Tras un año de solicitar repetidamente los estudios de impacto para analizar un posible ingreso de Uruguay al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, porque fue declarada reservada por la cancillería, los documentos se filtran a la prensa.
Con esta revelación de documentos en medios de comunicación, nos enteramos de algunos aspectos centrales del Acuerdo Transpacífico, como lo relacionado a la propiedad intelectual y de patentes, además de la liberalización de aranceles y sobre empresas públicas en competencia con el sector privado.
“Hay que tener un poco más de criterio, tranquilidad y precisión en estos temas porque puede resentir el comercio regional”, pidió el compañero Daniel Caggiani en rueda de prensa.
Los laboratorios nacionales ya advirtieron sobre los riesgos para el acceso a los medicamentos que la población uruguaya necesita. En especial los más pobres, porque uno de los efectos sería el aumento de los precios.
Para el senador, estos anuncios son “manotazos de ahogado” que implican problemas de relacionamiento con los restantes países que integran el Mercosur, que ya está resentida por la intención de firmar un acuerdo de libre comercio con China sin consultar a los socios del bloque.
Inconstitucional, arbitraria y antidemocrática definición sobre la ley de Casa de Galicia, con una forma de incorporación de artículos a estudio de constitucionalistas.
Se retira de la vida parlamentaria el senador Enrique Rubio. El desafío de la militancia lo encontrará codo a codo al lado de las causas populares.
“No hay nadie que esté en contra salvo el presidente de la República aparentemente”, dijo el senador Daniel Caggiani.
La casa de la democracia no pudo debatir los ribetes políticos del caso Marset impedido por el voto del oficialismo, cuando su tarea es discutir la conducta de sus gobernantes.
Sin empleo, subsidio ni cobro de adeudos tras el cierre de Casa de Galicia, un proyecto de ley otorga soluciones parciales a los derechos de los trabajadores.
Oscuras horas atraviesa la república tras conocerse que el aparato estatal fue utilizado para perseguir a las víctimas del caso Penadés y espiar legisladores.