Vivir sin miedo es el nombre que lleva la iniciativa de reforma constitucional impulsada desde el Partido Nacional, pero ¿qué propone y qué resultados podría tener la reforma? A días de las elecciones nacionales 2019, repasamos todo lo que hay que saber sobre este plebiscito.
La propuesta Vivir sin miedo busca volver a implementar una serie de antiguas medidas para tratar la seguridad pública. Y al no tratarse de medidas nuevas en sí, de algo que ya no se haya hecho antes, ya se conocen sus resultados a corto y a largo plazo. Ya se conocen sus efectos en las sociedades y en las personas que las conforman.
En detalle, lo que propone Vivir sin miedo es modificar la propia Constitución de la República Oriental del Uruguay, a través del artículo 331 Lit. A. mediante cuatro ejes centrales:
Elimina el carácter privado del hogar imponiendo una excepción al artículo 11 de la Constitución. Con esta medida, se habilita a que, con la sola orden de una jueza o juez, cualquier hogar pueda ser allanado durante la noche.
Esto habilitaría a las fuerzas armadas a entrar a los hogares civiles. Y esto se determinaría en la Constitución, con todas las dificultades que implicaría, a posteriori, su modificación.
Asimismo, no ofrece ningún tipo de garantías en relación con la integridad física de las personas dentro ni en las cercanías de los hogares allanados. Tampoco la del personal efectivo encargado del allanamiento.
Más precisamente, el texto de la iniciativa señala:
«Artículo 1º – Agrégase al artículo 11 de la Constitución el siguiente inciso: “No obstante, la ley podrá regular el allanamiento nocturno, para los casos en que el Juez actuante tenga fundadas sospechas que se están cometiendo delitos”».
El artículo 11 de la Constitución, en tanto, ya expresa:
«El hogar es un sagrado inviolable. De noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día, solo de orden expresa de Juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley».
Este concepto propone eliminar la posibilidad del reconocimiento de la rehabilitación. Es decir, que aquellas personas con trabajo, estudio y buena conducta comprobada durante el cumplimiento de su condena puedan acceder a la libertad anticipada o vigilada y la reducción de penas para su reinserción en la sociedad. Sobre este punto, el texto propone modificar:
«Artículo 2º – Agrégase al artículo 27 de la Constitución los siguientes incisos: “La ley podrá establecer que quienes fueren condenados por sentencia firme por determinados delitos, no gozarán de ningún instituto que permita su liberación antes del cumplimiento de la pena en su totalidad.
La ley dictada por dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara, podrá establecer para quienes hubieren sido condenados por sentencia firme por los delitos graves que determine en forma expresa, pena de reclusión permanente, la que podrá ser revisada por la Suprema Corte de Justicia, quien podrá decretar su libertad luego de cumplidos 30 años de reclusión”».
Actualmente, sobre este punto, el artículo 27 de la Constitución dice:
«En cualquier estado de una causa criminal de que no haya de resultar pena de penitenciaría, los Jueces podrán poner al acusado en libertad, dando fianza según la ley».
Es decir, cadena perpetua. Y mientras no se hayan redactado las leyes que se prevén para crear la guardia militar, esta medida, junto a la anteriormente referida, van a regir las disposiciones transitorias y especiales para que entre en vigencia.
La iniciativa Vivir sin miedo busca poner a los militares en las calles, actuando en el escenario civil. De este modo, se prevé crear una guardia militar para actuar en seguridad pública, algo para lo que carecen de formación o capacitación alguna.
Además, dicha fuerza se compondrá al menos por 2000 soldados que intervendrán en los asuntos de seguridad interna. En este sentido, el proyecto refiere:
«Artículo 3º – Agrégase al numeral 8° del artículo 85 de la Constitución el siguiente inciso: “La ley por mayoría de dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara, podrá disponer la creación de una Guardia Nacional con integrantes de las Fuerzas Armadas, para cumplir funciones de seguridad pública interior en todo el territorio de la República”».
Actualmente, el numeral 8° del artículo 85 de la Constitución dice que a la Asamblea General compete:
«Designar todos los años la fuerza armada necesaria. Los efectivos militares solo podrán ser aumentados por la mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara».
