Oscuras horas atraviesa la república tras conocerse que el aparato estatal fue utilizado para perseguir a las víctimas del caso Penadés y a legisladores.
Este martes 10 fue una jornada intensa en los tres poderes del Estado. Mientras una sede judicial formalizaba a un exmilitar por el pedido de fichas con datos personales de senadores, otro juzgado formalizaba a un senador de la República por diversos delitos sexuales. Además, se conoció que este senador utilizó el aparato estatal para perseguir a las víctimas.
El compañero Alejandro Sánchez recordó en su cuenta de Twitter el respaldo de varios jerarcas del Gobierno, inclusive el del presidente de la República, al ahora senador formalizado. “Un nuevo caso de corrupción de este gobierno. Esta vez para proteger a un delincuente sexual de menores de edad”, sintetizó.
Sobre el mal uso del aparato estatal también habló el compañero Charles Carrera, signado como uno de los dos senadores mencionados dentro de la trama Astesiano para que sean confeccionadas fichas con datos personales tanto de él como del senador frenteamplista Mario Bergara a partir de la labor del jefe de la seguridad presidencial. Querían material para presionarlos frente a la denuncia por el acuerdo entre el Gobierno y Katoen Natie, una de las más graves entregas de soberanía de los últimos tiempos.
Este lunes el senador Daniel Caggiani reclamaba una discusión profunda sobre las comisiones binacionales pero la realidad nos obliga a tratar el tema de las designaciones directas en Salto Grande. Los uruguayos debemos debatir sobre cuáles son las formas para sacar de la pobreza a los miles de hogares que no llegan a fin de mes. Pero la realidad nos obliga a discutir sobre el mal uso de los recursos del Estado, el escudo de los más débiles, a favor de objetivos que nada tienen que ver con las necesidades de los más vulnerables.
“No hay nadie que esté en contra salvo el presidente de la República aparentemente”, dijo el senador Daniel Caggiani.
La casa de la democracia no pudo debatir los ribetes políticos del caso Marset impedido por el voto del oficialismo, cuando su tarea es discutir la conducta de sus gobernantes.
Sin empleo, subsidio ni cobro de adeudos tras el cierre de Casa de Galicia, un proyecto de ley otorga soluciones parciales a los derechos de los trabajadores.
La Comisión Técnica Mixta fue tomada como una intendencia paralela y generar así una plataforma electoral, indicó el compañero.
Ahora es la Comisión Administradora del Río Uruguay la que presenta datos preocupantes en el ingreso de militantes oficialistas.
El poder de compra de los salarios en la actualidad está un 2% por debajo del poder adquisitivo de 2019, recordó Daniel Caggiani.
