
El senador Daniel Caggiani y la ministra Sandra Lazo reafirmaron la decisión del Poder Ejecutivo y advirtieron sobre la gravedad de las irregularidades detectadas
Durante un cuarto intermedio en la interpelación en el Senado por el caso Cardama, Caggiani y Lazo encabezaron una conferencia de prensa en la que reiteraron el respaldo político a la decisión del Poder Ejecutivo de iniciar el proceso hacia la rescisión del contrato con el astillero Cardama. Ambos subrayaron que el hallazgo de una garantía fraudulenta obligó al Estado a actuar.
«Apoyamos la decisión que tuvo que tomar el Estado uruguayo»
Caggiani fue el primero en hablar y dejó clara la posición del Frente Amplio: «Queremos expresar nuestro apoyo al Poder Ejecutivo en la decisión que tuvo que tomar el Estado uruguayo ante esta situación de flagrancia».
Recordó que Uruguay necesita medios navales modernos y que existe un consenso político histórico: «Todos los partidos políticos coinciden en la necesidad de que existan patrullaje oceánico por parte de las fuerzas armadas».
Pero a la vez advirtió que la información brindada por la ministra dejó abierta una preocupación mayor: «Quedamos preocupados por todas las situaciones irregulares que se dieron en la tramitación de la adjudicación directa, uno de los mayores fraudes de la historia de Uruguay».
Caggiani aclaró que el Frente Amplio no descarta promover nuevas acciones parlamentarias para profundizar en la transparencia y en eventuales responsabilidades políticas de autoridades anteriores.
Lazo: «Este gobierno no gobierna para la foto»
Cuando tomó la palabra, la ministra Lazo agradeció la instancia parlamentaria, pero señaló su sorpresa ante el tono de parte de la oposición. Recordó que la interpelación debía centrarse en un punto preciso: la decisión de iniciar el proceso hacia la rescisión del contrato.
«Voy a parafrasear a nuestro querido referente de la cultura, Alberto Candeau, ´por si algún sordo de esos que no quieren oír…´ explicamos en varias oportunidades por qué se habían iniciado acciones». Lazo remarcó que esa discusión nace de hechos objetivos: «la garantía no existía».
Sobre los cuestionamientos a su ausencia en la conferencia del Presidente, contestó: «Este gobierno no gobierna para la foto, este gobierno gobierna en función de los intereses generales del Estado uruguayo». Y expresó su desconcierto frente a la actitud de algunos legisladores de la oposición: «Pensaba encontrar un cuerpo preocupado por el gran fraude que se le hizo al Estado uruguayo… y encontré una parte que estaba más preocupada por defender los intereses de un empresario».
El proceso hacia la rescisión
Consultada por la prensa sobre la etapa actual, Lazo respondió: «Nunca dije que no estaba decidido, dije que esto era parte de un proceso», y reiteró que la rescisión no opera de forma automática: «no es como un botón que se baja y se dice acá se rescinde el contrato». Además, recordó que el Ejecutivo está trabajando con asesoramiento nacional e internacional, atendiendo tanto al interés del país como a la necesidad de sostener un estándar jurídico impecable.
La renovación falsa y la profundidad del fraude
La ministra confirmó que el nuevo documento enviado por Cardama, una supuesta renovación del aval, también era falso. «Eso no invalida que lo que encontramos al ejecutar la garantía fuera la no existencia de una empresa», dijo. Insistió en que la gravedad del hallazgo obliga al Estado a actuar con firmeza y prudencia: «queremos que sea la justicia la que dirima esto».
El futuro de las OPV
Consultada sobre cómo se avanzará para que Uruguay obtenga patrulleros si se concreta la rescisión, fue categórica: «vamos a contar con patrulleras oceánicas». Pero advirtió que no revelará detalles antes de tiempo: «mi militancia me enseñó que revelar estrategia no es bueno».
Lazo cerró la conferencia recordando qué está en juego: «Aquí el gran estafado es la ciudadanía, son los contribuyentes. No es dinero mío, no es dinero de un gobierno, es dinero de los uruguayos».
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