Bettiana Díaz «Acá no hay ningún debate admitido sobre OPV sí u OPV no»

Foto: Carlos Lebrato.

Una interpelación que debe volver a su eje

La senadora Bettiana Díaz abrió su intervención agradeciendo la presencia de la ministra y valorando la herramienta de la interpelación como ejercicio natural de control parlamentario. Sin embargo, expresó su preocupación por el desvío del debate respecto de su propósito original: esclarecer por qué se tomaron determinadas decisiones en la compra de las patrulleras oceánicas, qué controles fallaron y qué responsabilidades corresponden.

Recordó que el objeto de la interpelación era claro: analizar los motivos que pusieron sobre la mesa la rescisión del contrato con el astillero Cardama y el rol del Ministerio de Defensa Nacional durante el proceso. Por eso cuestionó el rumbo que había tomado la discusión e insistió en la necesidad de ordenar el debate: «El centro de esta interpelación debería ser que logremos entender por qué se tomaron determinadas decisiones, cuáles fueron los controles que se aplicaron y también las responsabilidades que corresponden».

El debate no es sobre la necesidad de patrulleras

Díaz rechazó de plano cualquier intento de instalar que existe un sector político que se opone a la incorporación de medios navales modernos. Fue enfática: «acá no hay ningún debate admitido sobre OPV sí, OPV no. Y resistimos archivo».

Para respaldar esa afirmación repasó documentos y comparecencias del período anterior: las intervenciones del exministro Javier García en comisiones de Presupuesto y Defensa, todas acompañadas por el Frente Amplio, y la declaración multipartidaria de 2014 en la que se reconoció la «absoluta necesidad» de renovar la flota oceánica.

Advertencia ante un falso enfrentamiento con las Fuerzas Armadas

Uno de los puntos más firmes de su intervención fue la defensa del rol institucional de las Fuerzas Armadas. Díaz sostuvo que nada en este proceso debe usarse para enfrentar al mando civil con la estructura militar, y alertó sobre afirmaciones lanzadas en sala que, de ser ciertas, implicarían hechos gravísimos.

Consideró «una acusación gravísima» sugerir que capitanes destacados en Vigo responden a mandos partidarios, y calificó de «grave no, lo que le sigue» la insinuación de que oficiales uruguayos realizaron inteligencia en España. Señaló que ese tipo de afirmaciones no solo carecen de sustento, sino que dañan institucionalmente a la fuerza y desvían el foco de lo sustantivo.

Según Díaz, «lo que hace daño a las Fuerzas Armadas son las dudas razonables que uno tiene. Por ejemplo, la aceptación de las garantías irregulares y la exposición a nivel público internacional».

Un proceso de compra plagado de alertas ignoradas

La senadora repasó la trayectoria del contrato anunciado en 2021 como un hito de soberanía. Recordó la controversia en torno a la selección del astillero, el descarte de la propuesta china y la elección de Cardama, un astillero sin experiencia en OPV y con antecedentes económicos frágiles mencionados incluso por medios especializados.

A partir de allí se reconstruyó el núcleo del problema: el incumplimiento sistemático de las garantías contractuales. Recordó que el contrato exigía que la garantía de fiel cumplimiento se presentara en 45 días y que tuviera vigencia de 42 meses. Sin embargo, «los 45 días se transformaron en 11 meses», con siete intentos fallidos de emitir garantías válidas, la intervención reiterada del Banco Central desaconsejando aceptarlas y la recomendación, nunca atendida, de contratar un corredor de seguros.

Sobre la desprolijidad en la gestión de las garantías, Díaz incluso audios conocidos públicamente: «Vos podrás creer que el tipo que 7 veces te quiso pasar una garantía que no servía, justo se olvidó de apostillar, no podés creer».

Pagos liberados sin respaldo suficiente

Uno de los puntos más críticos señalados por Díaz fue la liberación de pagos por 30 millones de dólares a pesar de las irregularidades acumuladas. Allí planteó preguntas concretas: ¿Cuál era el apuro por aprobar los hitos de pago?, ¿Por qué las fechas coincidían con el final del gobierno?, ¿Qué hubiera pasado si el plano o el cuaderno maestro se aprobaba después del 27 de febrero?. Estas dudas, sostuvo, alimentan un patrón de decisiones difícil de justificar.

EuroCommerce y el fraude anunciado

La senadora detalló la inverosimilitud de la entidad garante aceptada: una empresa sin empleados, con domicilio en una inmobiliaria, un sitio web falso, un único director ruso y sin actividad real.

«Raro, raro», ironizó, al señalar que, aun con siete intentos fallidos de presentar garantías válidas, no se hubiera verificado antes la existencia de la entidad.

Sobre los documentos notariales presentados, recordó: «El notario español sale a denunciar que su firma fue falsificada», lo que hundió aún más la credibilidad del proceso y generó un papelón internacional reflejado en titulares de medios especializados, como el lapidario «Las OPV de Uruguay, ejemplo magistral de cómo no gestionar una compra pública».

Responsabilidad política y credibilidad del Estado

Díaz señaló que la cronología de decisiones involucra al más alto nivel del gobierno anterior. Recordó declaraciones del entonces subsecretario Castaingdebat afirmando en comisión que «el Presidente ya aceptó los avales», faltando la documentación formal.

También interpeló sobre el rol de los organismos como el Banco República, el Ministerio de Economía y Finanzas y mandos del Ministerio de Defensa Nacional en la aprobación de pagos y controles.

Para la senadora, el verdadero daño no lo produce investigar, lo produce haber expuesto al país a un fraude, debilitando la imagen internacional del Estado y la credibilidad de las Fuerzas Armadas.

En su cierre dejó una definición contundente sobre el costo del caso: «La suma siempre llegaba a cero. Bueno, ahora me animo a decir que llega a menos de 30 millones de dólares y unos escalones bastante más abajo en términos de credibilidad política».