La compañera Lucía Etcheverry remitió seis consultas al Ministerio del Interior para conocer, entre otros, cuál fue su financiamiento.
El Centro de Atención a Víctimas de la Violencia y el Delito integra el Ministerio del Interior y depende de forma directa del titular de la cartera.
La diputada Lucía Etcheverry envió un pedido de informes para que el Ministerio explique a cuánto asciende la financiación a este Centro en los últimos tres años. También consultó por a cuánto asciende el 10% de los ingresos salariales que perciban los privados de libertad que indica el artículo 2 de la Ley nº.19.039.
¿Cuántas intervenciones se realizaron? ¿Y de qué tipo? ¿A cuántas personas? ¿En qué zonas del país? Estas interrogantes también forman parte del pedido de informes. Por otro lado, la intención es conocer con qué herramientas cuenta el Centro en materia de salud mental dónde se ubican geográficamente.
Por último, consultó cargo, tipo de contrato, año de ingreso y lugar en el cual cumplen funciones y cuál es la formación de los integrantes del equipo del CAVID.
Finalmente, recuerda la diputada que estas mismas consultas fueron efectuadas con anterioridad por un particular. Sin embargo, el Ministerio del Interior tan solo respondió las primeras dos consultas. Y de forma parcial.
“Mi deber como ciudadano y militante político es renunciar y presentarme ante la justicia para dar todas las explicaciones”.
La historia la construyen los de abajo, con el corazón abierto para luchar contra las injusticias sin pedir nada a cambio. Los que construyen el sueño de una patria para todos.
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Por un país que cuida la seguridad y orienta los recursos del Estado a atender lo que debe atender, no para perseguir intereses políticos, expresó Yamandú Orsi.
