Estamos en presencia de un gobierno apurado por resolver asuntos que perfectamente podrían ser tratados en la próxima administración. Escribe, Charles Carrera.
Cuando un comercio está por cerrar o se acerca un cambio de temporada nos topamos con el cartel de «liquidación». Esta típica escena que suele darse en los locales comerciales pareciera haberse trasladado a la Torre Ejecutiva.
Estamos en presencia de un gobierno apurado por resolver asuntos que perfectamente podrían ser tratados en la próxima administración.
A un mes de que asuma Yamandú Orsi el gobierno decide presupuestar a 481 personas de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). Más allá de que pretenden justificarse afirmando que el 84% de los funcionarios realizan tareas asistenciales, no existe un motivo real que torne inminente semejante decisión.
Lejos de una actitud prudente como sería permitirle a la administración entrante fijar con libertad sus prioridades estratégicas deciden embretarla, al comprometer la capacidad del próximo gobierno para reorganizar y redirigir los recursos humanos de ASSE.
Todo se vuelve más llamativo cuando aparecen en la lista personas de confianza del gobierno saliente. En la mencionada presupuestación pudimos identificar a 79 personas vinculadas al oficialismo, entre ellas, el fotógrafo encargado de la imagen oficial del presidente, que forma parte del equipo de comunicación de ASSE desde 2020.
El caso Arazatí es de particular gravedad, no solo por las dimensiones del proyecto y el dinero que está en juego, sino porque la futura administración fue muy clara al expresar su más firme oposición. El momento elegido para concretar el acuerdo resulta muy inoportuno y no permite al nuevo gobierno evaluar el proyecto de acuerdo a sus propias prioridades y perspectivas técnicas.
Lamentablemente, se desoyeron los pedidos realizados por el Frente Amplio; en particular, Orsi le expresó a Lacalle su discrepancia con la decisión tomada a tan poco del cambio de gobierno.
Esto sumado a la falta de una discusión amplia y transparente en torno al impacto social, ambiental y financiero del proyecto, lo que ha llevado a reclamos judiciales de parte de colectivos que entienden que los daños que le generarán al país en materia ambiental serán irreversibles.
Estas acciones generan una sombra de dudas sobre la ética y la prudencia política que deberían guiar cualquier transición responsable, pero eso pareciera importarles poco.
Charles Carrera Leal
Dirigente político del MPP y Frente Amplio
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