«El diálogo social avanza», escribe Sol Maneiro.

Diálogo Social completó 23 de 26 conversatorios y en noviembre inicia la etapa de intercambios. El proceso, abierto y territorial, recogió insumos sobre jubilaciones y pensiones, infancia, cuidados y protección a personas activas; los aportes se volcarán en cambios a considerar por el Poder Ejecutivo.

El 26 de marzo de 2023, en el parque Idea Vilariño de Montevideo, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, incluyó entre seis prioridades una convocatoria amplia para repensar la protección social del país en las próximas décadas, con el Estado como actor central. La idea venía siendo planteada como eje incluso antes de la campaña que posibilitó el retorno del Frente Amplio al gobierno.

Como antecedente inmediato, en la administración pasada se aprobó una reforma de jubilaciones y pensiones cuyos resultados han sido objeto de críticas. Además, durante esa reforma de 2023 no se discutieron ni se propusieron medidas en áreas sensibles como cuidados, protección a la infancia y mejoras para personas con discapacidad, componentes que también integran la agenda social.

Para canalizar la discusión, el Diálogo Social se organizó con un eje territorial: 26 conversatorios abiertos a toda la población, estructurados en cuatro temas de debate: jubilaciones y pensiones; protección a la infancia; cuidados; y protección a las personas activas. El objetivo fue recibir sugerencias, comentarios, opiniones y propuestas de la sociedad para volcarlas al análisis de cambios específicos que se propondrá al Poder Ejecutivo.

Hasta el momento se realizaron 23 de las 26 instancias previstas, con visitas a todos los departamentos del interior del país. En cada reunión se reiteraron planteos vinculados a dificultades cotidianas: demanda de cuidados para primera infancia y personas adultas mayores, costo social de asumir esos cuidados dentro de las familias y obstáculos para acceder a una jubilación o pensión cuando las trayectorias laborales estuvieron marcadas por vaivenes. Según el enfoque del proceso, se trata de problemas transversales que no se explican por preferencias electorales.

En ese marco, se sostiene que el debate no debe quedar restringido solo a técnicos. La metodología elegida combina participación abierta con ejes temáticos para ordenar la escucha, construir legitimidad y traducir lo recogido en propuestas. La premisa es que la experiencia ciudadana funcione como insumo para priorizar soluciones y no como una instancia meramente consultiva.

Tras tres meses de recorrida por el interior, el Diálogo Social continúa y en noviembre comenzará la etapa de intercambio de propuestas. De esa fase deberían surgir alternativas que apunten a mejorar el día a día de quienes esperan una respuesta del Estado, especialmente en las áreas que quedaron fuera de la discusión de 2023. El compromiso expresado por la fuerza política es avanzar en esa dirección, con el Estado en un rol central y la sociedad representada en el proceso.

Los próximos pasos son culminar los dos conversatorios restantes, ordenar lo recibido y abrir el intercambio de noviembre. De la escucha salimos a la acción: iniciativas concretas para el Poder Ejecutivo, con participación real y foco en lo cotidiano. Los insumos ciudadanos integrarán la base del documento de trabajo. No vinimos a comentar la realidad: vinimos a cambiarla.