«Tati» Sabini: el mercado regulado del cannabis y sus desafíos

La experiencia que ha realizado Uruguay en los ultimos años puede servir de insumo para combatir al crimen organizado, y es que la existencia de los mercados de drogas ilegales es una invitación de lujo para éste y ha sido la plataforma desde la cual se ha volcado a otras actividades delictivas como la trata de personas, la venta de armas, secusestros o la extorsión. La política de regulacion del cannabis, con sus desafíos, claroscuros y tropiezos, ha sido tremendamente exitosa en reducir sustantivamente el mercado negro de marihuana redireccionando recursos a un mercado legal a tiempo que ha derribado los mitos que la circundaban la regulación: iba a traer expolsión de consumo de cannabis y de todas las drogas y eso iba a ocurrir de manera incontenible. Hoy que cada vez más sufrimos las consecuencias más nefastas del crimen organizado, no mirar con detenimiento lo que se puede lograr regulando mercados de drogas, para profundizar y despenalizar la mayoría de sus actividades, sería una irresponsabilidad, porque la realidad le ganó al miedo.

Este viernes acompañamos la presentación del informe que da cuenta de la investigación sobre el estado actual del funcionamiento del mercado legal del cannabis, política pública pionera viabilizada a partir de la Ley 19.172. Elaborado por el Observatorio Uruguayo de Drogas de la Secretaría Nacional de Drogas, esta segunda evaluación de la implementación de la referida norma, es un gran aporte para analizar el desarrollo, funcionamiento y desafíos actuales que presenta la regulación del mercado cannábico. Celebramos en primer lugar la seriedad sostenida en la implementación de esta apuesta política y el hecho de contar de forma sistemática con producción de información seria y de calidad que nos permita tener una mirada retrospectiva del fenómeno para evaluarlo y seguir adelante tomando decisiones fundadas en una base sólida. Se ha convertido en una política de Estado, y mirando los no pocos debates precedentes, no es un asunto menor.

Recordemos que la decisión de regular la producción y venta del cannabis fue motivada por fuertes preocupaciones del entonces gobierno del Frente Amplio ante la situación que el país vivía en materia de seguridad, en directa relación con el avance del consumo de pasta base y el consecuente impacto social que todos conocemos. Las reacciones ante la propuesta en el momento fueron muy adversas y, si bien no impidieron que el proyecto se haga realidad, sí condicionaron el diseño final de la regulación y el carácter sobre regulado del modelo. Este informe, realizado a once años de la aprobación de la ley y a ocho de los inicios de su implementación efectiva, ofrece relevantes conclusiones sobre el impacto de la regulación del cannabis tanto en materia de seguridad como en relación con los pros y contras del tipo de regulación vigente. Se mantienen vigentes algunos de los problemas de usuarios de cannabis con la ley y además se han generado espacios grises que aún no se han resuelto definitivamente.

Lo primero que queremos rescatar de la evaluación realizada es que muestra que en materia de salud pública no se han identificado efectos negativos relacionados con la regulación del cannabis ya que los indicadores de consumo problemático vinculados a la sustancia han permanecido estables a lo largo del tiempo y no se han registrado aumentos de emergencias toxicológicas generadas por su consumo. Esto deja en evidencia que la legalización del mercado del cannabis lejos de traer consigo los mil males que en su momento auguraron los detractores de la medida, viejos defensores del positivismo que tanto mal nos ha hecho, ha generado un marco general de consumo responsable y seguro para nuestra población.  

