Siempre que se presenta un llamado a sala se abre una oportunidad para plantear los grandes debates ideológicos que enriquecen nuestra democracia. Habiendo tenido el honor de presenciarlos desde adentro y participar de forma activa en muchos de ellos, sé reconocer el valor del buen debate, mucho más cuando se plantea con altura y buenos argumentos.
La vieja discusión sobre el rol del Estado y su intervención —o no— en la economía nacional no es novedosa. En la búsqueda de igualdad y justicia social, los batllistas entendían al Estado como activo y regulador de la economía, marcando limitantes a la economía de mercado. En tanto, los herreristas pretendían un Estado mínimo, intentando siempre la implementación de políticas desreguladoras. Basta analizar los viejos colegiados blancos y las dos oportunidades que tuvieron de gobernar el Uruguay en la historia reciente, para comprobar estos extremos. Este contrapunto ideológico, que marcó el rumbo de nuestras políticas públicas durante décadas —y más allá de que en el Partido Colorado queda poco y nada de batllismo—, sigue presente en el debate de hoy en día.
Suele decirse que la historia se repite y que los debates siempre son parecidos, más allá de las peculiaridades del momento. En el Uruguay de hoy, la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC) reabre una vieja discusión, recordándonos que la idea de un Estado interventor sigue siendo un punto de controversia. Hoy, el heredero de las mejores tradiciones batllistas es el Frente Amplio.
Entre 1943 y 1973 hubo un intenso debate político sobre la reforma agraria que ocupó un lugar central en la política uruguaya. En ese contexto, durante la década del cuarenta, se creó el INC, que consiguió adquirir miles de hectáreas de campo destinadas a la producción agropecuaria del país. Pero no solo eso, estas fueron dirigidas a quienes no tenían tierra para trabajar, buscando hacer realidad la máxima artiguista de que la tierra sea para quien la trabaja. Nuestro INC se erigió como el órgano rector de las políticas públicas de tierras en el Uruguay, atravesando gobiernos de los más diversos colores.
Pero hoy, ante la compra de un campo estratégico para la producción familiar y el arraigo rural, este debate vuelve a escena. Por un lado, aparecen quienes desconfían de los instrumentos del Estado y entienden que los problemas deben ser administrados por el mercado. Una idea que no ha dejado de fracasar, porque no logra resolver las inequidades históricas que persisten en la sociedad. Del otro lado, la tradición batllista, acompañada por ciertos blancos independientes, hoy defendida por el Frente Amplio, que entiende que la acción estatal es imprescindible para corregir desigualdades y generar oportunidades donde el mercado no llega.
La compra de la estancia María Dolores representa una expresión contemporánea del viejo batllismo: un Estado que no se limita a ser árbitro, sino que actúa como jugador, invierte, planifica y garantiza que la tierra esté al servicio de quienes la trabajan y no de la especulación. Por eso, es una medida que se inscribe en la mejor tradición de políticas públicas que han hecho del Uruguay un país distinto en la región.
Desde nuestra visión ideológica, la tierra es mucho más que un recurso productivo al servicio del mercado, es también un factor para la creación de trabajo y justicia social. Por eso, la compra de María Dolores, en el departamento de Florida, debe ser defendida con argumentos firmes y sin titubeos. Con un valor de compra de 32,5 millones de dólares, y más de 4000 hectáreas en su haber, este predio no es solo un campo: es la oportunidad de impulsar la producción familiar, fomentar el arraigo rural y fortalecer una de las políticas públicas más nobles y transformadoras de nuestro país.
Esta compra, mal que le pese a más de uno, no fue producto de la improvisación ni de un capricho personal. Fue el resultado de un análisis técnico, jurídico y político que consideró la viabilidad productiva del campo, su ubicación estratégica y su potencial para albergar un proyecto tambero que beneficiará a decenas de familias productoras: una idea que proyecta beneficios económicos, sociales y culturales a largo plazo.
Nadie puede negar que nuestro gobierno actuó con transparencia y seriedad. No tomó una decisión apresurada, ya que el INC respaldó su decisión con informes jurídicos externos de reconocida solvencia, que desestimaron cualquier irregularidad y confirmaron la legalidad de la compra. No hay aquí una transgresión de normas, sino la aplicación consciente de una política pública prevista en la Constitución y en la Ley de Colonización.
A diferencia de quienes critican desde una visión meramente contable, el Frente Amplio y el INC entienden que el valor de esta compra no se mide solo en dólares por hectárea. Su verdadero valor radica en la capacidad de generar trabajo genuino, de consolidar un polo productivo lechero en el corazón del país, de evitar que la tierra siga concentrándose en pocas manos y de fortalecer el entramado social rural.
Esta política pública encarna el espíritu fundacional del instituto: democratizar el acceso a la tierra y ponerla al servicio de quienes la trabajan. No hablamos de un negocio inmobiliario, sino de una política redistributiva con profundo sentido social y económico. Nada más ni nada menos que contribuir a revitalizar el sector lechero, que ha sufrido altibajos y que requiere medidas estructurales para garantizar su sostenibilidad.
La producción tambera no solo abastece al mercado interno, sino que también es una de las principales fuentes de exportación del país. Instalar allí a productores familiares permitirá combinar eficiencia productiva con justicia social, diversificando el perfil productivo de la zona y generando empleo directo e indirecto. Además, esta compra es una herramienta de arraigo: cada familia que se instale es una escuela que sigue funcionando, un comercio que se mantiene abierto, un club social que no cierra sus puertas. En definitiva, es vida para el interior profundo del país.
Decir que esto fue un gasto innecesario, como afirmaron algunos, es demostrativo de una postura ideológica. Una visión que desconoce de manera deliberada la importancia que tiene promover el Uruguay productivo. Ese dinero supuestamente despilfarrado, lejos de evaporarse en el aire queda en la tierra, se multiplica en producción y se traduce en trabajo para los uruguayos.
No es una decisión improvisada de entregar dineros públicos a unos pocos privilegiados, sino que, por el contrario, esas tierras seguirán siendo públicas y los colonos deberán pagar una renta por su explotación. Una explotación que va acompañada de un proyecto serio de inversión, que devuelva con creces lo invertido y convierta ese espacio en un polo agrario para un sector con problemas como el lechero.
La estancia María Dolores no es un elefante blanco, como lo etiquetaron desde la oposición, es una herramienta para el desarrollo rural, un acto de justicia social y una muestra de que es posible hacer política pensando en el largo plazo. Por eso debemos defender con ahínco esta compra, que no es otra cosa que una inversión hacia el futuro. Defenderla es defender el derecho a la tierra, es defender la producción nacional, es apostar a un país más justo y solidario.
Charles Carrera Leal
Dirigente político del MPP y Frente Amplio
*Este artículo fue publicado en Posturas, de la diaria, el 14 de agosto
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