Ayer en la Cámara de Senadores comenzamos discutir el Proyecto de Ley de Urgente Consideración presentado por el gobierno de la coalición multicolor. La bancada del Frente Amplio votó en contra en general. Como ya hemos sostenido, no hay argumentos que justifiquen el carácter de urgente y menos en momentos de pandemia por el gobierno nos impone un límite de tiempo perentorio para definir cambios sustanciales en más de treinta políticas públicas, cuando las urgencias reales de la mayor parte de la gente pasan por llevar un plato de comida a la mesa como lo ha dejado demostrado la movilización de distintas organizaciones sociales que esta mañana, y durante gran parte del día, se concentraron en la Avenida de Las Leyes y Av. del Libertador.
La Comisión Especial del Senado abocada al análisis de la LUC tuvo alrededor de un mes para escuchar a todos los actores involucrados en el proyecto, lo que implicó que algunas delegaciones tuvieran diez minutos para realizar su exposición. El esfuerzo de las organizaciones sociales, de los actores involucrados en tan diversos temas y el trabajo de las compañeras y compañeros del Frente Amplio han posibilitado la elaboración de un proyecto de ley (un poco) menos malo. Y por otra parte, justo es decirlo, al reflejo republicano de algunos legisladores de la coalición multicolor que propusieron modificativas o quita de artículos. De todas maneras, los cambios que se consiguieron atenúan en algo, pero no logran eliminar los peligros y las regresivas transformaciones que trae este proyecto.
Particularmente, el caso de educación se trata de una ley que modifica la estructura del Gobierno del sistema educativo, que concentra el poder en el Ministerio de Educación y Cultura y en el CODICEN, que lesiona fuertemente la autonomía histórica que ha tenido la enseñanza en Uruguay, que restringe la participación de los involucrados principales, que abre las puertas a la participación privada en el ámbito público y que vulnera gravemente los derechos de los trabajadores de la educación, además de ser inconstitucional en varias de sus propuestas.
El gobierno necesita aprovechar las mayorías que le otorgan esta frágil coalición multicolor. Esa es la real urgencia. Mientras tanto, sin una seria discusión parlamentaria, sin participación de la sociedad organizada y de espaldas a la realidad y las necesidades de la gente, los tiempos legales juegan a favor del gobierno.
“Mi deber como ciudadano y militante político es renunciar y presentarme ante la justicia para dar todas las explicaciones”.
La historia la construyen los de abajo, con el corazón abierto para luchar contra las injusticias sin pedir nada a cambio. Los que construyen el sueño de una patria para todos.
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Por un país que cuida la seguridad y orienta los recursos del Estado a atender lo que debe atender, no para perseguir intereses políticos, expresó Yamandú Orsi.
