Caggiani: «No hubo negligencia, acá hubo otra cosa»

En el tramo final de la interpelación a cargo del senador y exministro Javier García, el senador Daniel Caggiani expuso una síntesis contundente sobre el proceso que llevó a la adjudicación y construcción de las patrulleras oceánicas en el astillero Cardama. Tras casi doce horas de sesión, el legislador afirmó que el Estado enfrenta «uno de los mayores desaciertos en materia de compras públicas», marcado por irregularidades , alertas ignoradas y decisiones que comprometen los intereses nacionales.

Una interpelación «rara» y un tema central omitido

Caggiani comenzó señalando el carácter atípico de la instancia: «Es una interpelación rara… que en realidad nació sin ganas, que fue anunciada públicamente pero que costó mucho su concreción». Describió un proceso convocado sin claridad sobre la cámara, sin presencia previa del interpelante en medios y sin el foco esperable en el asunto principal.

El senador remarcó que el miembro interpelante «no habló del principal tema en cuestión que es el contrato realizado para la compra y construcción de patrulleras oceánicas». Aún así, el Frente Amplio se retiró «satisfecho con la información» brindada por el Ministerio de Defensa, pero «muy preocupado por la gravedad de la misma».

La radiografía de Cardama: una empresa sin solvencia, sin experiencia y al borde del colapso

Buena parte de su intervención estuvo dedicada a exponer datos financieros y antecedentes técnicos de Cardama, disponibles públicamente pero ignorados por las autoridades que realizaron la adjudicación. Caggiani enumeró: «En el 2024 Cardama tuvo una ganancia de 99.823 euros. En el 2023, de 324.723 euros. Su capital social es de 701 euros. Las ventas anuales promedio no superan los 7 millones de euros».

Con esos números, remarcó que la operación con Uruguay «supera más de 10 veces la venta anual promedio de la empresa». A esto sumó que «ninguna patrulla oceánica militar» figura entre las construcciones recientes, describiendo solo remolcadores y embarcaciones multipropósito. «Es un astillero que nunca construyó y nunca va a construir una patrulla oceánica militar», sentenció,

Para Caggiani, el Estado fue llevado a contratar «de manera directa a una empresa fundida y sin experiencia», lo que, a su juicio, explica por qué «las cosas no han salido bien» desde el inicio.

Retrasos, información falsa y un buque que se inunda

El senador cuestionó el discurso del gobierno anterior al defender el avance del proyecto: «se dijeron un conjunto de mentiras, entre ellas, que se estaba cortando un contrato que era exitoso y que el 60% del buque estaba construído».

Contrastó ese relato con los informes técnicos de la Armada: «Las patrullas llevan unidos 16 de los 27 bloques previstos para esta fecha», lo que evidencia «un retraso importante». Además, señaló que uno de los buques presenta un problema estructural grave: «Se encuentra comprometida y se inunda en el último compartimiento».

Afirmó que el escenario se dio «bajo las advertencias de la propia oposición en su momento», que planteó dudas sobre la experiencia del astillero y la seriedad del proceso.

Alertas previas, seguimiento parlamentario y errores negados

Caggiani recordó que el propio Frente Amplio, cuando era oposición, había cuestionado la elección de Cardama. La entonces presidenta de la comisión de seguimiento, hoy ministra Lazo, «hizo un conjunto de cuestionamientos, muchos de ellos se cumplieron», el tiempo, dijo «le terminó dando la razón».

Para graficar el absurdo, comparó: «Le dimos a un quiosquito del barrio un permiso para que sea operador logístico de una zona franca». Y añadió que las anteriores autoridades «no han logrado defender los intereses del Estado uruguayo». Según el senador, lo más grave no es solo el error, sino la negativa a admitirlo: «Cuando uno no reconoce los errores, o los está avalando o los está ocultando».

Las garantías: una trucha, otra dudosa y una tercera que paga todo

Caggiani detalló el sistema de garantías del contrato:

• La de fiel cumplimiento: «la que encontramos es trucha».
• La de reembolso: «que suponemos que es legítima».
• La carta de crédito: «La única que realmente ha funcionado y que ha servido para pagarle a la empresa».

Subrayó que la estructura del contrato dejó al Estado sin herramientas para detener pagos cuando aparecieron irregularidades: «El Estado uruguayo cedió soberanía y le quitó la posibilidad de tener elementos cuando se detectan irregularidades».

Denunció también que el hito autorizado el 26 de febrero, «cuando cambiaba el gobierno», disparó pagos por todo 2025 sin que la empresa hubiera entregado la documentación requerida. «¿Quién dio las ordenes para que eso suceda? ¿Quién avaló las garantías?» preguntó, exigiendo respuestas políticas y no solo administrativas.

«Acá no hubo negligencia, acá hubo otra cosa»

Caggiani también sostuvo que lo ocurrido excede la mala gestión: «lamentablemente los hechos nos van demostrando cada día más que aquí no hubo negligencia aparente. Acá hubo otra cosa». Dijo que la interpelación evitó entrar en este fondo del asunto: «hoy lamentablemente no dimos esa discusión, pero seguramente el año que viene quizás la demos».

Para él, la responsabilidad política debe ser investigada: «Las cosas que hace la política también tiene que resolverlas la política».

Además afirmó que «nadie discute que las garantías no estaban constituídas», lo que, según los informes y el propio contrato, vuelve inválida la operación. Pero señaló que, más allá de los aspectos jurídicos que definirá la justicia, el Parlamento tiene su responsabilidad política.

Y cerrando su intervención, dijo: «Lo que está claro es que acá hubo un contrato leonino y fraudulento contra el Estado uruguayo y los que lo hicieron están mirando para el costado».