Escribe Agustín Mazzini
En 2012, a instancias del entonces presidente José Mujica, se creó la Universidad Tecnológica, la segunda universidad pública fundada en nuestro país. Los constitucionalistas, con buen tino, obligaron al sistema político a alcanzar mayorías especiales para la creación de nuevos entes autónomos. Para esto fue necesaria la generación de nuevos consensos, obteniendo para su aprobación 79 votos en la Cámara de Representantes y la unanimidad en el Senado.
Para todo el sistema político era menester fundar una universidad cuya sede se encuentre en el interior del país y que se enfoque en las necesidades educativas y culturales de su población, quienes históricamente han tenido muchas dificultades para acceder a la educación terciaria, a pesar de los esfuerzos de descentralización que últimamente ha desarrollado la Universidad de la República.
A través de la creación de Institutos Tecnológicos Regionales (ITR) en diferentes lugares del interior, se construyó una institucionalidad con una fuerte desconcentración territorial.
Los ITR son la expresión de la UTEC en el territorio, siendo las unidades encargadas de desarrollar los procesos de enseñanza, investigación y extensión, además de administrar los servicios y dependencias a su cargo, que incluyen sedes en diferentes localidades en cada región (Plan Estratégico 2021-2025, UTEC). UTEC instaló y puso en funcionamiento 3 ITR (Suroeste, Centro-Sur y Norte) y 6 sedes secundarias dependientes de los mismos.
El edificio principal del ITR Suroeste se encuentra en la ciudad de Río Negro, también con sedes en los departamentos de Soriano, Colonia y Paysandú. El ITR Centro-Sur instalado en la ciudad de Durazno, también con sedes en los departamentos de San José y Maldonado; el edificio del ITR Norte se ubica en el Polo de Educación Superior de Rivera, donde también tienen sede la Universidad de la República (UdelaR), el Consejo de Educación Técnico Profesional-UTU y el Consejo de Formación en Educación (CFE).
Esta distribución de centros y sedes posibilita el cumplimiento de uno de los principales objetivos de la UTEC: brindar una oferta educativa con perfil tecnológico en el interior del país, promoviendo el vínculo con el territorio y los sectores que en él están involucrados.
Autonomía y Cogobierno en la Constitución
Entendemos que, sumado a las autonomías jurídicas, como la de elaborar sus propios estatutos de funcionarios tal como cuentan los entes autónomos, que sus consejos directivos sean electos configura un grado más alto de autonomía con respecto al Poder Ejecutivo.
Hasta el momento, el Legislativo dio a las universidades públicas de nuestro país el más alto grado de autonomía que puede tener un ente autónomo. Así también lo entendieron los constitucionalistas que especificaron en los artículos 202 y 203 que la única universidad pública que había en Uruguay debía ser gobernada por los estudiantes, los docentes y los egresados.
Autonomía y Cogobierno en la vida académica
La vida universitaria plena, donde además de la enseñanza exista la extensión y la investigación, debe realizarse con el más alto nivel de autonomía, pues el desarrollo del conocimiento académico debe tener plena libertad y no estar atado a los intereses del poder político.
La participación política en el gobierno de la universidad hace a una vida académica más comprometida con los destinos generales de la propia institución, creando así profesionales comprometidos con la vida democrática de la universidad y, lo que es más importante, con la vida democrática de la República.
Esta participación se da desde los diálogos que permiten la construcción de visiones que fortalezcan los discursos instaurados en la sociedad, dando mayor cantidad de elementos para sostener las mismas, pero también generan perspectivas no hegemónicas que podrían modificar la realidad, transformándola, modernizándola y construyendo un mejor futuro.
La necesidad de una autonomía y cogobierno en universidades, no solo es una visión centrada en los requerimientos de nuestra sociedad, también se fundamenta en los datos empíricos que emanan de la región, que dejan más que claros que el desarrollo de las universidades bien entendidas debe ser a partir de una autonomía y participación plena de los actores involucrados.
Conclusiones
Entendemos entonces que el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo genera un complejo antecedente al cambiar mediante una mayoría circunstancial la gobernanza de una universidad que fue creada a través de grandes consensos políticos, más allá de la validez constitucional de esa modalidad.
El proyecto de ley es ajeno a la tradición de las más importantes y prestigiosas universidades latinoamericanas, tradición comenzada por el movimiento de Córdoba de 1918 y que es parte de las más ricas tradiciones democráticas de nuestra región.
Por último, consideramos que se desconoce el valor académico de la autonomía y el cogobierno en la vida universitaria, generando una gran brecha en este sentido entre las dos universidades públicas que tiene nuestro país una con mayor actividad en Montevideo y la otra en el interior.
Dos nuevos espacios abrieron para construir el triunfo a favor de las grandes mayorías. En este caso, los compañeros dieron marcha a casas 609 en Aquiles Lanza, Montevideo, y Pueblo Nuevo, Canelones.
El compañero Agustín Mazzini interpeló a las autoridades de la educación por los notorios problemas edilicios en liceos y la peor elección de horas docentes en décadas.
La gestión deficiente en el proceso de elección de horas docentes y la falta de planificación adecuada están generando graves problemas en el sistema educativo uruguayo. Escribe Agustín Mazzini.
Los homicidios y su tasa de resolución son quizá el mayor indicador de seguridad y violencia en una sociedad.
Separación del cargo y retención de haberes al director del liceo IAVA de Montevideo por negarse a cumplir una disposición autoritaria de Secundaria.
Lo que destacó a este período de transformación educativa –y caracteriza su desarrollo actualmente– es la falta de participación de los principales actores del sistema, la carencia absoluta de sustento empírico y teórico de los cambios impuestos, entre otros temas.
