Escándalo en Vivienda: “No hay norma que la ampare”

Cecilia Cairo detalló el mecanismo de convenios por viviendas a personas con vulnerabilidad y lo diferenció con la discrecionalidad con la que se actuó.

La compañera Cecilia Cairo es diputada en el presente período. Pero antes fue edila, coordinó el Programa de Mejoramiento de Barrios, integró la dirección del Plan Nacional de Relocalizaciones y condujo el Plan Juntos.

En diálogo con La Letra Chica, este lunes 8, respondió sobre el mecanismo por el cual se otorgan viviendas a personas vulnerables. Cairo recordó al convenio con ONU referido por la exministra, pero dijo que estaba destinado a las personas con extrema vulnerabilidad familiar, que se analiza bajo dos condiciones: su integración y su situación económica. Para el caso puntual referido por Moreira y que detonó en su renuncia, la situación no ingresaría en los marcos del convenio referido.

“Se actuó en el marco de la discrecionalidad, claramente. No hay norma que la ampare y lo que hizo es incorrecto: no se puede ni debe tener un cupo personal en el cual la ministra define a quién y cómo se va otorgando” una vivienda, explicó la compañera.

Por otra parte, los periodistas explicaron que la ex integrante del gabinete se amparó en un protocolo interno, fechado en agosto de 2022. Pero se supone que un protocolo organiza los trámites. Sin embargo, el documento también define que es la ministra quien tiene la última palabra más allá de evaluaciones técnicas. Fue discrecional.

Las viviendas de la calle Nueva York y Yí, en Montevideo, que son licitaciones del período anterior y que esta semana accedieron a sus llaves, fueron destinadas a un segmento de la población que puede pagar una cuota mensual. No es el mismo público objetivo de las políticas para las personas de mayor vulnerabilidad.

Cecilia Cairo negó categóricamente que en administraciones frenteamplistas se actuara de la misma forma. Las viviendas otorgadas a distintas personas fueron hechas en base a los convenios con Fiscalía, para los testigos protegidos; con Inau, y con el Mides. Los expedientes llegan al Ministerio de Vivienda (un joven que egresa del Inau, un testigo clave de un homicidio) y los organismos son los que solicitan una solución rápida. “Son muchos más de 70”, rememoró Cairo si solamente se computan por los testigos protegidos.

En la mayoría de las ocasiones se subsidiaba el alquiler por dos años, un plazo que le permitía al ministerio encontrar cupos libres para asignar viviendas definitivas. Pero estas familias no pueden pagar un alquiler ya que una de las condiciones era su vulnerabilidad. “Darles una vivienda en alquiler con opción a compra era imposible para ellos”, sintetizó.

El Plan Avanzar del actual Gobierno no inauguró ninguna casa

En el período anterior inmediato fueron inauguradas más de 600 viviendas de madera pero la exministra los presentó como una novedad. También planteó que más de 25 sistemas alternativos fueron aprobados, cuando también se hacía en gobiernos anteriores.

Sobre el Plan Avanzar, Cairo sentenció: “todo lo que ha dicho hasta ahora no es cierto, yo diría que el Gobierno no ha puesto un ladrillo”. Recordó que unos 30 millones de dólares fueron retirados de Colonización para alimentar un fideicomiso de 280 millones de dólares. Luego redoblaron la apuesta por 480 millones de dólares. La rendición de cuentas que se presentará este año dará luz sobre qué pasó con esos recursos, porque “viviendas entregadas o en construcción de este período, no hay”.

La mayoría de los asentamientos que son mencionados por el Gobierno ya estaban en el Programa de Mejoramiento de Barrios del quinquenio anterior. Lo único nuevo será el barrio El Che, en la falda del Cerro. En Canelones, ninguno nuevo. Tampoco en Paysandú. “Lo que nos sucede es que hay grandes anuncios pero no se concretan”.