Neptuno no va, San José respira

Cuando el edil del Partido Nacional, afirmó públicamente: “Estoy más feliz que si hubiese sacado el 5 de oro”, y felicitó al gobierno del Frente Amplio, no lo estaba diciendo por simpatía política, sino porque representa lo que se vive en San José: esa mezcla de alivio, justicia y esperanza reconquistada.

La noche en que se confirmó públicamente que el Proyecto Neptuno no iba a seguir adelante, los mensajes no paraban de llegar. Eran vecinos, vecinas, productores, militantes, técnicos, ambientalistas, que durante años habían peleado contra un proyecto que sentían injusto, riesgoso y ajeno a las necesidades del territorio.

Ya desde los días previos, cuando comenzaron a circular los primeros rumores, la esperanza había empezado a asomarse. Pero fue esa noche, tras la conferencia de prensa oficial, que en muchos hogares de San José y de otras partes del país la noticia se festejó con emoción. “Se gritó como un gol”, decían algunos. Como quien, después de un difícil  partido, por fin puede respirar. Esa noche, mucha gente durmió más tranquila. Porque lo que estaba en juego era serio: el agua, la tierra, la vida.

La definición de no construir la planta potabilizadora en Arazatí no es apenas una medida técnica: representa una restitución política, una reparación ambiental y una reivindicación territorial. En San José, esta decisión fue recibida con alivio, con orgullo y con esa dignidad que solo proviene de la verdad defendida con tenacidad.

Lo que hoy celebramos no es una victoria sobre alguien, sino el resultado de un proceso colectivo y sostenido. Desde que en 2020 comenzaron a circular los primeros rumores sobre la reactivación del Proyecto Neptuno, se fue gestando una respuesta organizada. Organizaciones sociales, grupos ambientalistas, productores rurales y habitantes  del departamento comenzaron a movilizarse. Lo hicieron con serenidad y respeto, pero con firmeza. Advirtieron, con argumentos técnicos y sentido común, que el proyecto ponía en riesgo el acuífero Raigón —una fuente clave para el abastecimiento de agua en el sur del país—, amenazaba tierras altamente productivas y comprometía el derecho al agua segura de comunidades enteras.

Esa conciencia floreció, creció y se fortaleció. Se realizaron jornadas informativas, charlas abiertas; se compartieron informes científicos; se presentaron pedidos de acceso a información pública; se alcanzó una síntesis de demanda territorial. La resistencia pasó de lo disperso a lo organizado. Y emergió una unidad ciudadana que atravesó generaciones, banderas y profesiones. Porque cuando está en juego el agua, no hay división posible.

Nuestra fuerza política, el Frente Amplio, estuvo siempre. Estuvo en el territorio, en el Parlamento, en las comisiones, en la calle. Desde el principio acompañamos los reclamos, canalizamos la información, dimos la batalla política e institucional. Lo hicimos con seriedad, con argumentos, con compromiso. Y lo hicimos junto a la gente.

Y cuando llegó el momento de asumir el gobierno, estuvimos a la altura. La firma del contrato por parte del gobierno saliente había generado una situación muy compleja: un esquema de obras adjudicado, con cláusulas comprometedoras, y con un trazado de proyecto ambientalmente inviable. Un problema mayúsculo, heredado, que parecía no tener solución.

Pero el nuevo gobierno optó por enfrentar la realidad . Con responsabilidad, creó un equipo negociador encabezado por el secretario de Presidencia Alejandro “Pacha” Sánchez, el ministro de Ambiente Edgardo Ortuño y el presidente de OSE Pablo Ferreri, acompañados por un equipo técnico potente. Durante tres meses evaluaron cada cláusula contractual, cada informe técnico, cada riesgo ambiental y cada posibilidad de alternativa viable. Y simultáneamente escucharon al territorio, a la academia, a las organizaciones sociales, a los productores, a los vecinos de San José.

El resultado es nítido y transformador: no habrá planta en Arazatí. No habrá polder sobre tierras productivas, ni peligro sobre el acuífero Raigón. En su lugar se fortalece el sistema hídrico: se construye una nueva planta en Aguas Corrientes, se rehabilita la quinta línea de bombeo, se construye la represa de Casupá y se optimiza la red de abastecimiento. Se respeta la Constitución, se reafirma la gestión pública del agua y se reduce el costo proyectado en casi un tercio.

No hubo litigios, no hubo multas. Hubo diálogo, transparencia y una apuesta por el interés general.

Para San José, este no es un triunfo menor. Es la certeza de que la organización civil fue escuchada y respetada. Es la convicción de que se puede gobernar sin imponer. Es la consagración de una manera de hacer política: con escucha, con memoria y con compromiso.

En Arazatí no se escuchan retroexcavadoras imaginadas; se escucha el viento. Se escucha la palabra cumplida de un Estado que eligió acompañar. Se escucha la voz de un pueblo que defendió lo suyo.

Y hoy puede decir, con justicia: valió la pena defender.