Inés Cortés: «Proteger a las infancias es proteger la democracia, la paz social y el futuro del país».

La Diputada Inés Cortés presentó un proyecto de ley con el objetivo de proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes frente a la violencia. La propuesta busca dar una respuesta estructural y urgente ante el aumento y la diversidad de las formas de violencia que afectan a la infancia y la adolescencia en Uruguay.

Según explica Cortés en la exposición de motivos, la iniciativa nace a raíz de actos alarmantes: solo en 2024, el Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia (SIPIAV) intervino en casi 9.000 casos de violencia infantil, con un promedio de 24 situaciones por día, la mayoría cometidas dentro del núcleo familiar. Por ello, el proyecto plantea «superar los vacíos legales actuales y garantizar una protección integral, reconociendo nuevas formas de violencia como la vicaria, digital y comunitaria».

Modificaciones legales

Entre sus principales disposiciones, la propuesta establece como homicidio muy especialmente agravado el filicidio, definido como aquel que se comete «contra un hijo o una hija, o contra una eprsona bajo guarda, tutela o cuidado, con el propósito de causar daño, sufrimiento o menoscabo a su madre, padre o al otro progenitor, en el contexto de la violencia basada en género o doméstica».

Asimismo, el proyecto realiza modificaciones a los artículos 4 y 8 de la Ley N° 20.141 de Tenencia Compartida y propone derogar el artículo 15. El artículo 4 es el que habilita al juez a mantener la tenencia compartida y las visitas incluso cuando existan medidas cautelares contra uno de los progenitores. Esta nueva ley busca prohibir la revinculación forzada con progenitores o familiares agresores. En tanto, el artículo 8 establece sanciones para el progenitor que haya incumplido el régimen de visitas y habilita a que la otra parte acuda al juez, quien podrá obligar a la entrega por parte del que reclama.

Fortalecimiento institucional y nuevas garantías

El proyecto tambien propone fortalecer el SIPIAV y crear un Comité Interinstitucional «que asegura coherencia y eficacia en la implementación de políticas públicas referidas a niños, niñas y adolescentes». Además, obliga al Estado a destinar recursos financieros, técnicos y humanos suficientes, así como a garantizar formación especializada para actores de salud, educación, justicia y seguridad.

La propuesta incorpora nuevos derechos para las víctimas de violencia, como «atención integral gratuita, reparación de daños, protección inmediata y continuidad educativa». Por otra parte, refuerza la protección digital, estableciendo obligaciones para plataformas y proveedores de servicios de internet de retirar contenidos violentos o abusivos y promover entornos digitales seguros, e introduce medidas frente a la violencia comunitaria, promoviendo «planes locales de prevención, corredores de seguros y participación barrial de niñas, niños y adolescentes».

«La violencia hacia la niñez no es un hecho aislado»

En su exposición de motivos, Cortés afirma que «la violencia hacia la niñez no es un hecho aislado, sino una realidad estructural que el Estado debe enfrentar con urgencia». Asimismo, expresa que «proteger a las infancias es proteger a la democracia, la paz social y el futuro del país», y apunta a erradicar la naturalización de la violencia en la vida cotidiana «mediante prevención, sensibilización social y educación en el buen trato».