Divorcio entre la Rendición de Cuentas y la realidad

Bettiana Díaz señaló falta de soluciones para las grandes mayorías debido a una mirada divorciada del Gobierno con la vida de los uruguayos.

La compañera legisladora indicó que la Rendición exhibida por todo el equipo económico esta semana no atiende los problemas de la gente. Ante los diputados, presentaron una mirada triunfalista del crecimiento económico y de los resultados de la gestión que está divorciada de la realidad.

No hay menciones a la desigualdad, indica cumplimiento de reformas estructurales pero la ANEP necesita más fondos para implementar su transformación educativa, hay referencia se habla del crecimiento del salario real pero el objetivo es el poder adquisitivo de 2019.

«Hoy la gente no ve reflejado este crecimiento de la economía, está este discurso de ‘se está solucionando todo’ y sin embargo no vemos un horizonte donde se solucionen los problemas», sintetizó.

Además, hay un montón de financiamiento que hoy está por fuera del perímetro fiscal y que van a generar un peso muy grande de endeudamiento para el próximo Gobierno, como declaró a la prensa.

Por otro lado, la regla fiscal es imposible no cumplirla porque todo el tiempo cambia los valores-meta para el cálculo, por lo tanto cambian a mitad de camino para la estimación del déficit. El Gobierno también aumentó el uso de préstamos no contingentes, como en las inversiones para contener la emergencia hídrica, el rubro vivienda, el desarrollo de obras viales, dijo la compañera.

Cero peso para la educación, otra vez

También cuestionó las prioridades del Gobierno porque nuevamente no presentaron incremento presupuestal para el sector educativo pero aparecen fondos destinados a la organización del mundial de fútbol en 2030.

Esto a pesar de que la matrícula de la Universidad de la República creció en 5.000 alumnos. Es decir que se necesitan fondos para la nueva demanda, para más becas, para la recuperación salarial y, sin embargo, estos renglones no tienen más rubros. Esto, en definitiva, es una forma de hipotecar el crecimiento de la educación terciaria en el interior del país y pone en jaque la implementación de la transformación educativa, algo que estaba entre las prioridades del nuevo Gobierno durante campaña y cuando asumió.