A pesar de los asuntos pendientes que dejó el gobierno anterior, esta administración buscará hacerse cargo.
Varios asuntos ocupan la agenda del Ministerio de Transporte y Obras Públicas que conduce Lucía Etcheverry. En diálogo con M24, la compañera detalló las situaciones y subrayó que el objetivo será recuperar el rol de planificación de esta cartera y enfrentar este escenario complejo.
Arbitraje internacional por una deuda millonaria
A 48 horas de asumir, el consorcio Grupo Vía Central presentó un arbitraje internacional contra el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) por deudas que ascienden a unos 160 millones de dólares. Así comenzó la gestión de Lucía Etcheverry al frente de la cartera, según comentó al inicio de la entrevista.
Como ejemplos, dijo que la administración saliente inauguró una obra y asumió compromisos con la empresa sin prever los fondos necesarios para cumplirlos, ni en el presupuesto del MTOP ni en el del Ministerio de Economía y Finanzas.
Infraestructura nacional con visión de futuro
Como ejemplo de la falta de planificación, mencionó la postergación del mantenimiento de rutas prioritarias —como las rutas 1, 3, 5 y la Interbalnearia—, muchas de las cuales necesitan tratamiento urgente.
El cambio de rumbo que quiere imprimir Etcheverry es que “el ministerio recupere el rol planificador que le corresponde”, porque “el Estado debe fijar el rumbo estratégico” y trabajar con los organismos públicos y los privados.
El tren es del país
“El tren no es de UPM, es del país”, subrayó Etcheverry, y agregó: “Lamentablemente, durante el período pasado no se entendió que este no era un proyecto del Frente Amplio, sino un proyecto nacional”. Reafirmó que el desarrollo ferroviario debe ser aprovechado por otras cargas y operadores, para movilizar la economía y generar oportunidades a lo largo del territorio. “Las administraciones están de paso; el país, no”, sentenció.
Recuperar el rol del Estado como planificador
Con 200 millones de dólares ya comprometidos en contratos PPP y CREMAF —muchos firmados a días del cambio de gobierno o sin completar los trámites necesarios—, Etcheverry insistió en que la prioridad hoy es saber a fondo qué ocurrió en el ministerio. “Lo que debía el gobierno saliente a la Corporación Vial del Uruguay rondaba los 55 millones de dólares”, ejemplificó.
Desde su visión, el cambio de rumbo implica que el ministerio “recupere el rol planificador que le corresponde”, porque “el Estado debe fijar el rumbo estratégico y trabajar articuladamente con los organismos públicos y privados”.
Infraestructura nacional con visión de futuro
Como ejemplo de la desplanificación, mencionó la postergación del mantenimiento de rutas prioritarias —como las rutas 1, 3, 5 y la Interbalnearia—, muchas de las cuales necesitan tratamiento urgente. “Hay una visión que debe volver: la infraestructura como herramienta para el desarrollo nacional, no como negocio de corto plazo”, dijo.
Transparencia en el puerto y defensa de la soberanía
Sobre el acuerdo entre el Estado y Katoen Natie por la concesión del puerto de Montevideo —que derivó en un litigio internacional impulsado por Montecon—, Etcheverry aseguró que existen posibilidades de alcanzar acuerdos. “Primero, porque Uruguay nunca perdió un arbitraje. Segundo, porque hay receptividad en las conversaciones”.
Con respecto a la empresa belga, socia de Terminal Cuenca del Plata, señaló que el ministerio solicitó la programación de las obras comprometidas, aún no ejecutadas. El contrato prevé desde multas hasta causales de rescisión, pero la ministra fue clara: “No se resuelve de la noche a la mañana. Lo que necesitamos es la fundamentación documentada”.
Finalmente, advirtió que esta situación se monitorea muy de cerca, ya que hay trabajadores uruguayos y extranjeros que hoy enfrentan incertidumbre por la falta de obras. “La defensa del interés nacional también se expresa en la defensa del trabajo y de la transparencia en cada paso”, concluyó.
El gobierno recibe a Ancap con 118 millones de dólares de pérdida y más de 200 millones de dólares por endeudamiento.
Luego de un extenso proceso judicial, en el que agotamos todos los caminos institucionales posibles para que la fiscal del caso reconsiderara su postura inicial, nos vemos en la necesidad de tomar nuevas acciones.
Cecilia seguirá militando, como siempre, por transformar la vida de las y los más jodidos de este país.
Hoy Cecilia explicó su situación, pidió disculpas y se comprometió a trabajar para subsanar un asunto que es personal.
El escenario es bastante más complejo de lo que imaginábamos: recibimos una compleja herencia, que contradice el discurso oficial del gobierno anterior.
"Este presente, montevideanos y montevideanas, lo empezábamos a construir en 1985, hace cuarenta años."
