El diálogo social necesita de todos, escribe Sol Maneiro

El reciente rechazo de varios partidos de oposición a participar del diálogo social pone en evidencia una contradicción entre el discurso y la acción. Hablan de políticas de Estado, pero no aceptan construirlas con otros.

Hay quienes invocan con entusiasmo las políticas de Estado en los micrófonos, pero cuando llega el momento de asumirlas colectivamente, se bajan del barco. El rechazo del Partido Colorado, el Partido Nacional, el Partido Independiente e Identidad Soberana a participar del diálogo social lo demuestra con claridad.

Este diálogo es una oportunidad concreta para avanzar en acuerdos amplios sobre temas clave: protección a la infancia, sistema de cuidados, jubilaciones, pensiones y derechos de las personas activas. Sin embargo, estos partidos optaron por no sentarse a la mesa, negándose a participar de una instancia plural y representativa.

Es habitual escuchar a dirigentes políticos hablar de la necesidad de construir políticas de Estado en áreas estratégicas como la educación, la vivienda, la seguridad pública o la seguridad social. También lo reclama la ciudadanía, que suele resumirlo en frases como «hay que ponerse de acuerdo en temas centrales». Existe un consenso amplio sobre la importancia de abordar ciertos asuntos con una mirada de largo plazo, que trascienda los ciclos electorales y se sustente en apoyos políticos y sociales sólidos.

En ese marco, la convocatoria al diálogo social fue amplia y clara: partidos políticos, organizaciones gremiales, sindicatos y actores de la sociedad civil fueron llamados a discutir sobre protección social. Lejos de ser una invitación testimonial, la instancia buscó generar propuestas, debatir y construir acuerdos duraderos.

Desde el inicio, los motivos esgrimidos por algunos partidos para justificar la ausencia fueron cambiando. Primero se habló de una subrepresentación de los partidos políticos. Luego, que los temas ya habían sido laudados por la ciudadanía en el plebiscito de 2024. Más tarde, que el Parlamento era el único ámbito legítimo de discusión. La inconsistencia de los argumentos revela que la decisión de no participar fue política, no técnica.

Resulta llamativo que en 2020, cuando se creó la Comisión de Expertos en Seguridad Social mediante la Ley de Urgente Consideración, sí se integraron representantes de trabajadores, empleadores y jubilados. ¿Qué cambió desde entonces? ¿Por qué ahora se descarta el diálogo con actores sociales?

La Constitución de la República, tantas veces invocada, establece que el directorio del Banco de Previsión Social debe incluir representación política y social. A su vez, la Organización Internacional del Trabajo insiste en que las reformas a los sistemas de protección deben surgir de procesos de diálogo social, no exclusivamente parlamentarios. Minimizar la legitimidad de las organizaciones sociales como interlocutores calificados es desconocer estos principios.

El diálogo social convocado por el gobierno deberá presentar sus resultados en junio de 2026. No habrá votaciones ni vetos. Todos los aportes serán considerados como insumos para que el Poder Ejecutivo defina un rumbo. El objetivo es construir, de forma participativa y colectiva, una hoja de ruta para fortalecer la matriz de protección social del país. Y eso implica enfrentar la pobreza infantil, garantizar derechos de cuidado y promover el desarrollo personal y profesional de todas las personas.

Los grandes acuerdos nacionales requieren voluntad política. Implican ceder, escuchar otras miradas y, sobre todo, entender que la democracia no se agota en el Parlamento. Las políticas que perduran suelen nacer del encuentro entre actores diversos.

El desafío es pasar del discurso a la acción y del elitismo al respeto democrático. Porque sentarse a dialogar con las organizaciones sociales no debilita a los partidos: los fortalece.

Sol Maneiro
Diputada
MPP – Frente Amplio