La tierra para quien la trabaja

«Yo pregunto a los presentes, si no se han puesto a pensar, que la tierra es de nosotros y no del que tenga más» ( A desalambrar, Daniel Viglietti).

Si algo viene de los albores de nuestra historia como nación es, justamente, el problema de la tierra. Me viene a la memoria el viejo Reglamento Provisorio de la Provincia Oriental para el Fomento de la Campaña y Seguridad de sus hacendados, que el mismísimo José Gervasio Artigas promovió en 1815, cuando nuestra tierra soñaba y forjaba la Patria Grande. Revolución traicionada y luego reivindicada —demasiado tarde— por la historia oficial del Uruguay. Demasiado tarde, porque luego de que Artigas vuelve a ser reivindicado por la historiografía nacional, poco quedaba de su ideario verdadero. Pero eso es harina de otro costal. 

Me atrevo a afirmar que en la esencia del pueblo siempre estuvo presente el problema de la tierra. Fuimos tierra productiva mucho antes de ser una nación, cuando logramos impulsar nuestro proceso de modernización a fines del siglo XIX nos plantamos ante el mundo como un país proveedor de materias primas, donde el campo jugó uno de los roles primordiales en nuestro sistema productivo. 

Por eso, en el Uruguay, la tierra no es solo un pedazo de campo: es raíz, es trabajo, es hogar. Y eso lo entendió muy bien nuestro presidente Yamandú, respaldando con hechos concretos una política de acceso justo. La compra reciente de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC) fue una señal clara: la tierra y el trabajo siguen siendo una prioridad fundamental.

No llama la atención que ciertas voces se planten en contra: muchas de estas voces defienden un esquema de concentración de la tierra; muchas de estas voces creen que la tierra debe estar en pocas manos, porque no la consideran un instrumento para el progreso social. Nosotros sí, porque en nuestra esencia está forjar un país productivo y solidario, donde el trabajo sea la llave del progreso social.

La estancia María Dolores, departamento de Florida, tiene más de 4.400 hectáreas y fue adquirida por 32,5 millones de dólares. En esa estancia no va a haber lugar para latifundios y manejo especulativo de la tierra, habrá familias trabajadoras que podrán producir, vivir y formar una comunidad de trabajo. ¿Eso les molesta tanto? No les molestaba la entrega del puerto promovida por la oligarquía nacional a una familia extranjera —contraria al interés nacional—, pero si les molesta utilizar la tierra con fines sociales…

No sorprenden sus detractores porque sabemos a quienes defienden. Pero debemos entender el contexto de esta compra que forma parte de un compromiso más grande, que es el de incorporar 25.000 hectáreas nuevas durante este período de gobierno. Es la forma de revertir el desfinanciamiento que sufrió el INC en años anteriores y volver a poner la tierra al servicio de los más necesitados.

Yamandú lo dijo bien claro: la tierra no puede tratarse como cualquier mercancía; tiene un valor social, cultural y estratégico que exige políticas públicas firmes. Y Colonización es, desde hace décadas, una de esas políticas. Porque cuando el Estado interviene para garantizar el acceso a la tierra está apostando a un modelo de desarrollo inclusivo, justo y con raíces profundas.

Desde que nació, el INC ha sido una herramienta clave para que miles de familias rurales puedan echar raíces. Es mucho más que repartir campos: es crear oportunidades con sentido, criterio y justicia social.

Allí donde hay tierra adjudicada con sentido social, hay trabajo genuino, hay arraigo, hay comunidad. Colonizar implica brindar oportunidades con cabeza, con ideas, con planificación. Es apostar a que haya gente en el medio rural, que trabaje, que se organice, que le dé vida a ese Uruguay profundo que muchas veces ha quedado en el olvido.

Pero los tiempos cambian y las necesidades también. Colonización tiene que actualizarse. Hay tierras que siguen sin usarse, trámites lentos, llamados públicos que no siempre llegan a quienes más los necesitan. Hay que hacerlo más ágil, más claro, más justo. Tiene que ser moderno, transparente y adaptado a los nuevos desafíos productivos y sociales.

También es clave que el INC no dependa del partido político de turno. Tiene que ser una política de Estado que no se desarme con cada cambio de gobierno. Y, además, en su dirección tienen que estar representadas más organizaciones del campo, no solo una. Cuantas más voces se escuchen, mejor se va a trabajar. La representación debe reflejar la diversidad del campo uruguayo.

La tierra no puede ser un lujo para unos pocos, debe que ser una herramienta para que más gente pueda vivir con dignidad. Defender Colonización es defender un modelo de país donde el campo no se vacía, donde se trabaja con esperanza y se construye comunidad.

El camino que tomó Yamandú con la compra de la estancia en Florida es un ejemplo de lo que se puede hacer cuando hay voluntad política y sensibilidad social. Hay que seguir por ahí. Porque la tierra, cuando está en manos de quien la trabaja, hace patria y hace futuro.

Hoy más que nunca, tenemos que defender al Instituto Nacional de Colonización. Porque sin justicia en el acceso a la tierra, no hay justicia social posible. Y porque el Uruguay que queremos se construye desde la base, desde el territorio, con manos que trabajan, sueñan y se quedan para construir futuro.

Charles Carrera Leal
Dirigente político del MPP y Frente Amplio