
Foto: Presidencia
El presidente Yamandú Orsi anunció la rescisión del contrato con el astillero español Cardama para la construcción de patrulleras oceánicas (OPV), tras constatar incumplimientos contractuales graves vinculados a las garantías exigidas para la entrada en vigor del acuerdo.
Acompañado por la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, y el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, el mandatario fue categórico: la decisión se tomó en defensa de la seguridad nacional, del interés general y de la transparencia en la gestión pública.
«Cuando están en juego recursos públicos y soberanía, no hay margen para improvisaciones», sostuvo.
La decisión se fundamenta en dos incumplimientos centrales:
La garantía de fiel cumplimiento presentada por la empresa resultó inexistente. La documentación entregada tenía carácter falso y la propia firma terminó admitiendo que no existía tal respaldo.
La garantía de reembolso o anticipo financiero tampoco se ajustó a lo establecido en el contrato. El documento en poder del Ministerio de Defensa no era la póliza correspondiente y la póliza real contenía condiciones distintas a las pactadas.
Desde el Ejecutivo se subrayó que estas garantías no son meros formalismos administrativos: son elementos esenciales sin los cuales el contrato no puede entrar en vigor.
El Consejo de Ministros resolvió avanzar en cuatro líneas de acción:
Además, ya existe una denuncia penal por presunto fraude presentada meses atrás, actualmente en investigación por la Fiscalía. Las responsabilidades penales, civiles y administrativas avanzarán en planos independientes.
«El Estado no va a mirar para el costado. Va a reclamar lo que corresponde», remarcó Díaz.
La ministra Lazo fue enfática: en esta administración habrá patrulleras oceánicas.
El gobierno ya trabaja en alternativas con otros países y astilleros. Entre las opciones exploradas figuran Argentina, Colombia, Corea del Sur, India, Francia y España, además de soluciones complementarias como lanchas rápidas para reforzar la vigilancia costera.
El mensaje fue claro: la defensa de la soberanía marítima no se detiene y no quedará condicionada a incumplimientos empresariales.
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