El senador Daniel Caggiani defendió los proyectos impulsados por la bancada frenteamplista para establecer la dedicación exclusiva de los legisladores, reducir el subsidio que perciben al dejar sus cargos y obligar a rendir los viáticos utilizados en misiones oficiales. Sostuvo que el objetivo es prevenir conflictos de interés, eliminar privilegios y profundizar la transparencia de la actividad política.
En entrevista con Todo un Tema (El Observador), explicó que uno de los proyectos plantea estab lecer la dedicación exclusiva para diputados y senadores, de manera que quienes sean electos no puedan percibir simultáneamente remuneraciones provenientes de otras actividades.
«Los legisladores cobramos muy bien para hacer la tarea que hacemos», afirmó, y señaló que la discusión no se limita al nivel salarial, sino que tiene como elemento central la prevención de posibles conflictos de interés.
«Nosotros afectamos todos los días intereses particulares de las actividades que regulamos», sostuvo.
Para Caggiani, un legislador que mantiene una actividad profesional o empresarial vinculada a un sector sobre el que debe tomar decisiones puede quedar colocado en una situación en la que no resulte claro a qué intereses responde.
«Si sos juez y parte, o si estás trabajando para una de esas actividades, ¿a quién vas a responder? ¿ Cuál es tu jefe?», planteó.
Prevenir antes de que exista el problema
El senador recordó que la legislación uruguaya ya establece determinadas incompatibilidades para quienes ocupan cargos parlamentarios, pero consideró que existen áreas en las que todavía es necesario avanzar.
Mencionó como ejemplo las restricciones existentes para funcionarios públicos que resultan electos legisladores o las prohibiciones para realizar determinados trámites en representación de particulares ante organismos estatales.
Sin embargo, señaló que todavía pueden existir situaciones en las que un legislador mantenga actividades privadas vinculadas a sectores que posteriormente debe regular.
«No digo que suceda, pero me aprece que eso es una cosa importante» para discutir, afirmó.
Caggiani sostuvo que la intención es anticiparse a posibles problemas y no actuar únicamente después de que aparezca una irregularidad.
«Uno puede legislar cuando está hecho el problema y tratar de solucionarlo, o puede tratar de prevenir. Esto es tratar de prevenir un poco y ser más exigentes con nosotros mismos», expresó.
Reducir el subsidio al finalizar el mandato
Otro de los proyectos plantea modificar el régimen de subsidios que reciben quienes dejan determinados cargos políticos.
Actualmente, los legisladores pueden percibir ese beneficio durante un período de hasta un año. La iniciativa propone reducir tanto el plazo como el porcentaje recibido, acercándolo al régimen que rige para el resto de los trabajadores.
Caggiani cuestionó que se mantengan beneficios construidos en otros momentos históricos y sostuvo que las reglas deben actualizarse de acuerdo con las exigencias actuales de la sociedad.
Según señaló, la reducción propuesta implicaría un ahorro aproximado de cuatro millones de dólares durante un quinquenio.
Más allá del monto, remarcó el valor político de la medida. La función parlamentaria, sostuvo, es una responsabilidad que una persona decide asumir sabiendo que el mandato tiene una duración determinada y que posteriormente puede tener que regresar a otra actividad laboral.
Rendición obligatoria de los viáticos
La tercera iniciativa está vinculada a los viajes oficiales realizados por legisladores y jerarcas departamentales.
Caggiani defendió que el Estado financie los gastos necesarios cuando una persona viaja en representación institucional, pero sostuvo que el dinero no utilizado debe ser devuelto.
«Lo que te sobra, devolvelo», resumió.
El proyecto prevé que quienes reciban viáticos deban rendirlos y devolver los montos no utilizados. En caso contrario, podrían existir sanciones, descuentos e incluso restricciones para volver a representar al Parlamneto en futuras misiones.
Caggiani recordó que una norma similar había sido aprobada en 2019 y posteriormente derogada durante el período anterior.
«Eliminar privilegios»
El senador rechazó que las iniciativas constituyan un cuestionamiento a la actividad política y sostuvo que apuntan precisamente a fortalecerla.
Frente a críticas que consideran que establecer la dedicación exclusiva puede consolidar una «casta política», argumentó que sucede exactamente lo contrario: el objetivo es establecer reglas más claras para quienes reciben una remuneración pública y toman decisiones en representación de la ciudadanía.
También se mostró dispuesto a analizar modificaciones durante la discusión parlamentaria, particularmente para contemplar situaciones como jubilaciones, alquileres u otros ingresos que no necesariamente implican una segunda actividad laboral.
«Este proyecto no está escrito en piedra», afirmó.
Más transparencia sobre quienes manejan recursos públicos
Caggiani recordó además los avances en períodos anteriores para ampliar la publicidad de las declaraciones juradas patrimoniales.
Señaló que actualmente alrededor de 600 declaraciones de autoridades nacionales son públicas, cuando anteriormente esa obligación alcanzaba a un universo mucho más reducido.
Para el legisaldor, ese mecanismo facilita el control ciudadano, periodístico e institucional sobre quienes toman decisiones públicas.
Planteó, además, que el debate sobre transparencia debería extenderse hacia actores privados que adminsitran volúmenes importantes de recursos públicos.
Mencionó como ejemplo a instituciones del sistema de salud financiadas en buena medida a través del FONASA y sostuvo que sus autoridades también deberían estar sujetas a mayores controles.
«Esos recursos son tan públicos como los que adminsitra el Ministerio del Interior o el Ministerio de Desarrollo Social», señaló.
Para Caggiani, la discusión debe avanzar hacia un criterio más amplio: no solamente controlar a quienes ocupan cargos estatales, sino también a quienes adminsitran recursos provenientes de toda la sociedad.
El senador sostuvo que fortalecer esas herramientas, junto con la eliminación de beneficios excecpionales y la prevención de conflictos de interés, contribuye a acercar la actividad política a la ciudadanía y a reforzar la confianza en las instituciones.
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