Mientras el discurso oficial identificó al problema del pasaporte a Sebastián Marset como un tema administrativo, la revelación de las conversaciones por mensajería de celular confirmaron que las autoridades de dos ministerios conocían la peligrosidad del hoy prófugo.
Es que la renuncia de la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Ache, termina por confirmar parte de las afirmaciones que la izquierda sostuvo en las últimas semanas. El compañero Daniel Caggiani añadió en diálogo con la prensa: «No se le puede poner todas las fichas de la responsabilidad a una integrante de la Cancillería. Hay más responsabilidades de orden político y penal. Los ministros (de Interior y Relaciones Exteriores) y el subsecretario de Interior», agregó.
«Que el propio Ministerio de Interior ayude a la Policía paraguaya a investigar a un narcotraficante y al mismo tiempo le dé un aval, que es el pasaporte, para salir de una cárcel y que hoy se encuentre prófugo, sin duda es una contradicción importante», añadió el compañero senador.
Para él, este este tema amerita una convocatoria al Parlamento de las autoridades gubernamentales.
«Es muy extraño que el presidente de la República siga respaldando a las autoridades nacionales y al mismo tiempo una tenga que presentar renuncia porque su propio grupo político no la apoya. Este no es un caso cerrado. Hay más información para recibir», finalizó.
Inconstitucional, arbitraria y antidemocrática definición sobre la ley de Casa de Galicia, con una forma de incorporación de artículos a estudio de constitucionalistas.
Se retira de la vida parlamentaria el senador Enrique Rubio. El desafío de la militancia lo encontrará codo a codo al lado de las causas populares.
“No hay nadie que esté en contra salvo el presidente de la República aparentemente”, dijo el senador Daniel Caggiani.
La casa de la democracia no pudo debatir los ribetes políticos del caso Marset impedido por el voto del oficialismo, cuando su tarea es discutir la conducta de sus gobernantes.
Sin empleo, subsidio ni cobro de adeudos tras el cierre de Casa de Galicia, un proyecto de ley otorga soluciones parciales a los derechos de los trabajadores.
Oscuras horas atraviesa la república tras conocerse que el aparato estatal fue utilizado para perseguir a las víctimas del caso Penadés y espiar legisladores.