El Senado aprobó un incremento presupuestal para el Instituto Nacional de Derechos Humanos

El senador Sebastián Sabini explicó los alcances del aumento presupuestal aprobado para el Instituto Nacional de Derechos Humanos, una decisión que, según remarcó, era clave para garantizar la continuidad de funciones esenciales del organismo, en particular la búsqueda de detenidos desaparecidos.

Sabini recordó que el instituto depende institucionalmente del Senado de la República, por lo que el presupuesto requiere mayorías especiales de tres quintos. En ese marco, señaló que los votos del Frente Amplio no eran suficientes por sí solos, lo que hizo necesario alcanzar acuerdos con otros sectores políticos.

Uno de los puntos centrales, explicó el legislador, era que sin la aprobación de un nuevo presupuesto el Instituto no podía continuar con proyectos en curso, ya que varios de ellos, incluída la búsqueda de desaparecidos, estaban financiados con partidas correspondientes a períodos ya vencidos. «No se podía seguir funcionando únicamente con el presupuesto anterior», subrayó.

El incremento aprobado fue de un 15% para el funcionamiento general del organismo, destinado principalmente a cumplir compromisos asumidos con organismos internacionales como Naciones Unidas. Estas líneas de trabajo abarcan áreas como salud mental, discapacidad, infancia y medio ambiente, entre otras. En ese marco, se prevé la creación de siete cargos a partir de 2027, que permitirán sostener y profesionalizar tareas que el instituto ya venía realizando.

En lo que refiere específicamente a la búsqueda de detenidos desaparecidos, el aumento alcanza el 30% y permitirá incorporar un equipo de tres antropólogos, además de un cargo profesional con base en Argentina, dado que aproximadamente el 70% de los casos de personas desaparecidas de Uruguay están vinculados a ese país. Sabini destacó que este trabajo en territorio implica costos adicionales que ahora podrán ser cubiertos.

El senador remarcó que, pese a los cuestionamientos de la oposición, el incrementos es «relativamente pequeño» en el contexto del presupuesto total del Estado, pero tendrá un impacto significativo en la calidad y continuidad de las tareas del instituto. También valoró el apoyo logístico de la Intendencia de Montevideo y la Intendencia de Canelones, así como la actualización de maquinaria contratada por la propia institución.

En cuanto a las críticas sobre una supuesta superposición de organismos vinculados a los derechos humanos, Sabini fue categórico: el Instituto no tiene funciones ejecutivas y cumple un rol específico establecido por ley, recibiendo denuncias de la ciudadanía y actuando como garante frente a vulneraciones de derechos. No obstante, reconoció que es legítimo discutir algunos aspectos de su estructura, como la cantidad de directores, y aseguró que el tema podrá analizarse cuando exista una propuesta concreta.

Finalmente, el legislador rechazó afirmaciones sobre una falta de recursos para la Fiscalía General de la Nación, señalando que en presupuestos anteriores se crearon nuevas fiscalías, una unidad de víctimas y una escuela de fiscales. «No son políticas contradictorias, con complementarias en la defensa de los derechos humanos», afirmó.

Sabini concluyó destacando la importancia del Instituto como una garantía para la ciudadanía, especialmente para quienes no encuentran respuesta en otros ámbitos del Estado. «Es fundamental que existan organismos a los cuales recurrir cuando una persona siente que sus derechos humanos han sido vulnerados», sostuvo.