
En su intervención durante la interpelación por el caso Cardama, el senador Nicolás Viera lamentó el tono que dominó la sesión y cuestionó la conducta de parte de la oposición. Señaló que la convocatoria misma nació de manera errática y que incluso el inicio de la sesión se demoró porque «no había 11 senadores de la oposición para empezar esta interpelación».
Viera afirmó que esperaba un debate con más rigor y menos agravios: «No sé cuántas veces dijo el miembro interpelante que la Ministra mintió», reclamó, y agregó que también se lanzaron improperios contra el Presidente de la República. «Eso no se puede dejar pasar», insistió.
El informe de la ministra como punto de inflexión
El senador destacó la contundencia de la exposición del Ministerio de Defensa Nacional: «ha sido lapidario, contundente», dijo. Valoró que tanto el Ministerio como el Poder Ejecutivo hayan actuado desde el primer día con el objetivo de «resguardar los intereses del país, de la fuerza militar y de sus efectivos».
Viera rechazó que se intente contraponer al gobierno con las Fuerzas Armadas, recordando que la Armada Nacional no es una abstracción: «¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la Armada Nacional si no es de sus efectivos, de su familia…?». Por eso calificó de «discurso antidemocrático» cualquier planteo que intente enfrentar al Frente Amplio con la institución militar.
Un argumento que se derrumba solo
El senador sostuvo que la interpelación perdió legitimidad en el momento en que el miembro interpelante aseguró tener pruebas de presiones políticas para que Cardama no obtuviera el aval de la empresa Abitab y la prueba resultó ser un correo del propio empresario: «El miembro interpelante se transformó en el vocero de Cardama», sentenció.
Luego fue aún más directo: «¿Cómo vamos a avalar que hubo presiones políticas por lo que dice el señor Cardama?». Según Viera, el descrédito público del astillero es absoluto: «Le pregunto a cualquier ciudadano qué cree de Cardama y nada es bueno».
Un proceso que ya tenía señales de alarma
Viera recordó que las dudas sobre la compra no son nuevas ni inventadas por el actual gobierno. Señaló que en el período anterior ya se habían constatado irregularidades: sobres por fuera del expediente electrónico, papeles en cajones, información desperdigada y un proceso técnico plagado de inconsistencias. «Eso ya se constató en el período pasado, no ahora», subrayó.
También recordó que el Tribunal de Cuentas aprobó el contrato, pero con votos divididos: «hay informes en minoría que no están en línea con la mayoría».
«Justo lo que no hay: garantía»
El senador ironizó sobre uno de los argumentos usados por el interpelante, quien preguntó si había garantías para la flota: «Bueno, justo lo que no hay, la garantía, porque la garantía que presentaron es trucha».
Viera consideró ridículo interpelar a una ministra cuyo gobierno denunció el fraude y buscó resguardar al país: «Es increíble que estén interpelando a una ministra que está defendiendo los intereses del país ante un fraude».
Y agregó la línea que atravesó toda su intervención: «No hay dos lecturas: o se está con los intereses nacionales o se está con los intereses de la empresa privada que está generando el fraude».
«La arquitectura del fraude»
Para el senador, la exposición de la ministra reveló «la arquitectura del fraude» y un contrato «hecho a la medida de Cardama». Señaló que los artículos cuestionados del contrato fueron redactado por las autoridades de la administración pasada: «Yo invento la trampa y le pido a los otros que me expliquen cómo fue la trampa que inventé».
Un país convertido en financiador de una empresa
Viera afirmó que Uruguay terminó financiando el negocio de Cardama: «Uruguay le financió el negocio a Cardama», dijo, recordando que el contrato implica desembolsar hasta el 90% antes de recibir la embarcación. Y volvió a la importancia de la garantía: «No es accesorio la garantía, si no se configuraba, el contrato no entraba en vigencia».
Responsabilidades políticas: quién trajo a Cardama
El senador fue claro en distinguir las responsabilidades jurídicas de responsabilidades políticas. Afirmó que la primera acción responsable la tomó el presidente Orsi al denunciar el caso. Y apuntó contra la administración anterior: «¿Quién trajo a Cardama al Ministerio de Defensa? ¿Quién llevó a Cardama a buscar en todos los lugares del Estado uruguayo la garantía?».
Señaló que el senador García, entonces ministro, «inició el expediente» y que figuras como Galó y Martínez tuvieron participación decisiva en la redacción del contrato.
«Lo barato sale caro»
El senador concluyó destacando la contundencia técnica y política de la intervención ministerial y llamó a fortalecer los mecanismos de transparencia en las compras públicas. Reafirmó la necesidad de que Uruguay tenga OPV, pero con las reglas claras y seguridad para el país: «De una vez por todas tengamos las OPV que necesitamos, pero con un contrato serio que no siga poniendo en riesgo los pesos de los uruguayos».
En su breve respuesta posterior, dirigida al senador Bordaberry, volvió sobre las responsabilidades de la administración anterior y recordó que la aceptación de la garantía tuvo un correlato directo con el calendario electoral: «Los principales hitos se van dando uno o dos días antes de una elección…».
Viera dejó planteado que el debate ya no es técnico ni contractual, sino político: cómo se llegó hasta acá y quién debe asumir el costo de las decisiones que permitieron que el Estado uruguayo quedara atrapado en un fraude internacional.
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