Ante la sequía y déficit hídrico, se necesitan políticas mucho más potentes

De parte del Gobierno hubo decisiones políticas que limitaron las herramientas que tenía el Estado para afrontar esta situación.

Columna de Sebastián Sabini para Montevideo Portal.

Al comienzo del mes convocamos al Ministro de Ganadería Agricultura y Pesca a la Comisión Permanente, que es el órgano que funciona mientras el receso parlamentario está vigente. Lo hicimos en el entendido que la situación de sequía por la que atraviesa el país y las consecuencias que tiene es de una gravedad pocas veces vista, primero para los productores con menos capacidad de respuesta al cambio climático, también para el resto del aparato productivo agropecuario que se ve afectado pero con mayor posibilidad de «aguante» por así decir.

La situación de seca que vivimos no es nueva en Uruguay; hemos atravesado muchas, aunque lo hacemos con más herramientas, con sistemas de información que antes no teníamos, con un desarrollo de la infraestructura a nivel agrario para los déficits hídricos que antes no existía, y que se fue consolidando a lo largo del tiempo, particularmente con años buenos para los diferentes sectores.

Pensamos que las soluciones posibles van a venir de la mano del «pienso» colectivo, del planteamiento que hagan los diferentes sectores agrarios y rurales, las gremiales, las mesas de desarrollo, y también las propuestas que podamos hacer desde el Frente Amplio y que el Gobierno decida tomar.

Este fenómeno que lleva ya tres años es relativamente excepcional y hay que remontarse 30 años para encontrar otro de esta profundidad. No deberíamos hablar de la sequía mientras sucede. En los tiempos de normalidad, es decir cuando se puede juntar el agua –o cosechar, como dirían algunos productores–, es que hay que pensar estrategias.

Hay muchísimos productores que tomaron medidas contra el déficit hídrico, pero a pesar de tener tajamares o lagunas artificiales estos se les secaron, y están sobreviviendo porque tienen algún arroyo o alguna fuente de agua, como puede ser una vieja mina a cielo abierto ya olvidada, y por ello están salvando la producción.

Esas empresas familiares, pequeñas son las que desarrollan la actividad más intensiva y son las que tienen más dificultades para afrontar esta seca.

El 13 de enero llamamos al Ministro con el objetivo de conocer las acciones que planifica el Gobierno, las acciones a futuro para paliar esta situación, pero también para hablar sobre acciones en torno al cambio climático en el futuro. Entre todo lo que hay para hacer, es necesario un esfuerzo desde el Estado por generar un cambio de carácter cultural, de modo que los consumidores compremos esa producción, que no tendrá una apariencia tan bonita y colorida acaso, pero nos estaremos haciendo un favor muy grande, al sector productivo y por ende a nosotros mismos en relación a la soberanía alimentaria, un tema en el que habría que profundizar.

Aunque esperamos una autocrítica por las cosas que se dejaron de hacer, esta no se dio. A nuestro entender, el Gobierno tiene responsabilidad en políticas públicas que estaban previstas, diseñadas, aprobadas y financiadas, pero que no se hicieron, suponemos, por una razón de carácter meramente ideológico. Probablemente el ministro no sea el responsable, pero sí su Gobierno, porque se antepuso un criterio fiscalista a las necesidades que tenía el país.

El Gobierno recortó recursos en las direcciones más estratégicas que tiene, es decir la Dirección General de Desarrollo Rural y la Dirección General de la Granja. Solo como ejemplo, el Fondo de la Granja en 2019 invirtió 396 millones de pesos, los ejecutó y en 2021 invirtió 159 millones de pesos. Estos son fondos que estaban destinados a los granjeros del país, a los chacareros, justamente los que tienen menos espalda y de los que nos vamos a acordar cuando falten, cuando tengamos que importar toda la fruta y la verdura o cuando dos o tres productores terminen comprando esas unidades productivas que hoy no sabemos si se van a sostener. Por eso no podemos dejarnos seducir por miradas de carácter liberal, que toman las unidades productivas agrarias como un emprendimiento empresarial más. Hay que saber que tienen características distintas a cualquier otra actividad productiva o empresarial, son de carácter estratégico y tienen que ver con nuestra alimentación y con el proyecto de país que queremos, además de todo lo que tiene que ver con la generación de empleo y desarrollo cosa común a cualquier otro proyecto empresarial.

