Durante la legislatura pasada, junto con Federico Preve, actual diputado; y Adriana Arosteguiberry, actual contadora General de la Nación; nos dedicamos a seguir la gestión de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).
Fue una preocupación constante en mi trabajo parlamentario, no solo por la magnitud de los recursos que maneja dicha institución, sino por todo lo que representa: el acceso a la salud para cientos de miles de compatriotas, que dependen exclusivamente del sistema público. En numerosas ocasiones advertimos sobre deficiencias estructurales, falta de controles y decisiones administrativas que comprometían la eficiencia y transparencia de la gestión.
Uno de los problemas más notorios ―y reiteradamente denunciados ― fue la falta de medicamentos en los centros asistenciales de ASSE de todo el país, pero con especial crudeza en el interior. Esta situación no era esporádica ni menor: afectaba de forma directa la calidad del servicio y, sobre todo, ponía en riesgo la salud de los usuarios más vulnerables. En cada instancia parlamentaria en la que tuvimos la oportunidad, advertimos sobre este problema, solicitamos explicaciones y exigimos soluciones.
Era evidente, para quien lo quisiera ver, que la situación de ASSE venía muy mal. Las denuncias sobre falta de medicamentos, la escasa transparencia en la información, los problemas de gestión y las señales que daban los propios usuarios del sistema eran contundentes. Por eso, la reciente publicación del informe de la Auditoría Interna de la Nación (AIN) sobre ASSE, no hace otra cosa que confirmar todo lo que veníamos denunciando: que la administración de ASSE ha incurrido en prácticas irregulares, falta de controles y un manejo deficiente de los recursos públicos que deben estar destinados a garantizar el derecho a la salud.
De la auditoría surgen algunas novedades que dan cuenta de la gravedad de la situación. Existen, entre otras cosas, gastos comprometidos sin crédito disponible, apartamientos normativos en la planificación de compras y una alarmante falta de controles internos. Resulta increíble que, en una institución clave para la salud pública de nuestro país, se detecten deudas sin crédito que, a setiembre de 2024, ascendían a más de 2400 millones de pesos uruguayos (aproximadamente 58,5 millones de dólares). De esta forma, los que hablaban de «desidia y poco apego» se quedaron sin discurso por sus propias acciones.
Del informe surge, además, la ausencia de mecanismos adecuados para identificar oportunamente las necesidades de las distintas unidades ejecutoras. Todo esto ha llevado a contrataciones ineficientes y, en muchos casos, al incumplimiento de normativas vigentes. Esta falta de previsión y control no solo afecta las finanzas de ASSE, sino que también repercute negativamente en la disponibilidad de insumos y servicios esenciales para los usuarios.
Si tendrán trabajo las autoridades que asumirán en ASSE, quienes desde el día uno deberán encargarse de lidiar con una de las peores herencias de la anterior administración. La salud de nuestra población no puede estar supeditada a gestiones negligentes ni a la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos. Se requiere una revisión exhaustiva de los procesos internos, la implementación de controles efectivos y una rendición de cuentas clara y periódica.
La confianza de la ciudadanía en las instituciones se construye con acciones concretas y con una gestión responsable de los recursos. ASSE tiene la obligación moral y legal de garantizar que cada peso invertido en salud se traduzca en beneficios reales para la población, especialmente para aquellos que dependen exclusivamente del sistema público. Ese es el gran desafío.
Charles Carrera Leal
Dirigente político del MPP y Frente Amplio
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