Crimen organizado, narcotráfico y lavado de dinero en Uruguay

¿Existe una visión compartida del riesgo?

Entiendo que nos debemos una discusión franca y seria sobre el problema del crimen organizado, el narcotráfico y el lavado de dinero. Llegamos a un punto en que ningún integrante del sistema político puede ignorar el problema.

Para algunos, el crimen organizado y el narcotráfico aún no ingresaron dentro del sistema político. Esto se explica ya que existe cierto nivel de confianza en la institución política. Lo que no se puede negar es que, si no tomamos medidas, a futuro podría haber dinero proveniente del narcotráfico financiando estructuras políticopartidarias o, incluso, llevando a criminales a ocupar cargos políticos. Esto ya ocurrió en muchos países de nuestra Latinoamérica.

Julio Guarteche, exdirector de la Policía Nacional y de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, entendía que debíamos tener una visión compartida de la amenaza o el riesgo. Esta idea resume el problema y la solución como dos caras de la misma moneda. Implica comprender que, si bien estamos ante un verdadero problema, el sistema político en su conjunto debería tomar cartas en el asunto.

No entender su alcance y finalidad, implicará rifarnos el futuro, que todo esto pueda empeorar y nuestro país termine viviendo extremos de violencia inéditos (aún peores de los que ya registra).

Todavía estamos a tiempo de dar el primer paso y comenzar a construir verdaderas políticas de Estado.

Uruguay, un país donde se lava dinero

Tener una «visión compartida del riesgo» implica mirarnos a la cara de manera frontal y honesta. ¿Alguien puede afirmar que en Uruguay no se lava dinero del crimen organizado y, en particular, del narcotráfico?

Existe una red logística (empresas, transferencias bancarias, inversiones) que introduce al mercado, las ganancias obtenidas por el narcotráfico.

A partir de los años 70, Uruguay se proyectaba como plaza financiera, y fueron formándose estructuras dedicadas a atraer dinero. Gran parte de esos capitales extranjeros provenían de negocios ilícitos y el pasaje por nuestro país tenía la finalidad de blanqueo o lavado.

Como sabemos, en Uruguay se han brindado y se brindan servicios para asegurar la renta del crimen organizado. Por lo tanto, en la propia distribución de tareas de la cadena delictiva, terminan participando actores fundamentales —que desde una supuesta legalidad— ocupan lugares estratégicos. Son profesionales del derecho, economistas, contadores y tantos otros, que actúan -directa o indirectamente- participando del negocio criminal.

Días atrás, el Dr. Leonardo Costa recordaba que, en los últimos dos años, se condenaron a 5.000 personas por delitos de narcotráfico y solo uno por lavado de activos, algo que no es lógico ni razonable.

Desde la bancada del Frente Amplio se realizó un pedido de información a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT), solicitando información sobre una denuncia que salió publicada en Sudestada, referida a vinculaciones de algunos estudios contables, jurídicos y otros profesionales uruguayos, con el caso Lava Jato (Odebrecht).

¿Qué se podría haber hecho desde la SENACLAFT? Podrían haber citado a los sujetos obligados y a los identificados por el medio de prensa, para ver si cumplieron con las obligaciones de la Ley 19.574. Además, podrían haber recurrido a Fiscalía denunciando los delitos pertinentes, con el seguimiento del caso. Pero nada de esto sucedió. Parece mentira que no se analice esta investigación periodística, donde hay ciudadanos uruguayos identificados en Panamá como partícipes de las redes de lavado de dinero de la empresa Odebrecht, algunos de ellos fuertemente vinculados con el —hoy—oficialismo.

Parecería un acto temerario seguir haciendo la vista gorda y no atacar este problema, que por supuesto no se soluciona únicamente creando una Fiscalía Especializada en Lavado de Activos. Hay mucho para hacer y proponer, porque las fuertes debilidades institucionales que hoy tenemos, nos hacen permeables al crimen organizado y al lavado de activos. Por eso debemos ser críticos, percibir el riesgo en el que nos encontramos y tomar medidas urgentes.

Hoy ya existe un cártel criminal uruguayo

El caso Sebastián Marset dejó en evidencia, por lo menos, serias fallas de Inteligencia que permitieron la fuga de ese peligroso delincuente, indicado como el autor intelectual del homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, entre otras acciones criminales.

Esto nos tendría que hacer pensar en los cambios que debemos realizar, a los efectos de lograr éxitos reales en el combate del delito. Negar el problema o suponer que vamos por el camino correcto, nos devuelve al problema de la baja percepción del riesgo, y más ante un caso de suma gravedad como es este.

