A iniciativa del senador Daniel Caggiani, la bancada del Frente Amplio presentó dos proyectos de ley para fortalecer la transparencia en la función pública. Las iniciativas establecen la obligación de rendir y devolver viáticos no utilizados, informan viajes financiados por terceros y reducen de un año a seis meses el subsidio que reciben cargos políticos y de particular confianza al cesar en sus funciones.
Las iniciativas, impulsadas a propuesta del senador del Frente Amplio Daniel Caggiani, apuntan a regular con mayor claridad el uso de viáticos en el Poder Legislativo y a modificar el subsidio que perciben legisladores, jerarcas y cargos de particular confianza cuando cesan en sus funciones.
El objetivo político, según explicó Caggiani, no es generar un ahorro de gran escala, sino establecer reglas claras para conductas que deberían ser comunes en el ejercicio de la función pública.
“Habría cosas que no hubiera que legislarlas, pero en la medida de que no es común para todos, la idea es justamente que esto sea una regla”, sostuvo.
Rendición obligatoria de viáticos
El primero de los proyectos modifica el régimen de liquidación de viáticos para incorporar expresamente al Poder Legislativo y a los ediles departamentales. De esta forma, quienes viajen al exterior o realicen comisiones de servicio con recursos públicos deberán rendir cuentas dentro de los diez días hábiles posteriores a su regreso.
La rendición deberá detallar los gastos realizados y el cumplimiento de las tareas asignadas. Además, tendrá valor de declaración jurada. En caso de que existan excedentes del viático asignado, deberán ser devueltos ante la oficina correspondiente.
El proyecto también prevé consecuencias para quienes incumplan. Si la persona percibe salario, el monto del viático podrá descontarse de sus retribuciones. Si ejerce una función honoraria, se remitirán los antecedentes a la autoridad que la haya designado. Además, quien incumpla no podrá volver a ser designado para una misión o comisión que genere derecho a viáticos.
Para Caggiani, se trata de transformar en obligación una práctica que muchos legisladores ya realizan cuando regresan de misiones oficiales.
“Muchos de los que lo utilizamos cuando volvemos lo devolvemos y otros no”, señaló.
Viajes financiados por terceros
La propuesta también incorpora una obligación específica para legisladores nacionales que participen en actividades, congresos, seminarios, conferencias, visitas oficiales o cualquier otra misión financiada total o parcialmente por Estados, instituciones u organismos internacionales.
En esos casos, senadores y diputados deberán presentar ante la Presidencia de su cámara un informe detallado dentro de los diez días hábiles posteriores al regreso. Allí deberán declarar quién realizó la invitación, qué institución, organismo o Estado la financió, y qué gastos fueron cubiertos por terceros: pasajes, alojamiento, alimentación, viáticos, transporte interno u otros beneficios económicos o en especie.
La medida busca ordenar una zona que muchas veces queda fuera de los gastos directos del Parlamento, pero que igualmente involucra la condición pública de quien viaja.
Caggiani explicó que hay legisladores que son invitados a actividades internacionales por organizaciones o instituciones de distinta naturaleza, y que en esos casos corresponde transparentar quién invita, quién financia y en qué condiciones se participa.
“Nos parece que tiene que ver con la transparencia y la función nuestra”, afirmó.
Una regulación que se había perdido
La exposición de motivos recuerda que en 2019 se aprobó una ley que regulaba el otorgamiento y uso de viáticos para funcionarios públicos, incluidos cargos electivos, cargos de particular confianza, funcionarios de los tres poderes del Estado, órganos de contralor, entes autónomos, servicios descentralizados, gobiernos departamentales y municipios.
Esa norma fue prorrogada y luego derogada por la Ley de Presupuesto de 2020, que dejó vigente un régimen más acotado para funcionarios de los incisos del Presupuesto Nacional.