Lo que propone Vivir sin miedo son medidas de antaño, con vasta evidencia de que no funcionan. No sirven para tratar la seguridad pública. Ese ha sido el resultado a lo largo de la historia y en todos los lugares de la región en los que se han implementado. Asimismo, no solo se ha constatado que no sirven, sino que empeoran la situación: generan más violencia, temor e injusticia.
Como se recoge desde la Articulación Nacional «No a la Reforma», en Uruguay, se han endurecido las penas, se redujo la posibilidad de libertades anticipadas y se aumentó el presupuesto público y privado en seguridad desde hace ya más de 25 años consecutivos. No obstante, la criminalidad no ha hecho más que aumentar.
Permitir los allanamientos nocturnos y el uso de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad interna también es algo que ya fue incluido en un proyecto de reforma constitucional. En aquel entonces, impulsado y plebiscitado por la dictadura cívico-militar, aunque rechazado por la ciudadanía en el 80.
De acuerdo a la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente de la Presidencia de la República, la cifra oficial confirmada de personas detenidas y desaparecidas durante el último período en el que los militares se encargaron de la seguridad, es de 192.
En este preciso momento, los resultados están a la vista de cualquiera. Chile, Ecuador, Brasil… en cada uno de estos ejemplos podemos observar la —casi lógica— incapacidad de las fuerzas armadas para el tratamiento de la seguridad pública. El ejército nacional no recibe formación para tratar este problema, sino para enfrentar amenazas extranjeras.
Para el caso de Chile, después de un fin de semana de manifestaciones del pueblo, los resultados han sido el asesinato, la violación y los abusos sexuales, la tortura, el abuso extremo del poder, la violencia generalizada y la constante destrucción de los derechos humanos. O lo que es lo mismo, los resultados de toda guerra. De hecho, así fue exactamente como el presidente chileno, Sebastián Piñera, describió lo que está sucediendo en Chile. Literalmente utilizó la palabra «guerra».
Esta «guerra», que de tal solo tiene sus efectos y que en realidad es el ejército contra el pueblo, lleva al menos 15 muertos y 2150 detenidos en el país. Además, se han denunciado violaciones, abusos sexuales, desnudamientos, tortura y violencia extrema. Este es el resultado de las fuerzas militares procurando controlar la seguridad civil. Esto sucede porque, en Chile, los militares están habilitados para actuar en las calles.
Tanto quienes tienen pensado votar esta reforma como quienes la han elaborado en sí, no son malas personas. Mucho menos nuestros enemigos: son compatriotas que, por falta de información, desconocimiento e ignorancia, sumado a una campaña opositora de marketing y noticias falsas y al malestar que toda situación de violencia nos provoca, han caído en la equivocación de creer que implementando esta serie de medidas de antaño, comprobadas ineficaces en diferentes momentos de la historia y en diversos lugares de la región, se puede llegar a tener algún resultado positivo, sin siquiera pensar a qué costo.
Los hechos demuestran todo lo contrario: los resultados son trágicos. Estas medidas solo se acercan a un peligroso tratamiento superficial de un problema tan profundo e intrincado como lo es el de la seguridad. Las medidas propuestas por Vivir sin miedo, solo nos llevarán a vivir con más miedo. Y es que este es el motor de la iniciativa, tal como lo indica su nombre.
El gran problema es que el miedo ciega y no deja ver con claridad. Ese miedo, el mismo miedo que dio lugar a esta iniciativa de reforma, es el que no permite ver la realidad de los hechos en profundidad. Los resultados. Votar por esta reforma, es votar por el miedo. Es ver triunfar al miedo.
Ni en seguridad pública ni en el actuar con la población civil. Las fuerzas militares están entrenadas para la defensa de la soberanía nacional y la neutralización de un enemigo exterior. La última vez que estas fuerzas se encargaron de la seguridad interna del país, ocurrieron graves delitos, crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos.
Conjuntamente, las intervenciones militares suelen darse en los barrios más vulnerables. En efecto, el problema se profundiza y se agrava la situación de la población que vive allí. A su vez, esto incrementa la violencia y empeora los problemas de convivencia de la sociedad. Divide.
