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El diputado nacionalista Luis Alberto Lacalle Pou, es el abanderado de una nueva causa procurando salvaguardar adeptos, y de paso cañazo, intentando lograr revertir una brutal injusticia: su casa ha sido construida en un terreno que no tenía aforo, y bajo estas nuevas disposiciones tendrá que ajustar sus gastos para cumplir con sus responsabilidades de ciudadano común.

Esta ha sido una de las noticias más destacadas del mes, al menos en el sur de nuestro país todo un circo se ha montado en base a la misma. La Intendencia de Canelones emprendió una acción estratégica para el ordenamiento territorial del departamento, dando lugar, en el año 2006, a un censo inmobiliario en busca de la actualización de datos que desde el 1978 no existían. Del resultado se desprende que 50 mil padrones que eran baldíos ya no lo son, y para regularizar la situación, apelando también a la igualdad de responsabilidades entre los ciudadanos, los propietarios de las construcciones edificadas encima de esos terrenos baldíos, deben comenzar a pagar la contribución correspondiente. Las discrepancias se desatan al momento en que la Intendencia comienza a tasar dichos impuestos, y en este sentido existen opiniones para todos los gustos. Sin embargo, es importante señalar que más del 80% de los padrones del departamento de Canelones bajaron, mantuvieron o subieron solo hasta 2500 pesos su valor anual.  El porcentaje restante tiene un aumento relacionado a situaciones muy irregulares que acontecían en el departamento en general.

Desde la Intendencia, se anunció que se estudiaría particularmente todas estas situaciones, y en caso de que el contribuyente no pudiese pagar, se presenta la posibilidad de llenar un formulario electrónico que luego se analizará, y si se evaluará si la suba es irregular.

Cuando los aforos aumentan, casi siempre pasa que a la población no le cae muy bien. Aprovechando tal disconformidad Lacalle Pou emprendió la semana pasada una juntada de firmas que pretende reclamar la resolución tomada por la Intendencia. Según el artículo 303 de la Constitución ello se puede conseguir con los votos de un tercio de los ediles o con la presentación de mil firmas de ciudadanos.

Una noticia publicada en el diario Últimas Noticias, subraya que el sector Aire Fresco “sobrepasó holgadamente el requisito mínimo de mil firmas para recurrir el decreto departamental que derivó en la suba de la contribución inmobiliaria para gran parte de la población de Canelones”.  Lo más verosímil no tiene nada que ver con esa publicación, ya que las firmas conseguidas apenas representan el 1 % de la cantidad de 209.000 padrones que tiene el departamento. Y, por otro lado, la gran parte de la población de la que hablan, son 4.000 casos que además, están siendo estudiados particularmente por la comuna para luego definir los aforos.

Si efectivamente existe interés en apoyar a los vecinos, caminos constructivos existen varios. Se puede incentivarlos a llenar los formularios electrónicos para que la Intendencia evalúe sus casos, su sector político podría incluso hacer aportes en la propia comuna, etc. Pero es claro, la oposición está generando ruidos en la información, bajándole nuevamente el nivel de discusión a temas tan serios como estos.