Sin empleo, subsidio ni cobro de adeudos tras el cierre de Casa de Galicia, un proyecto de ley otorga soluciones parciales a los derechos de los trabajadores.
Profesionales de la salud, así como técnicos y funcionarios, tienen sus ingresos afectados luego del cierre de la institución y muchos no consiguieron empleo, recordó el compañero Daniel Caggiani. Por este tema, fue presentado un proyecto de ley que hoy permitiría el cobro de hasta 609.000 pesos en un plazo de 180 días.
Además, el proyecto habilita el acceso a ASSE en 180 días para quienes aún no cuentan con empleo. Por otro lado, las mutualistas que no incorporaron a sus plantillas a trabajadores de la bolsa de empleo podrían ser sancionados, en el marco de la vigente ley que organizó el cierre de la mutualista.
Recordó el legislador que en 2022 las mutualistas incorporarían no solamente a los socios de la ex Casa de Galicia, también a los trabajadores. Pero esto no sucedió con todos, por esto Caggiani dijo que los legisladores fueron burlados de su buena fe. Se terminan los subsidios, no pueden cobrar sus adeudos y no encuentran trabajo.
El senador Caggiani subrayó que los trabajadores de Casa de Galicia fueron víctimas de esta situación. Muchos de los empleados y empleadas ya no cobran el subsidio y, al menos, con este proyecto accederán a percibir un ingreso.
El estado uruguayo es responsable, hay derechos adquiridos que, si no se pagan ahora, se deberán abonar más adelante. La ley es justa y necesaria, entiende Caggiani y así lo expresó a la prensa. Cierra parcialmente un ciclo y otorga una seguridad que hoy ellos no tienen. Sin empleo, subsidio ni deudas cobradas, este proyecto de ley otorga una protección a este conjunto de trabajadores, destacó.
“No hay nadie que esté en contra salvo el presidente de la República aparentemente”, dijo el senador Daniel Caggiani.
La casa de la democracia no pudo debatir los ribetes políticos del caso Marset impedido por el voto del oficialismo, cuando su tarea es discutir la conducta de sus gobernantes.
Oscuras horas atraviesa la república tras conocerse que el aparato estatal fue utilizado para perseguir a las víctimas del caso Penadés y espiar legisladores.
La Comisión Técnica Mixta fue tomada como una intendencia paralela y generar así una plataforma electoral, indicó el compañero.
Ahora es la Comisión Administradora del Río Uruguay la que presenta datos preocupantes en el ingreso de militantes oficialistas.
El poder de compra de los salarios en la actualidad está un 2% por debajo del poder adquisitivo de 2019, recordó Daniel Caggiani.