¿Quién debe pagar el rescate de la Caja de Profesionales?, escribe Sol Maneiro

El futuro de la Caja está en juego. En el Parlamento se debate quién debe asumir el costo de su rescate: ¿los profesionales, el Estado o la ciudadanía?

Esta legislatura comenzó con un tema urgente y complejo: la necesidad de encontrar una solución para la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU). Una necesidad impostergable; la Caja no tiene fondos sufi cientes para pagar las jubilaciones y pensiones de julio. Si no resolvemos el desequilibrio que enfrenta, en los próximos años tendrá un défi cit que se estima en miles de millones de dólares.

Aunque parezca contradictorio, el concepto tantas veces repetido de que la Caja puede quebrar no aplica exactamente en este caso. Esto se debe a que el Estado, a través de lo que dispone la Constitución, es garante del pago de jubilaciones y pensiones. Dicho de otra forma, la parte del gasto que mes a mes no pueda cubrir la CJPPU con sus fondos, lo deberá pagar el Estado. Como es fácil comprender, esto no solo representaría un perjuicio para toda la sociedad, sino que además sería profundamente injusto.

Más allá de los análisis que se puedan hacer sobre cómo se llegó a esta situación, la urgencia demanda una solución pragmática, que además sea coherente, equilibrada y justa. El Poder Ejecutivo remitió un proyecto de ley que reunía estas características, con un aporte distribuido entre profesionales en actividad, jubilados, pensionistas y aportes del Estado y la sociedad. El objetivo era claro: evitar que el costo recaiga sobre uno solo de los grupos involucrados.

Lamentablemente, luego del primer tiempo parlamentario en la Cámara de Representantes, solo el Frente Amplio acompañó esta propuesta de reparto de los esfuerzos. Ahora, en el segundo tiempo que está transcurriendo en el Senado, todo el sistema político tendrá la oportunidad de estar a la altura de una situación que trasciende lo meramente económico. Porque defi nir cómo se distribuye el esfuerzo no es solo una cuestión contable: también es debate sobre la justicia, solidaridad y responsabilidad.

Ahora bien, ¿cuáles son las alternativas que se han planteado y qué implican en la práctica?

Una de las opciones planteadas fue trasladar la solución a la sociedad, mediante una serie de aumentos extraordinarios en el valor de los timbres profesionales. Esto supondría que, cada vez que una persona necesite utilizar un servicio profesional —comprar un medicamento, hacerse un estudio médico, presentar un certifi cado contable o legal—, estaría asumiendo parte del costo del rescate. En este caso el peso recaería entonces sobre personas que, en su gran mayoría, no tienen vínculo alguno con la Caja de Profesionales.

Otra alternativa que también se planteó, fue que el Estado asuma toda la responsabilidad mediante el aporte de rentas generales. Además de la injusticia intrínseca que esto representa, implica que todo el dinero que se destine al rescate de la Caja, no se destine a otras políticas públicas clave. Dada la magnitud de los aportes necesarios, este abordaje conlleva que se comprometa buena parte de la inversión social que el Estado necesita hacer en un contexto donde tenemos desafíos más que relevantes que atender en materia de pobreza, educación, empleo, de inversión en infraestructura, entre tantas otras áreas que hoy requieren atención urgente.

La propuesta del Poder Ejecutivo plantea una solución justa y equilibrada, donde los activos y pasivos profesionales, realicen parte del esfuerzo necesario. Pero además implica que ni el Estado ni la sociedad miren para el costado, y por lo tanto se asume parte del costo del rescate. Este criterio se sustenta en la forma en que entendemos que se deben abordar temas tan complejos y relevantes para el futuro no solo de los profesionales sino de toda la sociedad. Porque lo importante no es solo el resultado, sino también cómo se construye.

Estamos ante un desafío para todo el sistema político. En un parlamento caracterizado por la ausencia de mayorías, es momento de actuar con responsabilidad y construir soluciones que sean efi cientes y equitativas. Tanto el Poder Ejecutivo como la bancada de legisladores del Frente Amplio han introducido modifi caciones al proyecto fruto de la negociación, de manera de tender puentes hacia una propuesta que sea justa. Es momento de actuar con madurez y estar a la altura del desafío que se nos plantea.

No se trata solo de rescatar una institución previsional. Se trata de responder con visión estratégica y dar una solución justa a un problema que afecta no solo a los profesionales, sino a toda la sociedad.