Sandra Lazo: «Esto no es una cuestión de política, sino de proteger los intereses del Estado».

El gobierno uruguayo resolvió rescindir el contrato con el astillero español Cardama, responsable de la cosntrucción de dos patrulleros oceánicos (OPV) para la Armada Nacional, tras detectar irregularidades que podrían constituir un intento de estafa al Estado. La Ministra de Defensa, Sandra Lazo, explicó que la decisión responde a la necesidad de proteger los recursos públicos y garantizar la seguridad jurídica y téncnica del país.

En entrevista con «Desaynos informales» (Canal 12), Lazo detalló: «Para nosotros no tiene que ver solamente con una cuestión de plazos o de porcentajes, sino con la seguridad de los efectivos y el cumplimiento de las normas técnicas. No tenemos certeza de que lo que se está construyendo cumpla con los estándares«.

La Ministra explicó que las inspecciones realizadas por enviados de la Armada y los informes técnicos recibidos revelaron que el avance de la construcción del primer patrullero no alcanzaba el 60% del total, como se había informado previamente. Adempas, los plazos habían sido prorrogados en varias oportunidades. «Hasta donde llega la información que tenemos, no está construído en ese porcentaje, y los plazos han sido prorrogados una y otra vez», afirmó Lazo en Canal 12.

En diálogo con «Nada que perder» (M24), Lazo agregó un detalle clave sobre la garantía financiera: «No pudimos constatar la existencia real de la entidad que emitió la garantía ni su capacidad para respaldar la operación. Esto es clave porque pone en riesgo los recursos públicos y nos obliga a tomar decisiones inmediatas«.

Según la Minsitra, la situación detectada generó que se activaran los mecanismos de resceción previstos en el contrato y se iniciaran acciones civiles y penales. En M24, Lazo enfatizó: «Esto no es una cuesión de política, sino de proteger los intereses del Estado. Tenemos al obligación de verificar cada contrato y garantizar que los recursos del país estén resguardados.»

El contrato, firmado durante la administración anterior, preveía la construcción de dos patrulleros por un monto de 80 millones de euros. Hasta entonces, Cardama había facturado alrededor de ocho millones de euros anuales, por lo que este acuerdo representaba el contrato más grande de la historia de la empresa. Según Lazo, esto hacía aún más crítico asegurarse de que las garantías financieras y técnicas estuvieran correctamente respaldadas.

En relación con los aspectos técnicos, la Ministra explicó que la Armada detectó inconsistencias en la documentación de los materiales y en los plazos de entrega: «Al revisar el proyecto, vimos que muchos de los informes presentados por el astillero no coincidían con lo que realmente se estaba construyendo. Por eso, decidimos frenar el contrato y hacer todas las verificaciones necesarias«, señaló en Canal 12.

Lazo subrayó que la decisión de rescindir el contrato también busca enviar un mensaje claro sobre la transparencia y el cumplimiento de la normativa en la contratación pública: «No podemos permitir que se ponga en riesgo la seguridad de nuestros efectivos o los recursos del Estado. Este gobierno actuó como debía: suspendió el contrato, verificó la información y tomó medidas preventivas«, dijo a M24.

La Ministra concluyó destacando que el proceso de investigación continuará y que se evaluará si existieron irregularidades en la administración anterior o posibles complicidades.