La diputada Margarita Libschitz presentó un proyecto de ley que busca fortalecer los mecanismos de cumplimiento de la obligación alimentaria, con el objetivo de asegurar que niñas, niños, adolescentes y personas mayores con discapacidad accedan efectivamente a la pensión que les corresponde.
La iniciativa parte de un diagnóstico contundente: las herramientas actuales no alcanzan. Pese a los avances introducidos en el Código de la Niñez y la Adolescencia y en las leyes 17.957 y 18.244, el incumplimiento de las pensiones alimenticias sigue siendo elevado, lo que genera situaciones de vulnerabilidad económica en los hogares a cargo del cuidado diario.
«El incumplimiento no es solo un incumplimiento legal, es una forma de violencia económica que impacta directamente en el bienestar y el desarrollo de niñas, niños, adolescentes y personas mayores con discapacidad», expresa la exposición de motivos, que enmarca la propuesta como un asunto de justicia social y de garantía de derechos fundamentales.
Más herramientas y más coordinación
El proyecto se apoya en los principios de la Convención de los Derechos del Niño, que obliga a los Estados a asegurar el pago de la pensión alimenticia independientemente del lugar de residencia del responsable. También se apoya en el interés superior del niño y en el deber estatar de asegurar prestaciones efectivas.
Con ese marco, la iniciativa propone pasar «de un sistema meramente declarativo a uno más efectivo», que permita al Estado actuar con herramientas [agiles y coordinadas para garantizar el cumplimiento de las sentencias y convenios alimentarios.
Los ejes principales del proyecto son cuatro>
Según la exposición de motivos, estos instrumentos buscan consolidar «una red de control social, judicial y administrativo» que funcione como incentivo efectivo para el cumplimiento.
Cambios legales propuestos
El proyecto incorpora y modifica diversas disposiciones:
Un nuevo estándar para cumplir con los derechos de infancia
La propuesta subraya que la falta de pago de la pensión alimenticia, y especialmente su persistencia, vulnera directamente el derecho a un nivel de vida adecuado, reconocido por la Convención de los Derechos del Niño. Por eso busca que el Estado y las instituciones del sistema financiero y administrativo actúen como garantes de ese derecho.
De aprobarse, el proyecto significaría un cambio estructural en la forma en que Uruguay controla y sanciona el incumplimiento alimentario, avanzando hacia «un sistema más justo, eficaz y solidario».
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que modifica los impedimentos para contraer matrimonio en el Código Civil, una iniciativa […]
Pelota al Medio a la Esperanza (PAM) es un programa del Ministerio del Interior que aborda la seguridad pública desde […]
La senadora Blanca Rodríguez analizó la extensa presentación realizada por las autoridades de la ANEP ante la Comisión de Presupuesto […]
El senador del Frente Amplio se refirió a los recientes hechos de violencia ocurridos en el Instituto Nacional de Rehabilitación […]
¿Por qué escribir? A veces una se hace preguntas simples para respuestas difíciles… Siempre mezclo realidad y sentimiento, porque es […]
El senador Daniel Caggiani expresó la «profunda preocupación» de la bancada frente al último atentado ocurrido en el Instituto Nacional […]
