Hay delitos que se ven y hay otros que, aunque no dejan rastros visibles, golpean fuerte. Las estafas electrónicas son hoy una de las principales amenazas a la seguridad cotidiana de miles de uruguayos. No ocurre en una esquina, ni de noche, ni en un lugar inseguro. Ocurre en el living de una casa, frente a un celular, en la intimidad de lo cotidiano. Por eso duelen tanto.
El ministro del Interior fue claro en su comparecencia ante la Comisión de Seguridad del Parlamento: las estafas digitales son el delito con mayor crecimiento en Uruguay. De 1.270 denuncias en 2013 se pasó a 25.768 en 2023. Un aumento de más del 1900 % en una década. Y lo más grave es que no se detienen: se reinventan, se camuflan, se profesionalizan.
Las razones del aumento son múltiples, y es importante comprenderlas para poder enfrentarlas.
Por un lado, cada vez circula menos dinero en efectivo en la calle, lo que ha llevado a que el delito tradicional (la rapiña, el hurto, el robo directo) empiece a migrar hacia el espacio digital. El crimen va donde está el dinero, y hoy el dinero está en la red.
A esto se suma la expansión acelerada de la tecnología: los celulares inteligentes, las transferencias electrónicas, el uso de aplicaciones y redes sociales para compras, ventas o contactos cotidianos. Todo eso, sin acompañamiento educativo suficiente, se vuelve un terreno fértil para el engaño.
Y, finalmente, hay que decirlo: las organizaciones criminales también se modernizaron. Muchas de estas estafas son realizadas desde cárceles, incluso desde el extranjero, por bandas organizadas con capacidad tecnológica, logística y hasta financiera. El Ministerio habló de crimen transnacional: grupos que operan desde el exterior, y que logran vulnerar a personas en todo el país.
Las modalidades son cada vez más variadas y difíciles de detectar. Por eso es clave informar y educar, explicar con claridad para prevenir. Algunos de los tipos más frecuentes de estafas digitales son por medio de correos electrónicos o mensajes de texto falsos que simulan ser de bancos o entes del Estado (donde se pide hacer clic en un enlace o brindar datos personales), llamadas telefónicas donde los estafadores se hacen pasar por funcionarios del banco o por familiares en una situación de urgencia., robo de cuentas de WhatsApp a través de mensajes engañosos o links, fraudes por redes sociales o marketplaces (ventas de productos que no existen, alquileres falsos, sorteos fraudulentos) o por ejemplo clonación de voz con inteligencia artificial (uno de los métodos más recientes y peligrosos) donde se clona la voz de un familiar para hacer creer que está en problemas, y lograr que la víctima transfiera dinero rápidamente. Además están las supuestas emergencias médicas o accidentes (llamadas donde se afirma que un familiar está internado o detenido y se necesita dinero urgente) y estafas con créditos inmediatos, inversiones dudosas, páginas falsas, sorteos con letra chica o promesas de premios inexistentes.
El año pasado, en el departamento de San José, tuvimos una experiencia que vale la pena destacar. En una charla organizada en conjunto por la Jefatura de Policía, el Banco República y la Asociación de Jubilados y Pensionistas, trabajamos directamente con quienes más necesitan herramientas para defenderse. Se habló claro. Se respondieron dudas. Se compartieron casos reales.
Fue un ejemplo de cómo deben hacerse las cosas: con coordinación entre instituciones, con cercanía con la gente, con compromiso con la verdad. Porque cuando las políticas públicas se construyen desde abajo, con todos los actores, los resultados son mucho más efectivos.
Educar para prevenir, informar para proteger.
Enfrentar las estafas requiere un enfoque integral. Hace falta una respuesta penal más firme, sí. Hace falta mayor regulación para las plataformas que permiten este tipo de engaños, también. Pero sobre todo hace falta algo más básico y más poderoso: informar, educar, prevenir.
Por eso hemos asumido un rol activo en campañas de información y formación ciudadana. Participamos en instancias de coordinación interinstitucional, proponemos medidas concretas y trabajamos en acercar el conocimiento a la gente. Porque cuanto más sabemos, menos vulnerables somos.
El informe estratégico presentado por el Ministerio del Interior ante la Comisión de Seguridad fue enfático: entre 2020 y 2024 se registraron 19.000 estafas más que en el período anterior. Esto confirma una transformación en el delito: menos violencia directa, más sofisticación digital.
Por eso, el nuevo Plan Nacional de Seguridad Pública 2025–2035 plantea por primera vez una estrategia de mediano y largo plazo para abordar los “delitos complejos” como las estafas digitales. Y lo hace desde una perspectiva clara: la seguridad no puede construirse sin información, sin educación, sin coordinación institucional ni participación ciudadana.
Desde el Parlamento vamos a seguir trabajando para impulsar medidas que refuercen esta línea: más prevención, más coordinación, más protección. Pero también más empatía, más humanidad y más decisión política.
Porque cuando un abuelo entrega los ahorros de su vida engañado por una voz falsa, el problema no es sólo personal: es colectivo. Porque cuando una abuela cree que ayuda a su nieto y en realidad cae en una trampa, no basta con lamentarlo después. La protección tiene que ser compartida, anticipada y presente.
Frente a un delito que crece todos los días, no podemos mirar para el costado. No podemos quedarnos con la reacción. Hay que anticiparse. Hay que actuar. Y sobre todo, hay que proteger.
Porque la seguridad también se defiende cuidando a quienes cuidaron de nosotros.
Nicolás Mesa Waller
Diputado
Espacio 609
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