Si miramos a nuestro alrededor en la región, la experiencia histórica y contemporánea de América Latina evidencia que la intervención militar resulta en consecuencias trágicas e irreparables. Desde muertes y asesinatos a daños físicos y psicológicos o la destrucción de bienes materiales. Cada vez que se ha optado por militarizar la seguridad interna, la violencia ha aumentado significativamente. Claros ejemplos son los de Brasil, Colombia o México. Y, en este preciso momento, Ecuador y Chile.
La inviolabilidad del hogar, como mencionamos, está en la Constitución desde 1830 y nunca ha sido modificada. Aunque la misma medida fue propuesta por la dictadura cívico-militar, el 57 % de la ciudadanía lo rechazó en el plebiscito de 1980.
Esta medida no garantiza la seguridad ni la integridad física de las personas dentro o en las cercanías de los lugares allanados. Tampoco es diferente para el personal efectivo a cargo de los allanamientos. La medida no brinda seguridad a ninguna de las partes. De hecho, por la falta de garantías, incluso los sindicatos de la policía (cuyos efectivos ya realizan allanamientos) se pronunciaron en contra de la iniciativa de Vivir sin miedo.
Lo que hace esta medida es enfocarse únicamente en el combate de las bocas de venta de drogas. Pero esta estrategia sigue dando pésimos resultados, ya que las redes de narcotráfico movilizan recursos y operan en nuevos lugares con suma facilidad. El poder de las bocas de venta de drogas no proviene de las bocas en sí, sino que son una pequeña parte de grandes redes de narcotráfico.
Lo propuesto por Vivir sin miedo no va a combatir esas grandes redes, que son los verdaderos pilares del negocio. El abordaje integral es absolutamente necesario y para ello se requiere investigar y atacar las rutas de financiamiento para neutralizar el narcomenudeo.
Este punto elimina la posibilidad de que mediante el desarrollo de la buena conducta, el trabajo y el estudio, las personas privadas de libertad tengan motivaciones para rehabilitarse, el factor clave en la lucha contra la reincidencia y, por ende, contra la inseguridad. Conjuntamente, atenta contra lo establecido en la propia Constitución, donde se detalla que bajo ninguna circunstancia las cárceles deben ser un centro de mortificación únicamente empleado para castigar y someter al ser humano, como pretende hacer la reforma Vivir sin miedo.
La propuesta concibe a la cárcel como un castigo y un objetivo en sí mismo, cuando el artículo 26 de la Constitución establece:
«A nadie se le aplicará la pena de muerte. En ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y sí solo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito».
El sistema penitenciario debe ser un medio para mejorar la seguridad y la convivencia, no un fin en sí mismo. La prisión debe servir para la integración y rehabilitación de las personas privadas de libertad. Debe obrar para reconstruir la integridad de las personas y dar las herramientas que posibiliten su reinserción en la sociedad.
No obstante, esta medida impactará negativamente en los incentivos para la reinserción, para evitar la reincidencia y reducir el delito. Mantener a las personas privadas de libertad durante más tiempo, no garantiza que no vayan a reincidir.
Adicionalmente, las cárceles de nuestro país están en emergencia humanitaria. La superpoblación y el hacinamiento han provocado que aumente la violencia y la reincidencia, potenciando las estructuras delictivas. En este sentido, la medida que propone Vivir sin miedo pretende encerrar a más personas y durante más tiempo. Sin embargo, no explicar cómo será financiada, de dónde saldrá el dinero.
Aunque la propuesta establece que, de ser aprobada, se debe implementar de forma inmediata, ninguno de los 8 candidatos a la presidencia está de acuerdo con esta reforma. Ni uno solo.
Votes a quien votes, no pongas la papeleta.
En el sitio web de la Articulación Nacional «No a la Reforma, el Miedo No es la Forma», el apartado «Otros caminos posibles» detalla diversos mecanismos, alternativas y abordajes mucho más profundos e integrales a través de los cuales se puede hacer frente al desafío de la seguridad con una visión más amplia y comprometida con el desarrollo humano, la justicia y la igualdad. A continuación citamos las propuestas:
«Políticas de prevención. Todas las políticas de seguridad hacen foco en los sujetos cuando entran en conflicto con la ley, desde una lógica de castigo y represión. Consideramos que es importante mejorar las políticas sociales, centrándose en aquellas personas con altos niveles de exclusión, que son más propensas a acercarse al delito.