Mitigados los cucos, destacamos que los datos presentados en el informe muestran que hemos logrado consolidar un mercado regulado que muestra una expansión sostenida de sus vías legales de acceso: el 46% de los consumidores de cannabis se encuentra registrado y mantiene su consumo de forma regulada. El correlato de esto nos da cuenta del éxito de la medida en relación con sus objetivos iniciales al constatarse una drástica caída del consumo de cannabis prensado, que era el suministrado por el narcotráfico clásico pasando de ser la principal modalidad de consumo en 2014 a representar solamente el 6,7% diez años después. Según la investigación realizada, este cambio en la modalidad de consumo tiene su sostén en la disponibilidad que actualmente tienen los canales legales, la estabilidad relativa del precio del cannabis regulado y el aumento de la percepción de seguridad y calidad de los consumidores que acceden a la sustancia por estas vías. No obstante, la alerta que nos presentan es que pese a los logros destacados seguimos conviviendo con la existencia de un mercado gris no completamente regulado que proviene de cultivadores no registrados y de intercambios informales. Aunque las características de este mercado informal parecen ser distintas a las del narcotráfico tradicional, suponiendo por tanto un menor riesgo criminal, entendemos que es sintomático de los límites que está encontrando la expansión del mercado regulado y, por tanto, de aspectos en los que deberemos concentrarnos especialmente para apuntalar su expansión.

En relación con esto, en el informe encontramos también indicios de aspectos a mejorar, y es prioritario hacer foco en ellos. La forma de regulación que nuestro país adoptó como punto de partida supuso el establecimiento de un modelo estatal de control que estipula la exclusividad de tres vías de acceso para el consumo del cannabis: cultivo doméstico, clubes de producción que establecen la obligatoriedad de la membresía, y venta en farmacias. También estableció límites fijos como topes de consumo y el registro obligatorio para todo aquel que quiera ingresar al mercado de consumo legal además de otras medidas orientadas a garantizar la calidad del producto y el control sobre las distintas instancias de producción y venta. Parecería ser que esta misma modalidad regulatoria, acertada para la etapa inicial de la política pública, es la que hoy en día está generando rigideces que entorpecen su expansión.

El informe refiere a varias restricciones estructurales al propio sistema de regulación tal como ha sido diseñado hasta el momento entendiéndose como eventuales frenos al fortalecimiento del mercado regulado en la actualidad. Estas son: problemas de abastecimiento de farmacias; rigideces normativas que afectan a la capacidad de respuesta del actual sistema ante necesidades de consumidores; brechas de acceso en algunas zonas del país; persistencia de algunas dificultades en materia de coordinación institucional. Factores a tener en cuenta para revisar y seguir profundizando en la línea de desplazar aún más al mercado ilegal. Por ejemplo, se informa que al mes de diciembre de 2024 se comercializaron a través de farmacias aproximadamente 15 toneladas de cannabis, sin embargo, el mercado potencial de venta por esa vía sería del doble del volumen vendido hasta el momento si se mejorara la distribución y se mantiene de forma permanente la oferta de variedades demandadas por los usuarios del sistema.

Sabemos que hay limitantes políticas importantes en el parlamento para hacer cambios legislativos, sin embargo, a la luz de estas experiencias parece necesario establecer cambios. En primer lugar es necesario desregular los aspectos relativos a los registros de usuarios,  salvo los clubes, el resto no se justifican desde el punto de vista de la libertad individual y la seguridad del sistema. En segundo lugar, ampliar el número de socios, esto ya lo hemos presentado en el periodo pasado, creo que estamos lejos de obtener acuerdos. El acceso a los turistas y no residentes también parece un punto clave a resolver, afortunadamente este elemento no está en la ley. Por último, creo que habría que avanzar en despenalizar todas las actividades relativas al cannabis, esto supone un debate con gran parte de la sociedad. También presentamos en el periodo pasado un proyecto que iba en este sentido, sabemos que en diputados se está trabajando con un proyecto que toca estos aspectos pero la verdad debería abarcar otros asuntos igualmente preocupantes que hoy se penan con la cárcel y carece de fundamento porque no son ni un riesgo para la sociedad ni un apoyo al crimen organizado.

En suma, entendemos que el informe sobre Regulación del mercado de cannabis en Uruguay nos muestra que hemos avanzado en reducción de daños, en ampliación de un acceso seguro de la población consumidora de cannabis, en disminuir la criminalización en torno a la sustancia y, por tanto, en restar algo de espacio al narcotráfico. Pero también nos confronta con algunos desafíos indicando que algunos ajustes debemos hacer para seguir fortaleciendo la eficacia y capacidad de respuesta al acceso seguro.

Nota publicada en Montevideo Portal