Con este nuevo proyecto, el Frente Amplio propone volver a ampliar el universo alcanzado, incorporando al Poder Legislativo y a los ediles departamentales. El sentido es claro: los dineros públicos deben ser administrados con el mismo criterio de control y rendición, cualquiera sea el lugar institucional desde el que se ejerza la función.
Subsidio: de un año a seis meses
El segundo proyecto modifica el subsidio que reciben quienes cesan en cargos políticos y de particular confianza. Actualmente, ese beneficio puede extenderse hasta por un año. La iniciativa propone reducirlo a seis meses, equiparándolo al plazo general del subsidio por desempleo que percibe cualquier trabajador.
Caggiani explicó que la intención es terminar de corregir una diferencia que ya fue reduciéndose con el paso del tiempo. Recordó que antes existieron beneficios mucho más extensos para quienes dejaban cargos políticos y que distintas reformas fueron ajustando esa situación.
La nueva propuesta busca dar otro paso en esa dirección.
“La idea es llevarlo a seis meses como cualquier hijo de vecino”, dijo.
El proyecto establece que quienes cesen en esos cargos y no hayan configurado causal jubilatoria anticipada tendrán derecho a percibir durante seis meses un subsidio equivalente al 66% del total de haberes del cargo en actividad. Ese subsidio estará sujeto a montepío, será servido por el organismo donde se prestaron servicios y el período se computará como tiempo trabajado.
Igualdad y transparencia
La exposición de motivos del proyecto sobre subsidios plantea que el régimen vigente resulta excesivamente favorable si se compara con la situación de un trabajador de la actividad privada que queda sin empleo y accede al seguro de paro.
Desde esa perspectiva, la iniciativa busca corregir una inequidad republicana y acercar las reglas de los cargos políticos a las que rigen para el resto de la ciudadanía.
Además, el proyecto establece que el subsidio no podrá ser otorgado a quienes se encuentren en calidad de omisos según lo previsto en la Ley N° 17.060. También dispone que el reingreso a la Administración Pública implicará el cese automático del derecho a seguir cobrando el beneficio.
No se trata solamente de reducir plazos. Se trata de afirmar un principio: quien ejerce una responsabilidad pública no puede tener privilegios desmedidos ni quedar por fuera de las exigencias de transparencia que reclama la sociedad.
Dignificar la tarea política
Caggiani sostuvo que ambos proyectos buscan contribuir a mejorar la relación entre la ciudadanía y la actividad política. En un contexto en el que la función parlamentaria muchas veces es cuestionada, el senador planteó que el camino no puede ser negar los problemas, sino fijar reglas más claras y exigentes.
“La idea de estos proyectos es básicamente tratar de contribuir a mejorar y a dignificar la tarea política y parlamentaria”, afirmó.
El legislador también señaló que, a partir de discusiones anteriores sobre viáticos, ya hubo cambios de conducta en el Parlamento. Según dijo, hoy la mayoría de los legisladores devuelve los viáticos no utilizados. Pero el Frente Amplio entiende que esa práctica debe dejar de depender de la voluntad individual y convertirse en una obligación general.
Reglas comunes para responsabilidades públicas
Las dos iniciativas comparten una misma orientación política: establecer reglas comunes, limitar beneficios excepcionales y fortalecer la confianza pública en las instituciones.
Por un lado, se exige que los viáticos sean rendidos y que los excedentes se devuelvan. Por otro, se reduce el subsidio de los cargos políticos y de particular confianza para acercarlo al régimen que rige para cualquier trabajador.
En ambos casos, el Frente Amplio plantea una señal de responsabilidad institucional: quienes ejercen cargos públicos deben estar sometidos a controles claros, rendir cuentas por los recursos que utilizan y no conservar beneficios que los alejen de la realidad del resto de la ciudadanía.
Con estos proyectos, la bancada frenteamplista busca abrir una discusión parlamentaria sobre transparencia, austeridad y ética pública. Una discusión que, según Caggiani, apunta menos a los grandes números presupuestales y más a la conducta que debe esperarse de quienes representan a la ciudadanía.
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