«Infancias: un compromiso que no puede esperar». Escribe Charles Carrera

Hace tiempo que vengo reflexionando sobre un tema que me conmueve profundamente y que, como país, ya no podemos seguir postergando: la infancia. No hay proyecto nacional posible si seguimos fallándole a nuestros gurises.

El economista y premio Nobel James Heckman se dedicó a investigar el impacto de invertir en la primera infancia. Heckman demostró que la inversión en las primeras etapas de la vida tiene una muy alta tasa de retorno, la que además resulta ser siempre superior a las que se alcanzan en otros períodos de la vida de los individuos. La etapa del nacimiento hasta los tres años es decisiva, no solo para el desarrollo individual de cada niño o niña, sino también para el futuro de toda la sociedad. Cada dólar invertido en esa etapa se multiplica. No es un gasto: es la mejor inversión que puede hacer un país. Y en Uruguay, donde aún cargamos deudas históricas con nuestra niñez, asumirlo es una obligación ética y estratégica. 

Según el último estudio del INE sobre la estimación de la pobreza por el método del ingreso alrededor del 30 % de los niños en Uruguay son pobres, lo que significa que uno de cada tres vive en hogares pobres. La pobreza infantil es aproximadamente el doble que la de la población adulta y se ha mantenido en esa proporción durante décadas, de forma estructural. UNICEF ha señalado que Uruguay ocupa el lugar 37 de 40 entre países de ingresos altos y medios-altos en cuanto a pobreza infantil.

Estos números no son meras estadísticas, son infancias marcadas por carencias, con consecuencias directas en la educación, la salud y el desarrollo futuro de miles de niñas, niños y adolescentes. Más de la mitad de los hogares pobres enfrentan inseguridad alimentaria, muchos niños crecen en viviendas con carencias estructurales o asentamientos irregulares, y esas condiciones limitan desde el nacimiento sus oportunidades presentes y futuras.

En este sentido, todavía celebro que el año pasado el país haya dado un paso sustancial con la aprobación de la Ley n.º 20.376, que crea garantías para la primera infancia y adolescencia, impulsada por la compañera Cristina Lustemberg. Esta norma establece a la primera infancia como política de Estado, no de gobierno de turno, lo que asegura respaldo legal, sostenibilidad política y financiera, cobertura nacional y estándares de calidad.

En esa dirección, el Proyecto de Ley de Presupuesto del gobierno actual pone a las infancias y adolescencias como uno de sus ejes fundamentales. Asignar recursos, priorizar políticas y planificar a largo plazo es la forma concreta de transformar desde la raíz la vida de miles de uruguayos y uruguayas.

El Comisionado Parlamentario para la Niñez y la Adolescencia: una herramienta clave para transformar el compromiso en acción.

Ese logro abrió la puerta a nuevas herramientas que profundicen la defensa de derechos. En esa línea se inscribe el proyecto de la senadora Blanca Rodríguez, que propone la creación de un Comisionado Parlamentario para la Niñez y la Adolescencia. No como superposición, sino como complemento indispensable.

Con esta figura, el Parlamento no solo crea un espacio de defensa de derechos, sino que asume un rol de contralor directo sobre las políticas públicas dirigidas a la niñez y la adolescencia. Esto es fundamental, porque esas políticas no pueden depender de la sensibilidad de un gobierno u otro, sino que deben consolidarse como políticas de Estado, sostenidas en el tiempo, con recursos, coordinación interinstitucional y mecanismos de rendición de cuentas.

Uruguay tiene la oportunidad histórica de hacer que las infancias y adolescencias dejen de ser la estadística más dolorosa y se conviertan en la prioridad más firme de nuestro proyecto nacional.