Seamos profesionales

Sin equilibrio en el esfuerzo, el costo lo paga la ciudadanía. La reforma de la Caja exige una salida justa y compartida. Escribe Sol Maneiro.

La reforma de la Caja de Profesionales es un asunto que va más allá de un simple proyecto legislativo: incide directamente en la vida de miles de profesionales activos, jubilados y pensionistas, y también impacta en el conjunto de la sociedad uruguaya. No estamos solo ante una discusión financiera, sino ante una oportunidad para demostrar compromiso y sentido de justicia.

Desde el inicio de este proceso sostuvimos que la única manera de encontrar una salida viable y duradera era mediante un esfuerzo compartido entre todos los actores implicados: profesionales activos, jubilados, pensionistas y también el Estado. Esta convicción se basa en la evidencia de que la situación financiera de la Caja es crítica y requiere medidas urgentes, coherentes, equilibradas y justas, evitando trasladar el peso a un solo grupo.

Durante semanas trabajamos intensamente en la comisión especial parlamentaria creada para analizar este tema. Fue un proceso arduo en el que se analizaron múltiples propuestas y sugerencias de diversos colectivos y representantes de la sociedad civil. Promovimos el diálogo, realizamos ajustes y buscamos consensos que respondieran con seriedad al desafío que enfrentamos. Escuchamos con atención todas las voces con la certeza de que, si todos deben ser parte de la solución, todos deben participar de su elaboración.

Lamentablemente, en la instancia final de votación en la Cámara de Diputados, solo los votos del Frente Amplio no fueron suficientes para aprobar un reparto justo entre los implicados. Este hecho representa un serio retroceso en el camino hacia una solución integral. Si esta situación no se revierte en el Senado, las consecuencias serán negativas no solo para los afiliados a la Caja, sino para todos los uruguayos.

Porque lo que está en juego es claro: si no se aprueba una ley con un equilibrio justo en el esfuerzo, será la población la que deba asumir el costo de sostener la Caja. Esto podría traducirse en menos recursos del Estado disponibles para áreas esenciales como seguridad, salud, educación, vivienda o políticas sociales.

Estamos hablando del uso de fondos públicos que son limitados. Cada peso destinado a cubrir un déficit sin una salida equitativa es un recurso que se deja de invertir en resolver problemas urgentes que afectan a toda la ciudadanía. No es un debate técnico: es una decisión política con impactos concretos en la vida cotidiana de la gente.

Nuestro compromiso como bancada del Frente Amplio es claro: defender una alternativa que sea sostenible y justa, sin imponer cargas desmedidas a los sectores involucrados. Queremos una ciudadanía informada, porque solo así se puede exigir con fuerza y legitimidad que la política actúe con coherencia.

Esta discusión no es únicamente sobre balances y números, es una discusión ética sobre cómo construimos acuerdos sociales en momentos de crisis. Y sobre cómo decidimos repartir los esfuerzos entre los distintos sectores de nuestra comunidad.

La reforma de la Caja debe ser una respuesta solidaria y compartida. No puede recaer exclusivamente sobre los hombros de la ciudadanía. No puede convertirse en otro ejemplo de decisiones injustas tomadas sin pensar en las consecuencias a largo plazo.

Este es el momento de actuar con madurez. De demostrar que somos capaces de construir caminos que combinen eficiencia con equidad. Sí, la Caja debe sostenerse, pero no a cualquier precio. Porque lo importante no es solo el resultado, sino también cómo se construye. La salida debe reflejar los valores que decimos defender: compromiso, coherencia y solidaridad.

Seamos profesionales. Estemos a la altura de este desafío.