
Bettiana Díaz sobre el caso Cardama: «Hay responsabilidades políticas, administrativas y penales».
Tras la decisión del gobierno de rescindir el contrato con el astillero español Cardama y presentar una denuncia civil y penal por un presunto intento de estafa, la Senadora frenteamplista Bettiana Díaz valoró positivamente la medida y pidió «ir hasta el fondo» en la investigación para determinar las responsabilidades de quienes intervinieron en la compra de las patrulleras oceánicas.
En diálogo con Nada que perder (M24), Díaz sostuvo que «es una medida que se corresponde con la gravedad de la situación» y destacó la coordinación entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento. «Es muy bueno no solo dar el paso de suspender este contrato, sino también ir a hacer las denuncias correspondientes en las vías civil y penal», señaló.
La legisladora, que preside la Comisión de Defensa del Senado, recordó que el Ministerio de Defensa ya venía realizando una investigación administrativa desde el inicio de la gestión de la Minsitra Sandra Lazo. «Esto no es una situación nueva— explicó—, ya se había sancionado a cuatro oficiales de la Armada por ocultar información vinculada al cumplimiento del contrato con Cardama».
«Hay que salvaguardar al Estado uruguayo de este posible fraude»
Consultada sobre los próximos pasos del Frente Amplio, Díaz aclaró que el Parlamento no descarta acciones políticas, pero acompañará el proceso judicial iniciado por el Ejecutivo. «Acá hay responsabilidades que son administrativas, éticas, políticas y penales. En este momento lo importante es avanzar en salvaguardar al Estado uruguayo de este posible fraude o estafa por tanto dinero», afirmó.
Sobre una posible investigadora parlamentaria, aclaró que no fue una decisión tomada, aunque «es una posibilidad» si el avance judicial lo amerita.
Las patrulleras eran necesarias, pero no así
Díaz realizó una cronología de los hechos desde 2021, cuando el entonces Presidente Luis Lacalle Pou y el Ministro Javier García anunciaron la compra como parte de un plan de modernización militar. Recordó que hubo «problemas y polémicas» desde la selección del astillero hasta la falta de garantías, pasando por renuncias de jerarcas de la Armada y cuestionamientos internacionales sobre la idoneidad de Cardama. «Es decir, yo compro el peor, el más caro y además el más inseguro en términos de garantía. No parece una muy buena decisión», apuntó.
Para la Senadora, la compra «no estaba fundada en aspectos técnicos ni en una mejor oferta para el país. Llama la atención que, con todas las alertas sobre la empresa, igualmente se haya avanzado».
«Malos jerarcas son los que aceptan avales truchos»
Díaz rechazó los argumentos de quienes califican la decisión del gobierno de rescindir el contrato como una maniobra política. «El Estado uruguayo tiene que cuidarse, tiene que cuidar el dinero de sus ciudadanos. Malos jerarcas son los que no los protegen, los que van y aceptan avales truchos, garantías truchas», sentenció.
En ese sentido, comparó el caso Cardama con otras irregularidades detectadas durante la administración anterior. «Esto es muy similiar a lo de Kirma en el Ministerio de Turismo: una empresa cáscara, que en realidad no existía. A mi me llama la atención que alguien pueda decir que hay que seguir adelante con esto. Parece descabellado».
Finalmente, la senadora reiteró que el objetivo es «proteger al Estado y llegar hasta el fondo» para identificar todas las responsabilidades. «Hay una cadena de mando y alguien que firma para liberar los pagos de un contrato que obliga al Estado uruguayo a cumplir con algo que a todas luces es fraudulento», concluyó.
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