El Presidente Yamandú Orsi anunció la decisión de rescindir el contrato con la empresa española Cardama S. A. para la adquisición de dos patrullas oceánicas, ante fuertes indicios de fraude y estafa al Estado uruguayo.
En conferencia de prensa realizada en Torre Ejecutiva, el mandatario informó que el Gobierno presentará denuncias ante la justicia civil y penal, luego de constatar graves irregularidades en la garantía de fiel cumplimiento exigida por el contrato.
«Decidí iniciar acciones para rescindir el contrato con la empresa Cardama para la compra de las dos patrullas oceánicas», señaló Orsi, subrayando que el Ejecutivo actuó «para resguardar los recursos del pueblo uruguayo y la transparencia en la gestión pública».
El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, detalló que la garantía presentada por la empresa Cardama fue emitida por Eurocommerce Ltda., una firma con sede en el Reino Unido que, según investigaciones realizadas a instancias del gobierno, no existe en el domicilio declarado y se encuentra en proceso de liquidación. «Todo indica que se trata de una empresa de papel», advirtió Díaz.
La investigación reveló además que Cardama demoró once meses en presentar una garantía válida, pese a que el contrato establecía un plazo de 45 días. Durante ese tiempo, el astillero español realizó siete intentos fallidos de validación.
En este proceso, el Ministerio de Defensa Nacional del gobierno anterior habría aceptado una garantía que no cumplía con los requisitos legales, al no estar traducida, apostillada ni certificada la representación de la empresa emisora.
El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, recordó que la elección de Cardama fue una decisión de la administración anterior y cuestionó la falta de controles: «Se discutió mucho sobre la capacidad de este astillero para cumplir con el contrato. En tres días logramos comprobar lo que no se verificó en años: que la empresa que debía garantizar la obra ni siquiera existía en el domicilio declarado».
Hasta el momento, el Estado uruguayo había realizado tres pagos al astillero, por un total de aproximadamente 30 millones de dólares. El Presidente Orsi ordenó iniciar los procedimientos para recuperar los fondos públicos y determinar posibles responsabilidades administrativas o penales de funcionarios que actuaron en el proceso.
La Ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, y la Vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, también estuvieron presentes durante la conferencia. El gobierno informó que actualmente dos funcionarios de la Armada Nacional se encuentran en España verificando el estado de construcción de las patrullas oceánicas.
El caso abre una nueva etapa en la política de defensa y control de la gestión pública, en la que el gobierno busca reafirmar el compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de los intereses nacionales.
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