Bettiana Díaz: «La responsabilidad política es del gobierno anterior».

La senadora del Frente Amplio Bettiana Díaz respondió este martes a las críticas de la oposición tras la comparecencia de la Ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, en el Senado, y defendió la actuación del oficialismo en el marco del caso Cardama, la empresa española a la que el Estado uruguayo resolvió rescindir el contrato por irregularidades en la garantía presentada para la construcción de patrulleras oceánicas.

Desde el Partido Nacional se cuestionó que la bancada frenteamplista haya «blindado» a la ministra para evitar que hablara del tema en la discusión presupuestal. Díaz rechazó esta interpretación y explicó que el senador Javier García había realizado preguntas «fuera del tema», vinculadas al caso Cardama, que ya se habían abordado en la presentación general del Ministerio de Defensa. «En realidad el senador García hizo una serie de preguntas con respecto a lo presupuestal del tema Cardama, que ya se había desarrollado en la presentación general». Según explicó el Frente Amplio entendió que «ese tipo de preguntas» debía realizarse en el marco de la interpelación que el Partido Nacional anunció públicamente, y no durante el tratamiento del Presupuesto Nacional.

Díaz agregó que la bancada frenteamplista ofreció levantar la suspensión de sesiones por el presupuesto «para que cuanto antes puedan hacer la interpelación en vez de andar anunciándola en la prensa».

Consultada sobre quién debería encabezar esa instancia, la senadora sostuvo que Javier García es quien «tiene todo el sentido» para hacerlo, ya que fue quien, junto a Lacalle Pou, anunció en 2021 la compra de las patrulleras, una firma que recién se concretó «en 2024, al final del período, después de que el gobierno pierde las elecciones con el Frente Amplio».

La legisladora también respondió a las declaraciones de Lacalle Pou, quien dijo que el Presidente Yamandú Orsi había sido «arrastrado» a esta situación. «Decir que el Presidente fue arrastado a esta situación es una falta de respeto a la investidura presidencial», afirmó Díaz. En cambio, consideró que la intervención del exmandatario «habla de la gravedad del problema en el compromiso asumido con esta compra que a todas luces hace mucho tiempo parece irregular».

Según la senadora, el proceso para obtener esa garantía estuvo plagado de rechazos por falta de respaldo financiero. «Entonces aparece esta situación que denuncia el Estado uruguayo, no el gobierno. Eso es importante decirlo», puntualizó.

Consultada sobre la insistencia del anterior gobierno con la empresa Cardama, respondió que eso deberá ser dilucidado por la Justicia. «Está claro que acá hay una cadena de mando y hay diferentes responsabilidades en el marco de las decisiones», dijo. «Las responsabilidades se van a estar aclarando en este proceso también, donde veremos quién tomó la decisión final de poder avanzar a pesar de la irregularidad que a todas luces se descubre».

Díaz fue especialmente crítica con el papel de algunas figuras del anterior gobierno: «Desde el ex Presidente de la República que parece más el abogado de Cardama que otra cosa, hasta la bancada que era oficialista que hoy viene a plantear algunos temas que están por fuera de la discusión presupuestal».

La legisladora también cuestionó la afirmación de García de que Uruguay «está pagando a mitad de precio». «Las compras en la gestión de García han sido bastante polémicas», señaló, recordando casos como los aviones Hércules y otros anuncios que no se concretaron.

Finalmente, criticó el incumplimiento de compromisos en materia social dentro del Ministerio de Defensa. «Tenemos 4.000 efectivos de las Fuerzas Armadas que viven en asentamientos y el gobierno anterior se comprometió a avanzar, por ejemplo, en la construcción de viviendas para el personal más vulnerable», recordó. «¿Y saben cuántas inauguraron? Quince».

Díaz dijo que el actual gobierno retomará esos compromisos «como corresponde», y cerró afirmando que los anuncios de transformación hechos por el entonces Ministro García «han sido incumplidos», mientras el personal militar «también se vio perjudicado por la política salarial del gobierno de Lacalle Pou».