en las penas, porque no pueden estar más castigados los delitos contra la propiedad que contra la vida” (“Reforma del Código Penal. Aportes de las organizaciones sociales y de juristas internacionales”, Jornadas realizadas el 5 de diciembre de 2015 y el 25 de febrero de 2016, pag. 29).

En materia de la perspectiva de género, tenemos desafíos para encarar y superar cuestiones que subsisten en el proyecto que vamos a tener que considerar y que fueron advertidos oportunamente por las organizaciones sociales. Hay expresiones que no solo tienen una carga simbólica patriarcal y machista, sino que son conceptos erróneos y desactualizados desde el punto de vista jurídico. En las Jornadas citadas MYSU alertó que ¨sostener argumentos como el honor, las buenas costumbres y el orden de familia plantea múltiples problemas con respecto al bien jurídico que se pretende resolver, además de presentar dificultades en el alcance y la precisión de los valores que se pretende proteger¨ (pág.35 ob. cit). Así por ejemplo ¨atentado violento al pudor¨ en vez de ¨abuso sexual¨ o seguir pensando la violación solamente como penetración.

La aprobación en esta legislatura de los Códigos del Proceso Penal y Penal, constituye un avance significativo hacia una sociedad de enorme significación con mirada al futuro, y un triunfo de la democracia, al dejar definitivamente de lado el dicho de que "los Códigos solamente los aprueban las dictaduras".

En materia de derecho penal económico y de la empresa entiendo conveniente realizar una revisión de la legislación penal existente que ha avanzado lenta y parcialmente, dirigida a combatir la corrupción pública, el crimen organizado y el lavado de activos, pero que ha omitido abordar lo relacionado con la actividad económica desplegada por los privados, pareciendo haber partido del ¨presupuesto político criminal de que ¨negocios son los negocios¨ y el Derecho Penal no tiene que entrometerse en la vida empresarial¨ (Silva Forné, 2014:9)¨, citado por Terradillos en ob. cit. pág. 193.

Se trata de delitos dirigidos a la obtención de beneficios económicos, de alta rentabilidad y alta lesividad, protagonizados por sujetos de cierta cualificación,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     y status -son delitos de cuello blanco, cometidos por una persona de respetabilidad y status social alto en el curso de su ocupación, en la clásica definición de Sutherland (Sutherland, 13), cuya comisión, finalmente, requiere la utilización de estructuras e instrumentos compartidos con la actividad económica lícita (Terradillos, 2016a 17) (ob. cit pág. 191).

Un nuevo Código Penal junto al nuevo Código de Proceso Penal constituirán una herramienta fundamental para mejorar la unidad social del Uruguay, a través de un sistema de justicia penal eficiente, eficaz y transparente.

El Uruguay se merece un Código moderno, acorde con los principios democráticos de nuestra sociedad y en concordancia con el rigor jurídico internacional.