Los uruguayos que no llegan a fin de mes ahora deben poner de su bolsillo para acceder a un derecho básico fundamental.
Es claro que un Gobierno no es responsable de una sequía. Pero se perdió la oportunidad de construir la represa de Casupá con todo pronto para avanzar y, además, fue espectador de los efectos del clima en las fuentes de agua uruguayas.
¿Por qué esperaron a esta situación dramática para hacer algo? Lo responde el compañero Pacha Sánchez: durante febrero y marzo estuvieron aguardando las lluvias «para salvarse».
«Las autoridades están en esos lugares para darnos las garantías de que van a cuidar el recurso estratégico», criticó el compañero Alejandro Sánchez este miércoles 17, jornada en la cual fueron interpelados los ministros Robert Bouvier y Karina Rando, de Ambiente y Salud Pública respectivamente.
No llevaron ninguna autocrítica, ninguna respuesta clara. Y los uruguayos más vulnerables deben pensar cómo llegan a fin de mes y, además, cómo llevan a sus hogares agua potable para cocinar a su familia, a sus hijos, o para tomar agua que no les perjudique la salud, o en las mutualistas.
O cómo hacen los bares y restaurantes, pequeños comercios locales, la industria uruguaya, para abastecerse de un insumo fundamental. Para ellos, su producción y sus empleados.
Sánchez dijo que la interpelación avanzó sin autocrítica, con una perorata larga como si Uruguay no estuviera en crisis, como si la gente no consumiera agua con sal, sin saber cómo seguir de aquí a quince días.
El Gobierno no es responsable de la sequía, sí lo es de ser espectador del consumo de las reservas de agua desde octubre hasta ahora, identificó. Había que llegar a un punto límite para que el Gobierno reaccione. «Por qué no se hizo en febrero», reclamó el senador.
Insensible al problema de cientos de miles de uruguayos que no llegan a fin de mes y ahora deben sacar de su bolsilloa sus hijos, para la cocina, para los enfermos, para la producción nacional.
En cambio, escuchamos una perorata larguísima que no propone respuestas claras. Las autoridades quedan bien definidas con aquello de «desidia y poco apego».
El compromiso del gobierno para asegurar el acceso al agua “no es con las empresas privadas, es con la ciudadanía”, aseguró la diputada Julieta Sierra.
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