Comúnmente se le suele llamar “El Guardián”, pero prefiero referirme a él por su verdadero nombre: Sistema Automatizado de Interceptaciones Legales. Un sistema que le ha permitido, no solo a la Policía sino al resto de los Operadores Judiciales (Fiscales y Jueces), contar con una herramienta eficiente para el combate del Crimen Organizado. Sin embargo, desgraciadamente ha sido utilizado discursivamente por algunos políticos para generar dudas sobre su uso, dando a entender que el mismo se presta para la ilegalidad. Hace unas horas, fue el Senador García quien salió a repetir una serie de falsedades, afirmando que no habían certezas de que las interceptaciones que realiza el sistema estén autorizadas en su totalidad por la Justicia Competente.
La acusación no solo resulta ridícula por lo que se explicará a continuación, sino que es de una gravedad extrema, porque lo que hace es poner en duda las garantías democráticas que brinda el Poder Ejecutivo. Pero no solo eso, además es grave salir a cuestionar de manera liviana una herramienta cuya finalidad es combatir el Crimen Organizado y que ha permitido mejorar cualitativamente el trabajo de los Operadores Judiciales. El Senador García debería saber que antes de que se implementara este sistema, habían varios sistemas de interceptación, donde no una sino varias unidades policiales tenían la posibilidad de interceptar comunicaciones y los controles eran difusos. Parecería que para algunos legisladores es más importante obtener un rédito político difundiendo falsedades, que el combate al Crimen Organizado. En todo caso, cada uno tendrá sus prioridades.
Lo relevante acá es ir con la verdad y evitar el circo político. Que la gente sepa en que consiste el sistema, permite en definitiva fortalecer la transparencia y la Democracia de nuestro país. Por ello, intentaré esbozar algunas ideas-, ya que por haber trabajado durante siete años en el Ministerio del Interior, conozco de primera mano de que se trata. El Sistema Automatizado de Interceptaciones Legales vino a unificar en un mismo y único instrumento la herramienta de la interceptación de telecomunicaciones o comunicaciones electrónicas. Antes el proceso era manual y se encontraba disperso entre 22 unidades policiales que podían solicitarlas. Este sistema vetusto, muchas veces hacía impracticable la revisión y el análisis de la información obtenida.
Este nuevo sistema, a diferencia del anterior, es mucho más garantista ya que es auditable en un 100%. Este hecho, ha sido reconocido por la Auditoría Interna de la Nación que de manera categórica expresó lo siguiente: “De acuerdo a los procedimientos realizados, que implicaron la verificación de la existencia de una orden judicial para todas las interceptaciones informadas por las operadoras telefónicas en el período de alcance, se pudo concluir que todos los teléfonos interceptados a solicitud del Ministerio del Interior, cuentan con una orden judicial originada a partir de alguna investigación judicial”. Cabe destacar, que este informe se encuentra publicado en la página web de la Auditoría Interna de la Nación.
Ante la mentira, no existe otra alternativa que responder con la verdad. Nos parece una actitud irresponsable la de quienes escudándose en sus fueros parlamentarios, deslizan conceptos que lejos de generar certezas abonan el miedo y la desinformación. Debe quedar claro que el sistema funciona siempre de manera coordinada entre los diferentes Operadores Judiciales (Policía, Fiscalía y Jueces) con las Empresas de Telecomunicaciones, los cuales cuentan además con controles cruzados. Así se dispuso en los procedimientos acordados oportunamente con la Suprema Corte de Justicia, Fiscalía y el Ministerio del Interior; así fue explicado de manera reiterada, pero pareciera que el Senador García prefiere no entender.
El único que tiene la llave digital para autorizar una interceptación es un Juez, no la tiene la Policía ni la tienen los Fiscales; el procedimiento es bien claro: la Policía solicita a un Fiscal la interceptación, el Fiscal decide si hay mérito o no y de haberlo la solicita al Juez que es el único con firma y llave digital para autorizar la misma ordenando a la operadora telefónica la interceptación. No hay otra forma, es imposible para la Policía y por ende para el Ministerio del Interior hacerlo por sí mismo. No lo permite el sistema informático, no lo permite el protocolo acordado, ninguna operadora procederá a liberar una interceptación sin la autorización judicial pues solo un Juez está habilitado para ello.
Eso es lo meridianamente importante y sustancial de toda esa retórica sin sentido que el Senador García ha deslizado por los medios de prensa, donde valiéndose de la omisión de presentar en tiempo y forma unos datos estadísticos, quiere hacer ver que todo el sistema está permeado cuando es todo lo contrario. Lo verdaderamente importante es lo que concluyó la Auditoría Interna de la Nación y esta afirma que NO hubo interceptaciones sin orden judicial. Lo demás es solo circo político y la ciudadanía evaluará quien dice la verdad y quien miente.
Dr. Charles Carrera Leal
Senador de la República
MPP – Espacio 609 – Frente Amplio
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