Sandra Lazo en el Senado: «El Estado hizo exactamente lo que estaba obligado a hacer»

Foto: Parlamento

En el interpelación por el caso Cardama, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, defendió la actuación del gobierno frente a la presunta estafa contra el Estado uruguayo, rechazó los intentos de instalar un falso choque con las Fuerzas Armadas y señaló las graves omisiones de la administración anterior en la aceptación de la garantía de fiel cumplimiento.

La ministra Sandra Lazo compareció este miércoles ante el Senado para responder a la interpelación por el llamado «caso Cardama». Desde el arranque marcó el tono de su intervención: respeto al Parlamento, defensa firme del Estado y una advertencia clara sobre lo que está realmente en juego.

«El Poder Ejecutivo, ante el escándalo mayúsculo derivado de gravísimos indicios de irregularidades, únicamente dispuso lo que por derecho está obligado a hacer: dar noticia al sistema judicial penal e iniciar todas las acciones para proteger y resarcir a la República Oriental del Uruguay».

¿Qué se discute en el fondo?

Lazo cuestionó el sentido político de la interpelación, señalando que no se está juzgando a un gobierno que mira para el costado, sino a un Estado que reaccionó ante una estafa.

Planteó una pregunta central: ¿Se pretendía que el Estado siguiera adelante «como si nada» con un contrato millonario, sabiendo que la garantía de fiel cumplimiento presentaba gravísimas irregularidades? ¿O que no se denunciara penalmente un entramado de falsedades y documentos espurios que dejaron al país sin la cobertura prevista en el propio contrato?

La ministra fue tajante: «Nada de lo dispuesto por el Poder Ejecutivo atenta contra el Estado de derecho, ni contra la seguridad jurídica. Al contrario: es lo que un Estado serio tiene que hacer cuando lo intentan estafar».

Soberanía sí, chantaje político no

Uno de los ejes más duros de la polémica ha sido el intento de presentar acciones del gobierno como contrarias a la soberanía nacional, por afectar la compra de las patrulleras oceánicas (OPV) para la Armada Nacional. Frente a esto, Lazo reafirmó que nadie en el gobierno ni en el Frente Amplio cuestiona la imperiosa necesidad de contar con medios navales para controlar el amplio espacio marítimo uruguayo y rechazó que se use la legítima preocupación por la pesca ilegal o el narcotráfico como excusa para encubrir una mala gestión anterior.

«En este debate político no hay un sector que encarne en exclusiva la defensa de la soberanía nacional, y otro que esté en contra. Es impertinente pretender asignar a este gobierno un designio contrario a las Fuerzas Armadas».

La ministra advirtió, además, que es «institucionalmente peligroso» intentar generar un enfrentamiento artificial entre el mando superior del Estado y las Fuerzas Armadas solo para defender una gestión pasada «notoriamente reprochable».

Un fraude anunciado… y tolerado

Tras la introducción, Lazo presentó una minuciosa cronología del contrato firmado en diciembre de 2023 con el astillero español Cardama S. A por 82.7 millones de euros, para la contrucción de dos buques OPV. En ese marco, señaló que el contrato obligaba a Cardama a constituir dos garantías (reembolso y fiel cumplimiento) en 45 días, esa garantía de fiel cumplimiento era condición para la entrada en vigor del contrato, sin embargo, a través de una sucesión de prórrogas «expresas o tácitas» y «absolutamente inmotivadas», la administración anterior toleró que el proceso se estirara casi 11 meses, hasta noviembre de 2024.

En ese lapso se sucedieron propuestas fallidas de garantías de empresas sin antecedentes claros, el Banco Central del Uruguay advirtió que no tenía información financiera ni calificaciones de riesgo sobre varias de ellas y se recomendó contar con asesoramiento técnico especializado… que nunca fue contratado.

La ministra fue contundente respecto al comportamiento de la adminsitración anterior: «con toda franqueza, es muy difícil pensar en hacer las cosas peor. No estamos juzgando con el diario del lunes, sino lo que se sabía mientras se tomaban las decisiones».

Una garantía «de papel» y documentos falsificados

El punto crítico del relato se concentra en la supuesta garantía de fiel cumplimiento emitida por EuroCommerce: se aceptó un aval que no era a primer requerimiento, como exigía el contrato, debilitando el derecho del Estado, la vigencia era de solo 365 días, cuando el contrato exigía que la garantía cubriera toda la construcción y 12 meses posteriores a la entrega de los buques, y no se verificó adecuadamente la solvencia, reputación ni la propia existencia real de la entidad emisora.

Cuando el actual gobierno decide ejecutar la garantía, al no renovarse en tiempo y forma, se encienden todas las alarmas. El embajador uruguayo en el Reino Unido constata que el domicilio de la supuesta entidad corresponde en realidad a una empresa inmobiliaria, informes de un estudio británico muestran que EuroCommerce no funciona como banco, no tiene empleados ni actividad económica real y está en proceso de disolución forzosa. Además, el sitio web de la firma contiene datos falsos, imágenes copiadas de otros bancos y hasta un número de teléfono que remite a otra institución financiera.

A esto se le suma algo aún más grave: los documentos notariales usados para «legitimar» la representación de EuroCommerce resultaron ser falsos. Un notario español concluyó que las actas atrbuídas al notario Luis Calagui de Leiva son copias falsificadas, con numeraciones imposibles y una estructura que revela un armado burdo de documentos. «El falsificador fue extremadamente torpe en su obrar y presentó ante el Estado uruguayo un documento que, a simple vista, denotaba su origen esupurio», resumió Lazo sobre el informe.

Pese a estas señales, dichos documentos fueron aceptados en su momento por autoridades y y funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional.

Renovar lo que no existe

La escena final, narrada por Lazo, roza lo grotesco: el 22 de octubre de 2025, minutos antes de la conferencia de prensa en Torre Ejecutiva, llega al correo oficial de la ministra un mail de Francisco Cardama con la «renovación» del aval, ¿El contenido? La misma garantía de EuroCommerce, con la misma dirección, sello y firma, pese a que la empresa se encuentra en proceso de disolución. Un peritaje del Ministerio del Interior confirma que el documento no es la digitalización de un papel firmado, sino un archivo armado electrónicamente a partir de distintos fragmentos.

¿Qué hizo el gobierno?

Ante este panorama, el Poder Ejecutivo aprobó la resolución 114, del 22 de octubre de 2025, que ordena iniciar acciones civiles, penales y administrativas en Uruguay y en el exterior, busca la protección y eventual resarcimiento de la República Oriental del Uruguay y no dispone automáticamente la rescisión unilateral del contrato, pero deja abierta esa posibilidad si es lo más conveniente para el interés general.

La ministra recalcó que el gobierno trabaja con estudios jurídicos especializados en Reino Unido, España y Uruguay, entre ellos la catedrática de Derecho Administrativo Cristina Vázquez, para definir la mejor estrategia: «Nos desvela encontrar una solución que minimice el daño causado por el incumplimiento y que, al mismo tiempo, nos permita avanzar en la construcción de los buques que el país necesita para ejercer su soberanía».

El mensaje final de Lazo apuntó a despejar la contradicción falsa en la que algunos quieren encerrar el debate: defender la soberanía no es aceptar cualquier contrato a cualquier precio, respetar la seguridad jurídica no es mirar para otro lado cuando se presenta una garantía fraudulenta y cuidar las Fuerzas Armadas es también cuidar la seriedad de los contratos que las comprometen.

Y sobre todo, dejó claro que la interpelación no va a mover al gobierno del eje que se trazó: defender al Estado uruguayo frente a una estafa y exigir responsabilidades donde corresponda.