Este problema no es nuevo y no se apoya únicamente en factores climáticos, sino que de parte del Gobierno hubo decisiones políticas que limitaron las herramientas que tenía el Estado para afrontar esta situación.

El Instituto Nacional de la Granja fue uno de los artículos que el Frente Amplio acompañó de la LUC, pero no se creó. Se generó una expectativa que sumó apoyos, pero se la defraudó.

El acceso a la tierra para producir, se afectó a partir del guadañazo que le pegaron al Instituto Nacional de Colonización, que no tiene precedentes. Vengo de un departamento en el que el Instituto Nacional de Colonización otorgó 1.000 hectáreas de un campo excelente para la producción lechera a la Sociedad de Productores de Leche de San Ramón. Si no hubieran existido los recursos para comprar ese campo –que era arrendado por un productor argentino–, el aumento de la productividad lechera no hubiera existido. Estas políticas que mencionamos benefician a los sectores más débiles, que tienen menos capital, menos espalda y menos posibilidades de acceder a recursos técnicos o, en este caso, a recursos para su producción. Y que son, en términos cuantitativos, los sectores que ocupan la mayor cantidad de personas en términos de trabajo.

Siempre en el mismo sentido, nos preguntamos junto con los propios productores, por qué razón el proyecto “Más agua para el desarrollo rural» fue desechado por el gobierno cuando era una herramienta relevante; calculamos que hoy 2.000 productores hubieran podido enfrentar un poco mejor la situación de haber estado en funcionamiento.

Si bien el gobierno ha propuesto alguna medida en torno a la postergación de pagos y acceso a créditos blandos, pensamos que está bien, pero son insuficientes. Algunas medidas que nos parece deberían estar instrumentándose ya. Por ejemplo, a nivel de la Contribución Rural: postergar pagos hasta tres meses de levantada la emergencia valorando la capacidad económica de cada franja o sector de productores. En relación al BPS: postergar pagos de enero a mayo y financiar la cuota a partir de 2024 y 2025. Utilizar el Fondo Agropecuario de Emergencia para subsidiar a los tamberos por litro de leche enviado a planta, y a los viticultores por cada kilo de uva perdido.

Hay que tomar en cuenta también las Emergencias Agropecuarias anteriores para el tratamiento especial de las deudas contraídas por cultivos afectados. Comprar y distribuir ración y semillas para productores pequeños, medianos y familiares. Hay que fortalecer el Fondo de la Granja.

En otro orden, pero con la misma importancia que las medidas de impacto inmediato, hay que mirar más lejos, y en ese sentido pensamos que es urgente la convocatoria al Consejo Agropecuario Nacional creado por la Ley nº. 18.126. Así mismo, hay que convocar a todos los consejos agropecuarios departamentales, a todas las mesas de Desarrollo Rural. (La participación activa de todos los actores del sector es necesaria para pensar en medidas paliativas, de contundencia y alto impacto).

Hay que retomar en su totalidad el proyecto “Más agua”, financiando los proyectos ya aprobados y sin ejecución aún.

Se debe conformar una Mesa Nacional del Agua para buscar soluciones en infraestructura hídrica de uso productivo que integre a los múltiples actores (ruralidad, agropecuaria, academia y sociedad civil) para enfrentar el cambio climático.

En síntesis, no alcanza con medidas como postergación de pagos y créditos blandos, la situación es mucho más critica que en 2009, cuando las perdidas alcanzaron los 468 millones de dólares y hoy estamos hablando de pérdidas por 1.175 millones. En aquel momento los subsidios fueron una herramienta fundamental para sostener las pequeñas y medianas unidades productivas de nuestra ruralidad. En aquel momento el hoy gobierno reclamaba estas medidas que hoy no se están tomando. Se necesitan políticas mucho más potentes de las que hasta ahora el gobierno ha tomado. Todavía estamos a tiempo.