Hay un intento de Cabildo Abierto para confundir a los uruguayos, pero no hay ninguna norma que habilite a entregar viviendas a discrecionalidad.
Esta semana se conoció por la prensa que una vivienda de dos habitaciones en plena centralidad de la capital montevideana fue entregada a la militante de un partido político, integrante de la fuerza que conduce al ministerio del ramo.
El compañero senador Alejandro Sánchez indicó al tema como un acto de corrupción, un apartamiento de las normas, de la legalidad y de la ética. No existe en nuestra jurisprudencia un texto que habilite la entrega de una vivienda de la forma en la cual se hizo.
Y que una persona tenga características de vulnerabilidad no significa que no participe en los procedimientos oficiales como los sorteos, aclaró. Lo que hay son convenios estrictamente regulados para otros aspectos, con informes y situaciones que respaldan la decisión. No es el caso.
En la vivienda promovida, que es otro tema, se reservan cupos para personas pobres. Pero el otorgamiento de las llaves es por sorteo. Si un secretario de Estado decide otorgar una vivienda a quien quiere, eso es corrupción, definió Pacha.
“Lo que está claro y transparente es que no se puede reservar un cupo de forma antojadiza”, sentenció, y además, afirmó que el Parlamento debe investigar porque la gestión en materia de vivienda “brilla por su ausencia”.
Lo más duro es pensar en una jefa o jefe de hogar que reside en un asentamiento y parece que debe militar en un partido político para acceder a una vivienda digna.
Hoy «parece que los elementos de corrupción del Gobierno van explotando en los distintos ministerios». «El presidente está en un problema, la coalición de Gobierno tiene dificultades ante estos casos; estas cosas no se pueden permitir ni tolerar», concluyó Pacha Sánchez.
Ningún pacto, sino la expresión cabal de cada legislador frente a una solicitud de Fiscalía para levantar el desafuero de un senador acusado de gravísimos delitos.
Los uruguayos que no llegan a fin de mes ahora deben poner de su bolsillo para acceder a un derecho básico fundamental.
Quienes deben garantizar el agua potable se creen con derecho de decirle a la gente qué debe comprar y qué no.
Falta de transparencia, renovación automática y precios muy por debajo del valor del mercado de las telecomunicaciones.
El oficialismo votó una mala reforma jubilatoria que obligará a nuestros futuros viejos a trabajar por más años para ganar menos.
Una entrevista a Pacha sobre los cambios necesarios en seguridad social, acuerdo por el puerto, telecomunicaciones y la construcción de la victoria del Frente Amplio.