Atacar las causas estructurales que son el puntapié inicial para el desarrollo de la delincuencia, en especial en los barrios con mayores carencias socioeconómicas, donde el Estado ha perdido terreno o aún no llega eficazmente, a través de inversión en vivienda, urbanización, educación, salud, etcétera.
Implementar políticas de egreso que aseguren la reinserción social de las personas liberadas y les garanticen vivienda, salud y educación. La vivienda es uno de los mayores problemas de las personas exprivadas de libertad, ya que estas conforman más del 50 % de la población en situación de calle en Montevideo. La Dirección Nacional del Liberado (DINALI) ofrece una posada para liberados donde estos pueden vivir hasta 120 días. Es un espacio autogestionado, donde reciben nivelación educativa y trabajan con el barrio. Sin embargo, esta posada cuenta con 66 plazas, mientras que por año salen 6 mil personas de las cárceles.
Más oportunidades de trabajo y estudio en cárceles. Actualmente, los cupos son limitados, lo cual transforma la educación y el trabajo en un privilegio, más que en un derecho (por ejemplo, en la unidad 4 del ex-Comcar solo acceden a estudiar el 10 % de las personas recluidas). Es importante recordar que el único derecho que las personas privadas de libertad tienen restringido es el de la libertad ambulatoria.
Capacitación laboral en cárceles. Es importante que el pasaje por la reclusión promueva la capacitación laboral para preparar a las personas privadas de libertad para la reinserción.
Estímulos a emprendimientos productivos autogestionados por las personas privadas de libertad (por ejemplo, la unidad 6 de Punta de Rieles).
Cárceles pequeñas con espacios comunitarios y de circulación. Las cárceles más pequeñas tienen menores grados de violencia, lo cual tiene relación directa con la reincidencia. A pesar de esto, Uruguay inauguró recientemente una cárcel para 1800 personas a través del modelo PPP (unidad 1 de Punta de Rieles). Además, es importante que las personas puedan circular, tener movilidad y hacer actividades de recreación (por ejemplo, la unidad 6 de Punta de Rieles, donde la circulación por el predio es libre durante el día). En la mayoría de las cárceles uruguayas no solo se padece el hacinamiento, sino que existe un número importante de personas que no tienen más de una hora de salida al patio por día.
Cumplimiento de las cuotas laborales para personas exprivadas de libertad. En Uruguay, las empresas que licitan con el Estado para la construcción de obras públicas deben cumplir con una cuota del 5 % de personas exprivadas de libertad en la categoría de peón, medio oficial y oficial. Muchas empresas han encontrado la forma de evadir esta medida, sorteando la contratación de peones, con el conocimiento de que es inusual que esta población cuente con la acreditación formal para las otras categorías.
Medidas no privativas. La experiencia internacional indica que las medidas no privativas tienen tasas menores de reincidencia en relación con la privación de libertad. Mientras que en los países con bajas tasas de reincidencia hay una persona presa cada cuatro personas con medidas no privativas, en Uruguay, por cada persona privada de libertad hay menos de una con medidas no privativas.
Consolidar una reforma integral de la educación que restablezca el carácter inclusivo e integrador particular de la educación pública.
Reformulación de políticas en materia de drogas. Es necesario considerar la guerra contra el narcotráfico un fracaso global y enfocar el combate del consumo problemático y las adicciones como un problema de salud pública y no de seguridad.
Investigar y atacar las rutas de financiamiento del narcotráfico para neutralizar su llegada. Esto funcionaría como alternativa al combate en el territorio, el cual no da resultados por la facilidad de movilización de recursos para operar en otros espacios.
Apuntar a la investigación y análisis de ejemplos exitosos a nivel regional e internacional de políticas públicas en materia de seguridad pública y convivencia ciudadana para construir otro camino posible».
“Mi deber como ciudadano y militante político es renunciar y presentarme ante la justicia para dar todas las explicaciones”.
La historia la construyen los de abajo, con el corazón abierto para luchar contra las injusticias sin pedir nada a cambio. Los que construyen el sueño de una patria para todos.
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