Por tanto, cuando se afirma que este es un problema ajeno y todavía estamos lejos de ser un país donde el narcotráfico y el crimen organizado hayan permeado la institucionalidad, cometemos otro acto de inocencia e imprudencia. Lo lógico sería pensar ¿por qué no pasaría acá si ya pasó en otros países? ¿Estamos haciendo algo distinto?

Fue un error imperdonable el cambio efectuado en la DGRTID, desarmando a los equipos que venían trabajando desde hacía mucho tiempo. Se podrían haber realizado cambios, por supuesto, pero no haber arrasado con funcionarios fundamentales, por haber cumplido el mandato constitucional: «(…) los funcionarios están al servicio de la Nación y no de una fracción política».

Esta repartición, —reformada por el Inspector General Roberto Rivero y mantenida por el Inspector General Julio Guarteche—, fue de las pocas unidades policiales cuya gestión se mantuvo por décadas. Desde el segundo gobierno de Sanguinetti hasta el segundo de Tabaré Vázquez, el esquema de trabajo de la DGRTID se mantuvo como política de Estado. Lamentablemente, a partir del 1.º de marzo de 2020, con la asunción del nuevo gobierno, se desmanteló dicha unidad policial, removiendo a sus principales autoridades.

Una forma de trabajo exitosa, abandonada por esta administración, que incluía el desarrollo de investigaciones prolongadas sobre personas u organizaciones. No se quedaban en lo inmediato (que podría ser una gran incautación de drogas), sino que apostaban a un seguimiento a mediano y largo plazo. Había observación, colección de información, seguimiento y análisis.

Esta concepción entendía que, ante un hecho vinculado al narcotráfico, lo relevante no era la incautación en sí, sino la tarea multidimensional que está detrás, desde la vinculación hasta la distribución y la comercialización de la droga (incluida toda la estructura, con sus activos y colaboradores, de las organizaciones criminales).

El delito hoy ha mutado y claramente las conductas de los delincuentes también. El riesgo y la ganancia de quien participa del negocio del narcotráfico es mucho más bajo en el primer caso y favorable en el segundo, que la obtenida por un delincuente común que comete rapiñas. Vemos que existe una territorialización del narcotráfico, donde operan cárteles de narcotraficantes extranjeros que tienen sus derivaciones y raíces en nuestro país.

Lo anterior ha generado un incremento de la violencia que incluye ajustes de cuentas y acciones de sicarios. Porque, lógicamente, con la instalación de redes de narcotraficantes extranjeros en el Uruguay comienzan a reproducirse sus prácticas y la violencia se incrementa.

Sin lugar a dudas, los crímenes aberrantes que hoy estamos viviendo y que parecen desbordar a las autoridades ministeriales, responden a esta nueva realidad.

Asumir la realidad y buscar soluciones

Hasta que todo el sistema político no tome consciencia de que nuestro país está en peligro, será muy difícil solucionar estos problemas. Pero, a pesar de eso, creemos necesario pensar en soluciones que nos sirvan para afrontar estos asuntos.

Deben incrementarse los controles al lavado de activos, con acciones multidisciplinarias e interinstitucionales y, de ser necesario, dotar a la SENACLAFT de nuevas prerrogativas e instrumentos de trabajo. La información está, pero debe sistematizarse; los estándares internacionales para combatir el lavado de dinero, también.

A contrapelo de lo que debía hacerse, la LUC introdujo flexibilizaciones a los controles sobre los flujos de dinero, creando un campo fértil para el lavado. Deben revisarse estas normas para retomar el camino que nunca debimos abandonar.

Por tanto, desde el Frente Amplio proponemos crear un sistema claro y transparente de financiación de partidos políticos donde no existan los aportes de privados y las campañas electorales estén más controladas y reguladas. Ya hay un proyecto que está siendo discutido en la Cámara de Diputados en la Comisión Especial, que será uno de los mejores instrumentos para cuidar y proteger la democracia, y nuestra institucionalidad, no solo del lobby empresarial, sino del crimen organizado. Asimismo, vamos a proponer la tipificación del delito de enriquecimiento ilícito y el fortalecimiento de la Junta de Transparencia y Ética Pública.

Pero, antes de todo eso, el gobierno debe entender que existe un peligro real y evidente que ya está amenazando a nuestro país.

Desde nuestro lugar, estamos dispuestos a colaborar y proponer las mejores soluciones, dándole estado parlamentario si fuese necesario.

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