
Se confirma lo que el Frente Amplio advirtió desde el inicio
Charles Carrera valoró el fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) que anuló parcialmente el decreto 114/021 vinculado al acuerdo firmado en 2021 entre el Estado uruguayo y la empresa que opera la terminal especializada de contenedores en el puerto de Montevideo. Para el dirigente de la 609, la resolución reafirma las advertencias que el Frente Amplio sostuvo desde el primer momento.
En Aire Rico (Delsol FM), señaló que «nosotros la verdad que quedamos muy contentos porque, en principio, ganó el país», y remarcó que el aspecto central del fallo es que «prevalece la Constitución de la República, cae el monopolio, cae el corazón de ese acuerdo».
Carrera recordó que la principal crítica del Frente Amplio fue que el acuerdo consolidaba un monopolio «inconstitucional, ilegal e inconveniente», y que una definición de esa magnitud debió pasar por el Parlamento. A su entender, el fallo reafirma que decisiones estratégicas para el país no pueden adoptarse sin discusión política amplia ni respaldo legal específico.
«Esta es una sentencia que establece cuál es el paradigma de la ley de puertos, de la ley que creó la concesión, la ley de defensa de la competencia, cuál es el paradigma de nuestro país, y eso va a ser beneficio de todos los uruguayos», expresó.
Transparencia, inversiones y responsabilidades
El ex senador cuestionó la forma en que se negoció el acuerdo en 2021 y sostuvo que «este convenio no se tendría que haber negociado entre 5 personas», insistiendo en que una política portuaria de largo plazo debió debatirse con el sistema político y la comunidad portuaria.
También puso el foco en los compromisos de inversión asumidos por la empresa. «Vamos a 5 años de ese acuerdo. Y no hay nada. Ninguna inversión», afirmó, en referencia a las obras anunciadas.
En ese marco, planteó dudas sobre la garantía de fiel cumplimiento del contrato y advirtió que «si no se cumplen las inversiones y el Estado tiene que ejecutar la garantía, la garantía en vez de haber sido 22,5 millones de dólares, es de 7,6». Para Carrera, estos elementos deben ser considerados por las actuales autoridades en cualquier instancia de negociación.
Un puerto al servicio del desarrollo nacional
Carrera sostuvo que el debate no es empresarial sino de modelo de desarrollo. «Yo lo que quiero es que el puerto empiece a funcionar bien», afirmó, señalando que persisten cuestionamientos sobre tarifas, competitividad y funcionamiento general.
Recordó además que «estamos entre los 25 peores puertos del mundo, de acuerdo al Banco Mundial», y planteó que el objetivo debe ser fortalecer la competencia, reducir costos y defender el interés nacional.
A su entender, el fallo fortalece la posición del Estado uruguayo y reafirma principios centrales del régimen portuario. «Hoy existe plena vigencia de la ley de puertos y de la ley de defensa de la competencia», concluyó.
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