Nicolás Viera: «Escuelas libres de violencia: un compromiso impostergable».

En los últimos meses, Uruguay ha registrado reiterados episodios de violencia en centros educativos. El más reciente ocurrió en la Escuela N.º 123 del barrio Jardines del Hipódromo (Montevideo), cuando un grupo de adolescentes, incitados por la madre de una alumna, irrumpió en el local y agredió a maestras, alumnos y familiares.

El sindicato docente calificó el hecho de “brutal” y la Asociación de Maestros de Montevideo (Ademu) resolvió paros de 24 horas en todas las escuelas de la capital, primero el jueves y luego el viernes, como señal de protesta y alerta. La imagen de adultos y adolescentes golpeando a maestras y niños dentro de una escuela provoca una profunda preocupación.

Lamentablemente, no se trata de un episodio aislado, sino de una tendencia que hace tiempo debería interpelarnos. La escuela es el mayor reflejo de lo que pasa en la sociedad y en ese sentido, tampoco está excenta de violencia. 

Los paros buscan visibilizar la gravedad de estas agresiones, reclamar respuestas efectivas de las autoridades y sensibilizar a la sociedad.

Ante hechos así, el primer reclamo suele ser reforzar la seguridad pública en torno a las escuelas. La secretaria general de Ademu, Paola López, pidió mayor presencia policial tras la agresión en Jardines del Hipódromo. Es comprensible: garantizar la seguridad de docentes y estudiantes es condición básica; ninguna comunidad educativa puede funcionar bajo el miedo. Es inadmisible que maestras, niños y familias sean víctimas —o protagonistas— de hechos violentos en un espacio que debe ser protegido y respetado.

Sin embargo, quedarse solo en la respuesta punitiva o policial es insuficiente. Como señaló el presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, estos episodios expresan conflictos que algunas familias resuelven “de la peor manera”, es decir, mediante la violencia, algo que “no podemos permitir” en la escuela. Por eso afirmó que no alcanza con cuidar el interior del centro educativo: también hay que intervenir sobre las condiciones de vida de las comunidades de donde provienen los alumnos.

El propio sindicato docente reconoce este límite: “la escuela sola no puede”, dijo López, debe contar con el respaldo de políticas públicas articuladas entre distintas instituciones, que atiendan la seguridad inmediata pero también promuevan la convivencia y el abordaje de los conflictos.

Cuando la violencia irrumpe en la escuela, suele ser el reflejo de dinámicas previas: barrios con alta conflictividad, entornos familiares atravesados por carencias, problemas de salud mental, violencia territorial o doméstica. Todo eso se acumula hasta naturalizar la agresión como forma de vínculo, y la escuela queda expuesta a ese contexto.

Cuando se llega al extremo de agredir a una maestra o maestro, probablemente estemos frente a una historia de entornos violentos u otras vulneraciones que deben ser captadas y atendidas. El día después, debe ser un momento para reparar con medidas eficaces y sostenidas en el tiempo. También se debe aprender para prevenir.

En ese sentido, la coordinación entre escuelas, equipos de MIDES, INAU, y de salud es vital, en los casos en que se detectan por ejemplo indicadores de violencia intrafamiliar.   Las leyes y recursos existen: Uruguay cuenta con un robusto marco legal de protección a la niñez y contra la violencia doméstica, pero es imprescindible reforzar su implementación efectiva en los territorios.

Las respuestas a un problema complejo no pueden reducirse a medidas fáciles ni meramente reactivas. Deben asumir la violencia en todas sus dimensiones e impulsar, de manera sostenida, una cultura de diálogo, respeto y convivencia tanto dentro como fuera de las aulas.

Afortunadamente, ya existen iniciativas orientadas a mejorar la convivencia y prevenir la violencia en el sistema educativo. Quiero destacar especialmente el trabajo de los equipos técnicos de “Escuelas Disfrutables”, que brindan asistencia psicosocial y realizan actividades para recomponer el clima escolar después de episodios traumáticos. Son un recurso clave para acompañar y asesorar a los equipos docentes en momentos de crisis, por lo que resulta fundamental fortalecerlos.

Hacia un enfoque integral: convivir mejor es estar más seguros

Como legislador del Frente Amplio y maestro, reafirmo el compromiso de impulsar las acciones necesarias para que nuestras escuelas sean espacios seguros y libres de violencia, con enfoque claro en las garantías de convivencia que caracterizan a una perspectiva de derechos, eso es parte fundamental de nuestro enfoque como organización política.

En lo inmediato, deben impulsarse medidas de refuerzo de la seguridad en entornos escolares: mayor coordinación policial en los horarios de entrada y salida de los alumnos en centros educativos de contextos críticos, presencia de efectivos de la Policía Comunitaria capacitados, que trabajen de forma cercana con cada comunidad, conozcan las problemáticas y respondan rápidamente ante situaciones de riesgo.  

También proponemos crear ámbitos permanentes de diálogo y mediación en las comunidades educativas, donde dirección, docentes, familias, estudiantes y profesionales (psicólogos, trabajadores sociales) puedan detectar conflictos y acompañar la protección de derechos de las infancias. Ya existen experiencias de mediadores pares, comités de buena convivencia y proyectos socioeducativos en varias escuelas; corresponde evaluarlas, fortalecerlas y llevarlas a escala nacional. También es necesario reforzar la presencia de educadores sociales para apoyar al cuerpo docente en la detección y derivación oportuna de situaciones de violencia o maltrato, articulando con el MIDES y otros organismos para trabajar con las familias y tender puentes entre escuela, comunidad y hogar.

La formación continua de los docentes debe incluir herramientas para abordar conflictos sociales y vinculares que se expresan en la escuela.

Y es clave afirmar un mensaje como sociedad: la violencia nunca es el camino. Defender la autoridad y la seguridad en las escuelas va de la mano con promover diálogo, respeto y empatía. Cada persona —en el Parlamento, en el aula, en el barrio o en su casa— tiene responsabilidad en cortar la cadena de violencia. Niños y niñas deben aprender en paz; los docentes, enseñar sin miedo.  

En definitiva, más allá del comprensible reclamo por seguridad, necesitamos dar un paso más y sostener en el tiempo una apuesta por comunidades educativas sólidas, donde se respete al cuerpo docente y se proteja la integridad de las infancias. Los hechos recientes duelen y alarman, pero también pueden ser —como señalaron los propios docentes— un punto de inflexión para redoblar esfuerzos. Que este sacudón sirva para afirmar con hechos que la educación es un derecho y que las escuelas deben ser espacios vivos, seguros y enriquecedores. El Uruguay que aspiramos a construir es el que resuelve los conflictos con diálogo, justicia y garantías, nunca con golpes ni agresiones. Solo así honramos nuestra tradición democrática y cuidamos el presente y el futuro de las nuevas generaciones.