Sabini llamó a «no cortar puentes» en la educación pública.

El senador Sebastián Sabini cuestionó la decisión de ADEMU Montevideo de expulsar del sindicato al presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, así como a las maestras que no acataron el paro docente. La resolución, adoptada en asamblea, generó críticas dentro del propio Frente Amplio, cuyos dirigentes y legisladores manifestaron apoyo al jerarca.

En declaraciones realizadas durante una entrevista en Canal 12, Sabini definió a Caggiani como «un maestro comprometido como pocos con la educación pública y con los gurises de pies en el barro». El legislador expresó su sorpresa por la medida sindical y subrayó la trayectoria del presidente de la ANEP, a quien conoce desde la infancia. «Con Pablo no puedo ser objetivo. Jugamos a la bolita juntos. Conozco su sensibilidad, su compromiso y su aporte a las políticas educativas es clave», afirmó.

Sabini señaló que la expulsión «no es una decisión administrativa, es una decisión política», y recordó que otros sindicatos optan por otorgar licencias cuando un dirigente gremial asume cargos de gobierno. «La asamblea tiene todo el derecho del mundo, pero no le bajemos el precio: es una expulsión. Si fuera un problema de roles, eso se habría resuelto de otra forma», indicó. añadió que la señal emitida por el gremio «podría haberse evitado».

Violencia en los centros educativos y respuestas del Estado

El legislador enmarcó la discusión en las recientes situaciones de violencia registradas en escuelas y liceos, que derivaron en paros y movilizaciones docentes. Destacó que las maestras «son la primera línea del Estado en los barrios», y que frecuentemente enfrentan situaciones críticas que deben derivar a servicios de salud o a la justicia.

Sabini valoró las medidas acordadas entre la ANEP, el Ministerio del Interior y Presidencia, como el esfuerzo policial en los entornos educativos, el fortalecimiento del programa Escuelas Disfrutables, el trabajo interinstitucional permanente y la intervención de Pelota al Medio a la Esperanza en los centros afectados. «No es que el gobierno diga ´ya está´. Se acordaron medidas concretas para encauzar la convivencia», señaló.

El senador insistió en que el desafío central es «reducir la violencia y resolver los conflictos de forma pacífica», articulando políticas sociales, educativas, de salud y de seguridad en el territorio. «Tenemos una sociedad donde los conflictos se resuelven cada vez más en forma violenta, y eso nos interpela a todos», expresó.

Expulsión de maestras que no pararon

Consultado sobre la intención de sancionar o expulsar a maestras que no acataron el paro, Sabini advirtió que existen múltiples realidades que deben considerarse. «Una maestra jefa de hogar que tiene que pagar las cuentas, a veces no puede parar tres días. Eso los sindicatos lo saben», afirmó.

Señaló que es razonable que una organización gremial espere que sus afiliados acaten las resoluciones de la asamblea, pero llamó a contemplar las circunstancias personales de las trabajadoras. «A mi me gustan los sindicatos plurales, y esta medida parecería reducir esa pluralidad», sostuvo.

Discusión presupuestal y prioridades educativas

Sabini, que preside la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, también se refirió al debate presupuestal. Afirmó que se trata de un contexto «muy restrictivo», pero enfatizó que el gobierno incrementa la inversión incremental en educación en una magnitud superior a la del período anterior.

Entre las prioridades que el Frente Amplio llevará a la discusión, mencionó el fortalecimiento de las becas para estudiantes de secundaria y formación docente, la expansión de la educación terciaria en el interior, la universalización del ciclo de 3 años y la duplicación del tiempo extendido en centros de educación media mediante la construcción de 60 nuevos comedores.

Asimismo, subrayó la necesidad de destinar recursos adicionales a áreas vinculadas a la atención a víctimas, a la creación de nuevos juzgados especializados y al apoyo de organizaciones comunitarias. «Hay instituciones que trabajan con jóvenes con discapacidad y piden 100.000 pesos para poder funcionar. El Parlamento tiene que mirar esas realidades», sostuvo.

Sabini reafirmó que el foco debe estar en «cómo articulamos gobierno, sindicatos, familias y oposición para enfrentar situaciones complejas en los centros educativos». Sobre la expulsión de Caggiani, concluyó: «Me cuesta comprender la señal. Lo que precisamos hoy es otra cosa».