Por Alejandro Sánchez
La administración de Lacalle Pou tiene características semejantes al gobierno de su padre: el crecimiento de la economía no es acompañado por la distribución, por tanto crece la concentración y la desigualdad; hay una clara predilección por los “malla oro” y un énfasis en el debilitamiento del Estado, entre otras políticas tan conocidas como nocivas.
Como lo señala el compañero Daniel Olesker en su libro “Crecimiento y exclusión[1], en 1990 se consolidó en Uruguay un modelo económico y social, que denomina LACE: liberal, aperturista, concentrador y excluyente.1 Sus bases conceptuales son la liberalización de la economía, la desregulación de las instituciones públicas, el proceso de concentración económica y de poder, y el achique del Estado.
El actual gobierno de coalición comparte los ejes centrales del modelo LACE y lo está implementando casi como una réplica, con una versión renovada, pero repitiendo las viejas recetas, que tanto daño le hicieron al país y a la vida de las y los uruguayos.
Empecemos por la desigualdad y la concentración. La economía creció 4,4% en el año 2021. La estimación de crecimiento para este año realizada por el equipo económico de gobierno es de 4,8%. De hecho, en 2022 la economía creció un 7.7% con respecto al segundo trimestre del 2021, expansión que se debe “principalmente a los elevados rendimientos alcanzados en la cosecha de soja que comenzó a exportarse durante el trimestre.“[2].
Sin embargo, los salarios y las pasividades continúan cayendo, perjudicando a la mayoría de la población, que sigue perdiendo poder de compra. Como consecuencia de ello, aumentó la pobreza y la brecha entre pobres y ricos.
De las 100.000 personas que cayeron por debajo de la línea de la pobreza en 2020, 66.000 permanecen en esa condición. A su vez, el 10% de la población de mayores ingresos percibe 11,5 veces más ingresos que el 10% más pobre. Otro dato que confirma el aumento de la concentración es que mientras que el PIB crecerá 9% entre 2019 y 2024, la masa salarial crecerá como máximo 5%, es decir, se da una transferencia de riqueza del trabajo hacia el capital.[3]
La desigualdad es una consecuencia lógica de la pérdida de salario real debido a la política salarial impulsada tanto en el sector privado como en el público. A junio de 2022 el salario lleva acumulado una caída de 4.9% respecto al promedio de 2019. Como consecuencia de esta baja, las jubilaciones cayeron un 3,8% real respecto a valores promedio de 2019.
Como decíamos, el PBI creció pero los salarios y las jubilaciones bajaron generando desigualdad y concentración. El mismo fenómeno, idéntico al logrado por el gobierno de Lacalle padre. Pero no es la única similitud, veamos cómo el presupuesto público se redujo impactando en los servicios públicos.
El recorte del presupuesto de la educación es claro: pasó de 5,3% del PBI en 2019 a 4,6% en 2021. En dos años el presupuesto de la ANEP se redujo en 140 millones de dólares. En ASSE se recortaron 70 millones de dólares, 50: en Vivienda, 40: en UdelaR y 40: en INAU. La obsesión por el Estado chico impacta sobre los más necesitados, afectando a aquellos que requieren de lo público para poder satisfacer sus necesidades, ya que el mercado los deja afuera.
La retracción de lo público es acompañada de políticas desreguladoras, que posibilitan que privados ganen fuerza en los mercados y hasta incluso ocupen lugares cedidos por el Estado, aprovechando inversiones realizadas anteriormente por el mismo Estado, permitiendo el aumento de sus utilidades. La máxima liberal del Estado mínimo es funcional a los intereses de los privados. Por un lado, si el Estado no compite, habrá más mercado para los privados. Pero por otro, las inversiones realizadas por el Estado no son desaprovechadas, al contrario, este gobierno le ha cedido a privados parte de los negocios de las empresas públicas y concesiones altamente rentables.
Los ejemplos sobran. La entrega del Puerto de Montevideo hasta 2081. El decreto del Poder Ejecutivo que habilita a cinco cableoperadoras, entre ellas a los cables de los canales 4, 10 y 12, a vender servicios de internet. La pérdida del monopolio de ANTEL sobre la fibra óptica implica entregar la porción de negocios más próspera de la empresa pública. La altísima inversión realizada por ANTEL, cercana a los 1.000 millones de dólares, que está comenzando a recuperar, va a ser compartida con privados que no invirtieron un solo peso en infraestructura.
A su vez, ANTEL firmó un contrato con los canales privados 4, 10 y 12 por tres años, que establece la retransmisión de los contenidos (que emiten gratuitamente) por la plataforma VERA TV, por un monto anual de 1,2 millones de dólares a cada uno, lo que suma un monto de 10 millones de dólares. Vale decir que los usuarios solo pueden consumir los contenidos por celular y a través del uso de datos, no por wifi.
El monopolio de venta de combustibles a ANCAP en puertos y aeropuertos habilitó, indistintamente a todas las empresas que operan en los recintos portuarios, a adquirir no sólo fuel oil sino también alcoholes y carburantes, y ofrecerlo dentro de los puertos administrados por ANP y aeropuertos.
Lamentablemente, no da un artículo para denunciar la extensa lista de resoluciones tomadas por este gobierno a favor de las empresas privadas, comprometiendo el futuro del país y frenando los avances del Estado impulsados con fuerza por las administraciones frenteamplistas.
Pasó la mitad del mandato de Lacalle Pou y las consecuencias de sus políticas no sorprenden. Son las mismas de Luis Alberto. Las mismas de los noventa: los mismos privilegiados, los mismos perjudicados. Un gobierno conservador, que sigue inaugurando obras ajenas y sin visión de futuro. Un gobierno cuyas políticas hacen que el país retroceda, en algunos casos décadas, pero con un aspecto a valorar: un plan comunicacional excelente.
Publicado originalmente en el semanario Voces, el 29 de setiembre de 2022.
[1] Olesker, Daniel; Crecimiento y exclusión: nacimiento, consolidación y crisis del modelo de acumulación capitalista en Uruguay (1968-2000). Trilce, 2001.
[2] Banco Central del Uruguay; Estadísticas y Estudios, Informe de Cuentas Nacionales Trimestrales 2do Trimestre 2022.
[3] Según datos del Banco Mundial, el Índice de Gini de Uruguay en el 2019 se ubicaba en 39, 7, en 2020 se ubicó en 40,2.
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